Turquía legaliza la censura digital

Pertrechando a la desesperada diques de contención para evitar que su trona quede inundada por los escándalos de corrupción, el primer ministro, Tayyip Erdogan, ha echado sus fauces sobre internet. Ante la servidumbre mediática, a los turcos no les había quedado otra que tirar de la red para conocer la realidad. Pero dentro de poco, esto podría acabarse. Ankara dio luz verde anoche a la acta legislativa 5651 que, incrustada en una ley ómnibus que facilitó su aprobación, legaliza la censura digital total.

“Ya nos quejábamos bastante con la ley anterior de 2007. Con ella, hemos calculado que se han cerrado cerca de 40.000 páginas webs”, explica Ali Rıza Keleş, rodeado de cachivaches del triásico computacional, en el taller y sede Alternatif Bilişim Derneği (Asociación de Informáticos Alternativos). “La diferencia –prosigue– es que, con la reglamentación que viene, se amplía el abanico de motivos para bloquear un contenido en internet”.

En Turquía, tradicionalmente, se han censurado páginas vinculadas con el espinoso conflicto kurdo. No sólo webs que elogian la lucha armada de la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), sino hasta el acceso al sitio de la agencia de noticias kurda Fırat está cortado. Otro elemento que incita a Ankara a bloquear un contenido son las críticas a ‘Atatürk’, fundador de Turquía. Insultarle puede conllevar pena de cárcel. No menos polémico fue el cierre, por críticas desde círculos religiosos, de una página sobre la teoría evolutiva de Darwin.

El objetivo de la reforma es generar un Guantánamo informativo para impedir que la población turca conozca una versión diferente de los hechos que la oficial. La ofensiva ya estaba vencida en la prensa escrita, televisión y radio, terrenos donde las empresas informativas habían sucumbido a amenazas y multas constantes, o bien acabado en manos de círculos cercanos al Gobierno.

Este intrincado contexto forzó el salto de los usuarios a internet. Empezaron a proliferar medios alternativos como Bianet, T24 u OdaTV. El grupo de hacktivistas Redhack inició una campaña de filtración de supuestos documentos confidenciales del Estado. Según un estudio de la empresa Konda, durante las protestas por el parque estambulita de Gezi del verano pasado el 77,6% de los manifestantes se informaron de lo ocurrido por la red. Turquía sigue en el top cinco mundial en cuanto a suscritos en Twitter y Facebook.

Y llegó la persecución. Varios periodistas de OdaTV fueron encarcelados acusados de golpismo, algo que Reporteros Sin Fronteras calificó de “absurdo”. Más de treinta tuiteros fueron detenidos en junio por sus críticas al Gobierno en 140 caracteres. En enero, el juez bloqueó Vagus.tv justificando actuar preventivamente en vistas a la aprobación de la nueva norma. Muchos internautas creen que no será el último medio al que le pongan la mordaza.

En el curso de las manifestaciones, Erdogan tachó a Twitter de “amenaza social”. Su entonces ministro de Comunicaciones, Binali Yildirim, exigió a los propietarios de esta red social la apertura de una oficina nacional que se “ajuste a las leyes de Turquía”, al igual que habían hecho Facebook y Google, y así atarles en corto.

El informe de transparencia del primer semestre de 2013 de Google, uno de los motores de búsqueda más consultados del mundo, arroja datos demoledores sobre Turquía. El Gobierno de Erdogan hizo 1.126 peticiones para retirar elementos incómodos del buscador y servicios asociados. El número de intentonas de censura fue un 966% mayor respecto al periodo de cuenta anterior.

Ali Rıza Keleş integra una entidad de ‘freaks’ de la informática enfundados en trajes de activista. Son abogados, periodistas, profesores e ingenieros que un día organizan un seminario sobre software libre y a la semana siguiente llevan ante la Justicia el último filtro virtual, creado por el Gobierno, con la excusa de “proteger a la familia y a los niños”. Más allá, alardean de haber ganado un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –Ahmet Yıldırım contra Turquía– que ahora recobra importancia.

Ahmet, un estudiante que utilizaba un espacio en Google Sites para alojar su trabajo académico, vio cómo de la noche a la mañana las autoridades turcas cerraban su página. No era culpa suya, sino de un tercer usuario que había sido acusado por el juez de “insultar al fundador de Turquía” –delito penado con cárcel– y cuya web estaba también en Google Sites. Al no poder cerrar el sitio crítico, tumbaron todo el servicio de hospedaje.

Pese a que Estrasburgo dio la razón a Yıldırım y a Alternatif Bilişim Derneği, la Administración no ha cesado en la censura de brocha gorda. Ante la dificultad de lograr que una empresa extranjera restrinja directamente los contenidos a petición de las autoridades, el Gobierno ha optado por derribar todo un sitio a capón, de forma temporal, como medida de presión para que en el futuro sean las compañías las que se autocensuren.

Y de esta manera, un vídeo con críticas a Atatürk desembocó, en 2007, en el cierre temporal de todo YouTube. Desde su reapertura, un algoritmo impuesto por la Administración evita que ciertos contenidos molestos para Ankara puedan ser vistos por los usuarios turcos. Dos años después, la página del periódico El Mundo era clausurada unos meses por publicar un vídeo de contenido sexual sobre el entonces jefe de la oposición local. Bambuser, un clásico de la emisión en streaming de protestas, no existe en el abecedario de la red turca.

En el último mes, Vimeo ha sido bloqueado durante unos días por permitir que se colgara un vídeo erótico en el que aparece el hijo de Erdogan, Bilal. SoundCloud tampoco se ha salvado. Bastó que un usuario desconocido subiera los audios de unas conversaciones comprometedoras entre el primer ministro y su hija, supuestamente vinculadas a los escándalos de corrupción aflorados en Turquía, para que la página quedara fuera de juego.

“Más que la nueva ley, nos preocupa la norma que ha imperado hasta ahora”, confiesa a eldiario.es Serhat Koç, abogado de la división turca del Partido Pirata (Korsan Partisi). “Para restringir un derecho, es necesario respetar los principios de proporcionalidad y moderación. Cerrar una web, presumiblemente con el objetivo de proteger los derechos de ciertas personas, no se puede resolver coartando el derecho a la información de miles más”.

Para Serhat Koç, la incipiente legislación es una vuelta de turca respecto la anterior, recuerda, “ya declarada inconstitucional por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. “Lo más peligroso en mi opinión es que, a partir de ahora, el mismo presidente de la Autoridad en Tecnologías de la Información y la Comunicación –el BTK, dependiente del Estado– podrá tomar la decisión unilateral de cerrar cualquier contenido”.

La nueva norma, que sólo está pendiente de ser sancionada por el presidente de Turquía, permitirá a un juez cerrar una página web en menos de 24 horas y sin juicio ordinario. En casos de supuesta violación de privacidad, el BTK podrá clausurar por decisión propia cualquier sitio. Cuando un sitio web rechace eliminar un contenido solicitado en 72 horas, el BTK lo hará.

“Hay muchos aspectos que siguen sin estar claros”, critica Ali Rıza Keleş. Preocupa el marco que tipifica los crímenes incluidos en el ‘delito de odio’, una de las recurrentes excusas del Gobierno para ejercer la censura, también en el mundo analógico. Generalmente, se ha considerado en enaltecimiento kurdo e incluso formas de odio.

Tras la aprobación, a finales de 2013, del supuesto paquete de medidas democratizadoras impulsado por Erdogan, la discriminación por orientación sexual quedó fuera de los supuestos punibles. En cambio, se aumentó la pena por crímenes como la blasfemia.

Entre los cierres exprés y la falta de claridad de la Justicia, denuncian las asociaciones de internautas, la nueva ley dificultará la investigación exhaustiva del contenido crítico y se dará alas a la arbitrariedad de las autoridades, normalmente poco doctas en cuestiones relativas a la internet.

“Debido a la futura ausencia de decisiones judiciales, los usuarios ni siquiera podremos conocer el motivo del cierre de las páginas”, subraya Keleş. “Hasta ahora, al intentar acceder a una web, un mensaje en la pantalla nos indicaba la sentencia que la había clausurado. Ahora, simplemente el contenido solicitado no se cargará, lo que inducirá a la duda constante de saber si el sitio está sólo caído o censurado por el Gobierno”.

Otro de los puntos críticos será la cooperación forzosa de las teleoperadoras, que cooperarán con la mordaza política practicando el bloqueo de URL. “Con la ley anterior, bastaba un cambio de DNS para evitar la censura”, recuerda Keleş. “Pero con las nuevas reglas, las empresas de telecomunicaciones no sólo se encargarán de bloquear las IP y URL solicitadas, sino también deberán rastrear y notificar a la BTK la actividad de los usuarios que estén intentando usar sistemas para evadir la censura”, como proxies.

“Si Turquía fuese un estado democrático, podríamos esperar que algunos de los operadores contradijera al Gobierno y respetara los derechos humanos”, musita Serhat Koç. “Pero ¿qué van a hacer? Son esclavos de sus intereses económicos. En Turquía no hay libertad de empresa en internet. No hay un mercado libre. Todas las operadoras dependen de Türk Telekom –empresa dependiente del Estado– y del Gobierno”.

El activista de Alternatif Bilişim Derneği advierte del uso del sistema DPI –Deep Packet Inspection– para controlar detalladamente el tráfico de datos en la internet turca. “Turquía autorizó el ejercicio de esta actividad a una empresa dedicada al DPI, llamada Phorm, a la que en su momento denunciamos. La actividad de esta compañía, que monitoriza y vende datos sobre usuarios, ha sido suspendida en Europa y algunos países americanos. Aquí, al contrario, el Gobierno tomó represalias con las teleoperadoras que criticaron su actividad”.

El hoy ministro de Comunicaciones, Lütfi Elvan, no ha cesado en asegurar que en Occidente las leyes sobre la internet se asemejan a las que prepara en su país. El gabinete no deja de escudarse en el derecho a la intimidad y el respeto a la privacidad para justificar sus planes restrictivos.

“El Gobierno sólo busca defender su privacidad, no la del resto”, insiste Koç. “Busca evitar, por ejemplo, la publicación de documentos secretos”, relata, recordando la documentación sacada a la luz hace siete meses por Redhack, que vinculaba al yihadismo con el doble coche bomba de la villa de Reyhanli de cuya autoría Erdogan acusó a Siria. “Si la publicación de ciertos documentos beneficia al público, no debería ser crimen exponerlos”.

Los turcos ya dieron su opinión en las calles, y fue ensordecedora. El 18 de enero, miles de personas tomaron la céntrica calle Istiklal de Estambul al grito de “Internet dokunma” (no toques mi internet) y con mensajes cargados de sarcasmo como “Sólo te falta censurar mi cerebro”. La policía, como en tantas otras convocatorias callejeras, cargó brutalmente con agua a presión, gas lacrimógeno y compuestos químicos irritantes.

A fin de preparar a la sociedad para el funesto escenario que se avecina, el Partido Pirata ya instruye en seminarios abiertos sobre qué herramientas usar para protegerse de la monitorización. Recomiendan el acceso a VPN –redes privadas virtuales, una forma de eludir los bloqueos– y el uso de la red TOR –un conocido sistema basado en proxies en red–, y proponen el cifrado tanto de los datos en los ordenadores, con programas como TrueCrypt, como la codificación de emails con PGP.

Al mismo tiempo, el Partido Pirata suma esfuerzos para desarrollar la red Meshnet. Este proyecto, consistente en una red alternativa de comunicación cifrada sin empresas intermediarias, es una de las esperanzas de los activistas para el futuro de la internet en el país.

“En países como Irán, China o Arabia Saudí, los internautas recurren a las VPN”, relata Keleş. “Pero aquí no hay esa costumbre”, matiza el informático. “Por lo tanto, al menos al principio, el internauta turco se verá obligado a autocensurarse”. No obstante, hay esperanza. “Quizás acabemos encontrando formas alternativas de comunicarnos con el resto del mundo”, dice, con la mirada iluminada. “Se podrán hallar formas de hacer las cosas distintas”.

“Nos esperan tiempos difíciles”, continúa el informático alternativo. “A cada cierre de una web le seguirá una denuncia en los tribunales. Realmente, creo que el Gobierno sólo busca un remedio temporal para evitar que se sepan los embrollos personales actuales. Tengo la impresión de que ni siquiera Erdogan sabe dónde se está metiendo”.