El pasado 27 de marzo, Aziza Mahmoudi, esposa de un periodista que había cubierto las manifestaciones del movimiento opositor Barakat, en Argel, fue agredida en su domicilio por tres personas vestidas de civil, que se cree eran miembros de las fuerzas de seguridad. Al parecer, los agresores la amenazaron a punta de pistola, le exigieron que su esposo dejara de criticar a las autoridades en Facebook y le provocaron quemadas de segundo nivel arrojándole agua hirviendo.
El caso ejemplifica el contexto previo a las elecciones presidenciales del próximo 17 de abril, en las que el presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999, aspira a obtener un cuarto mandato. Como expone un nuevo informe de Amnistía Internacional, la sociedad civil argelina es objeto de restricciones a sus libertades más fundamentales, en un país en el que las fuerzas de seguridad continúan operando con una impunidad casi absoluta.
Las de este jueves serán las cuartas elecciones en Argelia desde el fin del conflicto armado de la década de 1990, durante el que, según datos oficiales, murieron unas 200.000 personas manos de las fuerzas de seguridad, las milicias vinculadas al estado y los grupos armados de oposición. Aunque en 2011, en el marco de una “Primavera Árabe” que tuvo menos efecto en Argelia que en otros países, se levantó el estado de emergencia tras 21 años de vigencia, las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación siguen en el orden del día.
De esta forma, las autoridades han prohibido de forma regular y han dispersado por la fuerza manifestaciones pacíficas, un hecho que contraviene los principios básicos de unas elecciones libres. Los medios de comunicación privados también han sido objeto de persecución, como puso en evidencia en marzo la redada de las fuerzas de seguridad a Al-Atlas TV, canal de televisión privado en cuyos programas se había criticado a las autoridades. Posteriormente la emisora fue cerrada y obligada a cortar sus emisiones. En virtud de la legislación vigente, mientras que los medios de comunicación pública tienen licencia plena, los medios privados disponen de licencias temporales, que pueden ser revocadas sin apenas aviso.
La Ley 12-06 de asociaciones, aprobada en 2012, establece restricciones severas a las organizaciones de la sociedad civil, en lo que atañe a sus objetivos y actividades, al permitir al gobierno prohibir la inscripción de asociaciones que se considere que ataquen los “valores nacionales”, el orden público o la “moralidad” y suspender o disolver a organizaciones que se considere afecten a asuntos internos del país. En la práctica, esta normativa ha reforzado la tendencia de las autoridades a impedir las actividades de las ONG que trabajan en cuestiones sensibles, como aquellas que denuncian las desapariciones forzadas del conflicto de la década de 1990.
El acoso a las iniciativas de la sociedad civil también se hace patente para quienes denuncian la situación socioeconómica del país. Pese a que Argelia es un territorio rico en gas y petróleo, son frecuentes las protestas por la situación de pobreza, el paro, la discriminación en el acceso a las viviendas de protección oficial y los casos de corrupción. En este contexto, varios activistas de los derechos económicos y sociales y miembros de sindicatos han sido juzgados en los últimos años por su participación en protestas y manifestaciones pacíficas.
Otro de los tristes legados del conflicto se refiere a la violencia contra las mujeres. Un decreto gubernamental del pasado mes de febrero otorga una compensación económica a las mujeres que fueron víctimas de violación por parte de miembros de grupos armados en esa época, hecho que da respuesta a una petición reiterada de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, la violencia contra las mujeres continúa siendo habitual, sin que las autoridades tomen medidas adecuadas al respecto: falta una ley específica contra este fenómeno, y el Código Penal no define adecuadamente el delito de violación. Asimismo, la legislación en materia de familia discrimina a la mujer en cuestiones como el divorcio, la custodia de los hijos o la herencia.
La impunidad de que gozan los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, reforzada por las medidas de amnistía impulsadas por el gobierno de Bouteflika a principios de la pasada década, es todavía una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. Es habitual la detención prolongada en lugares secretos y en régimen de incomunicación de personas sospechosas de vínculos con el terrorismo, una situación que posibilita la tortura y las desapariciones forzosas. Tal es el caso, por ejemplo, de varios ciudadanos argelinos devueltos por las autoridades estadounidenses desde la base de Guantánamo.
A pesar de las frecuentes denuncias y recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, estos casos no suelen ser investigados. Tampoco lo han sido los acontecimientos de la planta de gas de Amenas, en enero de 2013, en los que una toma de rehenes por parte de un grupo islamista terminó, tras la intervención de las fuerzas armadas, con la muerte de 40 trabajadores y 29 captores. El historial de las fuerzas de seguridad tampoco ha sido óbice para que países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido hayan reforzado sus acuerdos de seguridad con Argelia.
Estas preocupaciones se ven agravadas por la negativa de las autoridades argelinas a permitir el acceso al país de los expertos de la ONU, como el relator especial sobre tortura y malos tratos o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que lo han pedido de forma reiterada. A ONG internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional se les viene negando la entrada a Argelia desde hace años. Haciendo gala de la misma opacidad, hasta día de hoy tampoco se han concedido visados a varios periodistas extranjeros que han solicitado acceder al país para informar de las próximas elecciones.
De esta forma, las autoridades argelinas continúan cortando de raíz cualquier intento de ponerlas en entredicho, a ellas o a su historial. La creciente represión de los últimos tiempos también parece prometer pocos cambios para el periodo postelectoral.
Sobre este blog
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