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La ley del embudo

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Quiroga comparte la indignación de las víctimas y confía en la derrota de ETA

Una de las muchas ventajas de vivir en democracia es que el organismo gubernativo encargado de mirar por el cumplimiento de la ley ya no se llama ministerio de Gracia y Justicia, en el que se anteponía la discrecionalidad de la gracia a la búsqueda de la Justicia. Ahora, superada la Edad Media (que terminó en España en 1978) parece que la tendencia es aplicar la letra de la Ley, a todos los justiciables por igual y nunca con carácter retroactivo. Aunque los reos sean criminales de la peor especie, como los etarras que van a salir de la cárcel una vez cumplida la sentencia que se les impuso por asesinar a tantas criaturitas y dejar inválidas de cuerpo y alma a muchas más.

Y no lo digo por salvarles a ellos, sino por salvarnos a nosotros mismos, que mucho nos ha costado llegar hasta aquí para que la Brunete mediática, la Brunete judicial o la acorazada Brunete propiamente dicha decidan a voluntad cuál debe ser el castigo a imponer en cada caso. Que si por ellos fuera, además de reinstaurar la pena de muerte, también estarían penadas las huelgas, las manifestaciones públicas y hasta los pensamientos impuros. Y mucho más quienes osaran quemar una bandera (de España, por supuesto) o se atrevieran a denunciar que en el PP se lo llevan crudo, como ya le ha pasado al juez Garzón.

Para nosotros lo agudo

Y especial cuidado deberíamos tener los andaluces, que aquí lo de la Gracia y la Justicia (gracia para la derecha, Justicia para la izquierda) ya se está pareciendo peligrosamente a la Ley del embudo, que para ellos lo ancho y para nosotros lo agudo. Y si no, ahí tenemos el caso de la ex alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por desviar fondos del Plan E a pagar los sueldos de los empleados del Ayuntamiento. El mismo caso sucedió en La Línea, con una diferencia: el alcalde era del PP, por lo que el Estado ha aceptado un cómodo plan de pago para desfacer el entuerto.

Por no hablar de Magdalena Álvarez, ex consejera y ex ministra, imputada en el caso de los ERE por no darse cuenta de que unos chorizos del PSOE también se lo estaban llevando calentito, y a la que el ministro de Economía quiere echar de su puesto en el Banco Europeo de Inversiones por ser una presunta. Igualito que lo que está haciendo el PP con una decena de sus parlamentarios valencianos -todos aforrados- a los que mantiene en su puesto a pesar de estar imputados e incluso juzgados. O con el inefable Juan Martín Serón, al que despidió en olor de multitudes (efectivamente, olía a podrido) tras ser condenado por ladrón, prometiéndole que dentro de un año volverá a ocupar su puesto como alcalde de Alhaurín.

Todo ello sin ir más lejos, que si vamos, ahí tenemos al Gobierno de Rajoy, que insiste en aplicar la Ley de Amnistía cuando se trata de perseguir a los torturadores franquistas. Una ley de punto final que se convierte en Ley de punto y seguido cuando indulta a policías condenados por torturas, que una hostia bien dada hasta nos puede venir bien. Muy poca gracia y mucha menos Justicia.

Aunque me gustaría -y a ustedes también- aplicar las leyes de forma más dolorosa para los etarras y aboliría algunas otras que me afectan de manera especial (sobre todo la ley de la gravedad),  debo tener cuidado con mis deseos, no vaya a ser que un día me dé por hacerle un gesto obsceno a la estatua al fascismo que hay en Granada y acaben aplicándome la doctrina Parot. O la doctrina del padre Ripalda, que no sé qué sería peor.

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