El pasado 12 de agosto Pedro Menéndez, periodista y colaborador de Diagonal en Asturias, fue detenido mientras cubría una concentración antitaurina. Tras el juicio celebrado el 7 y 14 de mayo, la jueza ha desestimado los cargos de atentado contra la autoridad que la fiscalía pedía para el periodista. La magistrada se ha limitado a imponer a Menéndez una falta por alteración del orden público con sanción de 180, además de una multa de 180 euros por lesiones a un agente policial. Esta pena de 360 euros queda muy lejos de la petición de año y medio de cárcel por delito de atentado contra la autoridad y la multa de 720 euros por lesiones a un agente policial que pedía la fiscalía.

Esta resolución coincide con la detención y puesta en libertad con cargos de los fotógrafos Raúl Capín y Adolfo Luján, acusados del mismo delito que Menéndez, atentado contra la autoridad.

Para Menéndez, que ha pasado por numerosos medios como La Voz de Asturias, Radio del Principado de Asturias, Atlántica XXII, El Faro o la Edición del Sur de Ceuta, esta concentración antitaurina no era sino una manifestación como cualquier otra. Sin embargo, ese día, mediar entre su compañera de profesión y un agente, le costó su detención.

El perfil del contribuyente que está afiliado a un partido político es el de una renta alta, de entre 30.000 y 60.000 euros que se deduce una cuota anual media de 165 euros. Esta es la radiografía que arrojan las estadísticas de la Agencia Tributaria que con datos del año 2010 desgranan qué tipo de contribuyentes declararon haber pagado la cuota de afiliación a un partido político para poder obtener un beneficio fiscal.

El perfil del contribuyente militante es especialmente singular si tenemos en cuenta que la renta más habitual en España está entre los 12.000 y 21.000 euros de ingresos anuales. Así, solo un 18,5% de las declaraciones de la renta que se presentaron en 2010 declararon ingresos superiores a los 30.000 euros. Pese a ser muchos menos en proporción, los militantes con alto poder adquisitivo son mayoría. Así, más del 46% de los que marcaron la casilla 616 de afiliación a un partido político tienen unos ingresos anuales superiores a los 30.000 euros.

Según explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Luis Ramiro Fernández, los estudios indican que en la participación política hay un sesgo hacia la población con más recursos (educación, ingresos y estatus socioeconómico). Sin embargo, el bajo grado de afiliación en España ha hecho casi imposible indicar con certeza si hay una correlación entre el nivel de ingresos y la querencia por la militancia.

Al menos 20 mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas entre 2010 y 2012, 19 a manos de hombres y una por una mujer, según una investigación llevada a cabo por Feminicidio.net, un portal especializado en la documentación del feminicidio en España. En su informe clasifican 17 de estos asesinatos como "feminicidios por prostitución" (14 cometidos por los clientes), y dos de ellos como "feminicidios íntimos", perpetrados por sus parejas. Sin embargo, solo uno de estos casos está contemplado en las estadísticas oficiales de violencia de género.

"Estos casos no están asumidos como un problema de violencia de género, como sí sucede en otros países, sobre todo en América Latina. La prostitución está tan asumida en la sociedad y en la cultura tradicional, que no se cuestiona su consumo ni se ven estos casos desde la visión de la violencia de género", dice Graciela Atencio, coordinadora del informe y directora de Feminicidio.net. La investigación pretende visibilizar este tipo de feminicidios y denunciar el tratamiento "amarillista" que se les da cuando sí llegan a los medios de comunicación.

"En la mayoría de los feminicidios por prostitución cometidos por hombres y registrados, los asesinos tuvieron un ensañamiento brutal con el cuerpo de las víctimas y en todos los casos ellas se enfrentaron a ese momento del final en un estado de vulnerabilidad social y/o legal", dice el informe, que considera que estos casos son tan solo "la punta del iceberg".

Lo dice La ley de Igualdad. Lo dice el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial. Lo sugiere la Constitución. Pero no se cumple. La Justicia es uno de los estamentos que peor incorpora los criterios de igualdad: ni el Tribunal Constitucional, ni el Supremo, ni la Audiencia Nacional, ni las provinciales, ni el Juzgado de lo Mercantil llegan al mínimo de 40% de mujeres entre sus magistrados.

En cualquier administración del Estado, en cualquier organismo público, los órganos colegiados deben tener un equilibrio entre hombres y mujeres. Dice la ley que eso supone que "las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento". Este espíritu está reforzado por el  Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, que tiene por objetivo "promover la remoción del déficit de presencia equilibrada de mujeres" específicamente en el ámbito judicial.

La comparación de los escraches con el nazismo pronunciada en varias ocasiones por la número dos de Mariano Rajoy ha provocado las críticas de otros partidos, pero tampoco ha gustado a los representantes de comunidades judías en España. María Dolores de Cospedal no considera que sus palabras constituyan violencia verbal ni siquiera que sean una exageración, pero expertos en el Holocausto las tachan de "muy incorrectas".

El doctor Mario Sinay es especialista en pedagogía del Holocausto. Trabajó durante varios años en Yad Vashem (el museo del Holocausto en Jerusalén) y ahora asesora sobre el tema a varios gobiernos latinoamericanos. Considera que con este tipo de declaraciones se banaliza el nazismo "cien por cien".

Sinay no defiende el escrache pero reitera que "no es en absoluto comparable con el nazismo": "El movimiento nazi fue un régimen criminal y asesino, que acabó con la vida de 55 millones de personas y trajo el desastre mundial, por lo que no es comparable", asegura en una conversación con eldiario.es. Sinay responde que a Cospedal le diría que "tiene que estudiar historia" y ser un poco más "seria" a la hora de hacer este tipo de afirmaciones.

Tener un trabajo y estar en riesgo de exclusión social ya no es una paradoja. La devaluación salarial, la subida de precios, la pérdida de poder adquisitivo, el empeoramiento de los servicios públicos, y los trabajos precarios han hecho que crezca el número de personas que, a pesar de tener un empleo, rozan la pobreza. Durante los primeros años de crisis, la llamada tasa de pobreza laboral pasó del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012, según un estudio de la Fundación Alternativas sobre la desigualdad en España.

"La pobreza laboral en España es alta en términos comparados, no porque haya individuos, empleos y hogares que tienen mayores probabilidades de caer en esa situación, sino porque hay rasgos del mercado de trabajo español y del sistema de protección social que incrementan esos riesgos", dice el estudio. La alta temporalidad y la poca incidencia de las prestaciones sociales a la hora de paliar las situaciones de exclusión social son los dos factores claves que aumentan el riesgo de pobreza laboral.

Tasa de pobreza laboral según la edad

José Luis Olivas, expresidente de la Generalidad Valenciana y exdirigente de Bancaja, tiene muchas explicaciones que dar. Por ahora, la Audiencia Nacional ya ha recogido su testimonio ante el fiasco de la salida a bolsa de Bankia, pero el político del Partido Popular aún se tendrá que enfrentar a lo tribunales por vaciar el Banco de Valencia, una entidad que según el ministro de Economía, Luis de Guindos, es el resumen "de todas las cosas mal hechas" de este país. A la espera de rendir cuentas por este caso, Olivas declaró ya sobre su implicación en las misteriosas cuentas de Bankia, la sociedad matriz que absorbió Bancaja, que pasaron en unos días de arrojar beneficios a dar pérdidas y sobre la decisión de sacar a bolsa la entidad. Como otros protagonistas llamados a declarar en este caso, Olivas le ha echó toda la culpa al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Un paso más allá, Olivas le insinuó al juez durante la declaración que el gobernador prácticamente le había coaccionado, por medio a represalias en el ejercicio de la supervisión, para fusionar Bancaja con Caja Madrid. En su declaración, el exresponsable de Bancaja deja entrever que la entidad no tenía problemas y que estos afloraron tras el proces de integración. Olivas, explica también su relación con Rodrigo Rato, con sus "momentos mejores y peores" y reconoce ante el tribunal que en 2011 cobró 656.000 euros en el desempeño de sus tres cargos en la entidad. Esta es la transcripción íntegra de su declaración.

Fiscal.- ¿Nos puede decir cuál es su formación académica?

José Luis Olivas.-  Soy abogado, aunque ahora no ejerzo, y he ocupado diversos cargos. Por ejemplo he sido teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, vicepresidente, presidente de la Generalitat, presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, presidente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presidente del Instituto Valenciano de Estadística y he sido también presidente de Bancaja y consejero de algunas empresas que cotizan en el Ibex35.