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Pablo Castaño Tierno

He estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la universidad Carlos III. Soy activista de la Oficina Precaria y de Podemos, hago el máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el máster de Acceso a la Abogacía de la UNED.

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Parecidos y diferencias entre Nuit Debout y el 15M

Desde la primera Nuit Debout el pasado 31 de marzo se han multiplicado las referencias al “15M francés” y a los “indignados franceses”. Estas etiquetas transmiten la idea de que el movimiento francés es una mera copia del nuestro, y es cierto que entre ambos movimientos hay similitudes pero también importantes diferencias.

Ambos movimientos comenzaron con la ocupación de una plaza céntrica de la capital -Sol en Madrid y République en París- después de una manifestación. En Madrid fue la marcha convocada el 15 de mayo de 2011 por el colectivo Democracia Real Ya; en París la ocupación de République comenzó tras la huelga general del 31 de marzo y la multitudinaria manifestación convocada por sindicatos y otras organizaciones sociales contra la reforma laboral del gobierno socialista de François Hollande. Tanto el 15M como Nuit Debout se extendieron pronto a otras ciudades; en Francia ya se celebran asambleas en más de cincuenta localidades, y en ambos casos se produjeron réplicas en otros países. Otro elemento en común del surgimiento de ambos movimientos es que sus primeros pasos fueron impulsados por un reducido grupo de personas pero su éxito fue bastante inesperado. Si en el caso español fue el colectivo Democracia Real Ya el que convocó la manifestación del 15 de mayo, en Francia todo empezó el pasado 23 de febrero, cuando el equipo de redacción de la revista Fakir, convocó una reunión para responder a la pregunta “¿Cómo darles miedo?”. El objetivo era buscar la manera de unir las luchas sociales dispersas que han surgido en Francia en los últimos meses (contra la construcción de un aeropuerto en la zona protegida de Notre-Dame des Landes, la represión sufrida por sindicalistas y el estado de emergencia, entre otras). Tras la reunión, a la que acudieron cientos de militantes de diversas organizaciones, un pequeño grupo de personas de diversas procedencias se reunió en un bar muy cerca de la plaza de République. Ahí se puso el germen del colectivo Convergencia de Luchas, que convocó la Nuit Debout del 31 de marzo.

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El cambio politico (también) llega al Reino Unido

La elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista ha sido la mayor transformación de la política británica desde hace décadas: uno de los dos grandes partidos está dirigido por un histórico activista por los derechos sociales y por la paz, que rechaza tajantemente la siniestra herencia del llamado “Nuevo Laborismo” de Tony Blair. La sorprendente victoria de Corbyn frente a los candidatos del 'establishment' laborista ha sido posible gracias a una masiva movilización ciudadana, en la que se mezcla gente de su generación (tiene 66 años) y jóvenes politizados en las movilizaciones contra la austeridad, ansiosos por unirse a los aires de cambio político que se respiran en otros países de Europa. La gran mayoría de la militancia laborista apoya el proyecto de Corbyn, pero el grupo parlamentario sigue dominado por los herederos de Blair, que en muchos casos se niegan a aceptar que su partido ha cambiado y ellos han envejecido de repente, como decía El Roto en una brillante viñeta.

Esta compleja situación ha quedado patente en la votación en el Parlamento de la propuesta del Gobierno de David Cameron de bombardear posiciones de Daesh en Siria. Corbyn, miembro destacado de la coalición ciudadana “Stop the War”, se oponía a los bombardeos, argumentando que es imposible evitar que mueran civiles y que la única forma de terminar la guerra en Siria y destruir a Daesh es un proceso de paz. Unos días antes de la votación, la dirección laborista hizo una consulta por internet sobre qué postura deberían adoptar respecto a los bombardeos; respondieron más de cien mil personas, de las cuales más del 70% apoyaron la postura de Corbyn.

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Nos gobierna Volkswagen

El fraude de Volkswagen, que trucó millones de coches durante años para esquivar los límites legales de emisiones de dióxido de nitrógeno, podría haber causado la muerte de más de 10.000 personas, según Greenpeace. Hasta ahora, el escándalo ha tenido dos consecuencias: la primera, el director de la multinacional ha dimitido con una indemnización de 29 millones de euros. Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido aumentar un 50% el nivel máximo de emisiones de dióxido de nitrógeno bajo la presión de un grupo de gobiernos amigos de los fabricantes de coches, entre los que destacan el español, el alemán, el francés y el italiano. La excusa es que hasta ahora los tests de contaminación no se hacían en condiciones reales de conducción, por lo que el resultado era inferior a la cantidad de gases que los vehículos emiten realmente, y a partir de ahora se supone que se van a hacer tests de verdad. En resumen, nunca se han cumplido las normas europeas que limitan las emisiones de este gas y, en vez de garantizar que a partir de ahora se cumplan, los gobiernos europeos han decidido cambiar las reglas para que las empresas fabricantes no se tengan que gastar ni un céntimo en hacer motores menos contaminantes. Nada sorprendente teniendo en cuenta que la Comisión Europea conocía el fraude generalizado desde hace al menos dos años y no hizo nada para evitarlo.

El nuevo presidente ejecutivo de Volkswagen ha amenazado con despidos masivos para hacer frente a la crisis de la compañía. Nuestro ministro de Industria, José Manuel Soria, ha caído de lleno en el chantaje y ya ha anunciado que le concederá más ayudas públicas a la empresa alemana, y no parece que tenga intención de hacerle devolver los millones de euros que le regalamos a Volkswagen a través del plan PIVE, como dijo en un primer momento. Como siempre que una empresa comete algún atropello -probable delito- contra el medio ambiente y contra la salud pública, se plantea el dilema entre empleo o protección del medio ambiente, según el cual imponerle a una gran empresa las sanciones que merece implica necesariamente despidos masivos.

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Grecia, el TTIP y el fin del PSOE

No, no voy a vaticinar la desaparición del PSOE en los próximos meses o años, como les gusta hacer a algunos politólogos aficionados a las profecías impactantes, ni siquiera su caída en la irrelevancia (la famosa “pasokización”). Pero sí tengo claro que el Partido Socialista ha dejado definitivamente de ser una alternativa política al PP, como muestran sus últimos posicionamientos respecto a Grecia y el tratado de libre comercio ( TTIP) que negocian en secreto la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

La postura del PSOE sobre el TTIP quedó clara el pasado 8 de julio, cuando sus eurodiputados votaron junto al resto de socialdemócratas, conservadores y liberales europeos a favor del mecanismo de arbitraje entre empresas multinacionales y Estados que incluye el borrador de Tratado. El compromiso de la socialdemocracia europea con el TTIP es tan firme que la ponencia del acuerdo votado por el Parlamento fue redactada por el socialista Bernd Lange. Como explica el eurodiputado Ernest Urtasun, “ el mecanismo de arbitraje que prevé el TTIP supone la creación de tribunales privados donde los inversores podrán denunciar a los estados si consideran que una inversión realizada se ve afectada, por ejemplo, por un cambio legislativo”. Aunque en el documento aprobado por el Parlamento Europeo se abre la posibilidad de que los Estados designen a los jueces, Estados Unidos exige que los tribunales sean privados, por lo que probablemente acabe imponiéndose este modelo. Esto significa que cualquier legislación laboral, ambiental o de otro tipo adoptada por un país de la Unión Europea se vería amenazada por la posibilidad de que una empresa considere que perjudica sus intereses y que un tribunal (compuesto en muchos casos por árbitros provenientes de empresas multinacionales) le dé la razón, obligando al Estado a cambiar sus leyes. Resulta particularmente sorprendente que el PSOE, que se presenta en España como el partido defensor del Estado del bienestar y la transparencia en la gestión pública, rechazase incluir en el informe votado una relación de servicios públicos que no pueden ser privatizados en ningún caso y el levantamiento del secreto de las negociaciones, como cuenta la eurodiputada Lola Sánchez. No se me ocurre mejor muestra de la hipocresía en la que está instalado el partido de Pedro Sánchez y la poca credibilidad que merecen sus discursos contra los recortes del Partido Popular.

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Presupuestos participativos, mujeres y clases populares

El nuevo Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto convertir la participación ciudadana en una de las prioridades de su mandato. Uno de los principales proyectos de la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Pablo Soto, es la creación de un presupuesto participativo en la capital. Este mecanismo, que se ha implantado en cientos de ciudades de países como Brasil, Francia, Portugal o España, consiste en que una parte del presupuesto del Ayuntamiento se asigna a proyectos decididos directamente por la ciudadanía en asambleas populares.

Los presupuestos participativos suponen una oportunidad para acercar la gestión pública de la ciudad a sus habitantes y garantizar que el Ayuntamiento atiende a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía. El plan del gobierno municipal de Manuela Carmena es un presupuesto participativo que incluya entre el 5 o el 15% del total. Aunque no parece demasiado, hay que tener en cuenta que más de las tres cuartas partes del gasto de un Ayuntamiento se dedica a la gestión (pago a proveedores, salarios, etcétera), por lo que en principio sólo es susceptible de gestión directa el presupuesto de inversión.

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La opción política de una élite despiadada

El 19 de marzo de 2011, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó por teléfono a Jean Ping, antiguo ministro de asuntos exteriores de Gabón, para advertirle de que la OTAN iba a bombardear Libia. El día siguiente estaba previsto que Ping y otros dirigentes africanos viajasen a Libia para mediar entre el gobierno del dictador Gadafi y la oposición para llegar a un acuerdo de paz que detuviese la guerra civil y garantizase una transición democrática. Lo que vino después de los bombardeos de la OTAN ya lo sabemos: acabó la dictadura de Gadafi pero con ella se derrumbó el Estado libio y el país quedó en una situación de permanente guerra civil que dura hasta hoy, provocando la huida de decenas miles de personas. Son muchos de los que mueren tratando de llegar a Italia. Otros escapan de otras guerras, de regímenes represivos a menudo apoyados por los gobiernos occidentales o de la pobreza causada por un orden mundial profundamente injusto. Pero todos se ven obligados a jugarse la vida en barcos destartalados porque la política migratoria europea impide llegar de forma legal y segura.

El pasado 23 de abril se celebró una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, poco después de que miles de personas se ahogaran frente a las costas italianas en el peor naufragio que se recuerda. Una de las propuestas de la Comisión Europea para ese encuentro era que los Estados de la Unión se comprometiesen a acoger a 5000 refugiados al año. Cinco mil en toda Europa. En Turquía hay actualmente dos millones de refugiados sirios y en Líbano, un país con menos habitantes que Madrid, un millón. Pues bien, los presidentes europeos se negaron a comprometerse ni siquiera con esa ridícula cifra. También se negaron a financiar una verdadera operación de salvamento marítimo. David Cameron, el primer ministro británico, ofreció un barco y un helicóptero para reforzar los sobrepasados equipos italianos de rescate, pero con la condición de que las personas a las que salvasen se quedasen en Italia ¡Nada de llevarlos a Reino Unido! Eso sí, todos los dirigentes expresaron su horror ante la situación (un “espectáculo horrendo”, decía nuestro ministro Margallo mientras votaba no hacer nada para evitarlo) y guardaron un minuto de silencio por sus víctimas.

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Tres consecuencias de las primarias de Podemos

El pasado uno de abril se proclamaron las candidatas y candidatos de Podemos a las elecciones autonómicas de mayo. Es la última etapa de un largo proceso de primarias internas en el nuevo partido, que comenzó con la Asamblea Ciudadana “Sí se puede” de otoño, en la que las personas inscritas en la web de Podemos eligieron el modelo organizativo y los cargos internos estatales del partido. Después se celebró el proceso de constitución municipal y autonómico y las primarias para formar la lista que se presentó a las pasadas elecciones andaluzas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un partido elige mediante primarias tanto sus candidaturas electorales como las personas que ocupan los cargos internos de la organización e incluso sus Estatutos. Además, las primarias de Podemos están abiertas a toda la ciudadanía, es decir, puede participar cualquier persona que se inscriba en la web de la organización. Más del 70% de los votantes del PP y más del 80% de los del PSOE querrían que sus partidos también eligiesen a sus candidatos mediante primarias abiertas a militantes y simpatizantes, pero las cúpulas de ambas organizaciones no parecen estar por la labor. Más allá de los resultados concretos de cada votación, se pueden señalar tres efectos que las primarias de Podemos han tenido sobre la política española.

Primero, se ha puesto una gran atención pública y mediática en el funcionamiento interno de los partidos, unas instituciones que, pese a tener carácter semipúblico porque desempeñan un papel fundamental en el sistema político democrático, hasta ahora han estado muy poco reguladas legalmnete y en general han sido opacas. Recordemos que uno de los elementos principales de la crisis política que estalló en 2011 era (y es) la enorme desconfianza de la mayoría de la población en los políticos y en los partidos. Podemos ha tomado la arriesgada decisión de crear una estructura partidista innovadora, en la que las primarias son la norma. Sin duda hay elementos criticables en las dinámicas creadas en los últimos meses dentro del partido, pero es innegable que el mero hecho de innovar en la organización interna ha puesto en el centro del debate político la necesidad de que los partidos tengan un funcionamiento democrático, principio olvidado en las últimas décadas a pesar de que está plasmado en la Constitución.

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El Derecho penal contra la democracia

La aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal es un ataque a la democracia. Una de las medidas más escandalosas del nuevo Código Penal es la cadena perpetua, encubierta bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”. Pero hay otras, como la eliminación de las faltas penales, que reduce las garantías procesales de las personas acusadas de infracciones leves como las relacionadas con el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación. En otras palabras, la reforma penal y la Ley de Seguridad ciudadana son dos piezas complementarias del sistema represivo que está construyendo el gobierno del Partido Popular.

Nunca antes en democracia se había llegado a este nivel de represión de la protesta y la disidencia. Lo que no es nuevo es la utilización propagandística de la política penal y de seguridad ciudadana, conocida como “populismo punitivo”. El gobierno de Mariano Rajoy está haciendo lo mismo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobiernan: utilizan el Derecho penal como un instrumento propagandístico, aprobando reformas penales innecesarias con la intención de distraer la atención de la opinión pública de temas incómodos, como el paro, la corrupción o la pobreza.

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Los hombres y el feminismo

Se acerca el 8 de marzo y los hombres progresistas se revuelven en sus asientos. Decirse feminista se ha convertido en requisito indispensable para cualquiera que esté en un movimiento social o partido de izquierdas, por lo que se supone que el Día de la Mujer es motivo de celebración y movilización. Lo que pasa es que hay muchos que no se lo acaban de creer; muchos hombres se contentan con introducir en sus intervenciones públicas y sus conversaciones algún comentario en el que muestran su preocupación por los problemas de las mujeres. Y ya está. Por eso hacen falta  argumentos para convencer a los hombres de que se impliquen de forma más intensa en las luchas de las mujeres. Se me ocurren dos: que a los hombres también nos conviene vivir en una sociedad más igualitaria y que nuestro compromiso es imprescindible para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres

Es cierto que los hombres obtenemos enormes beneficios de la desigualdad de género: ganamos más dinero trabajando lo mismo (o menos) que las mujeres, accedemos más fácilmente a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad, sufrimos menos violencia, la gente nos hace más caso cuando hablamos aunque digamos tonterías... Estas son realidades tan profundamente injustas que ningún hombre decente se alegrará de ellas, pero además la desigualdad también nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, se penaliza socialmente que los hombres cuiden a sus hijos o a otros familiares. El permiso de paternidad que existe en España es raquítico; dos semanas de descanso cuando tenemos o adoptamos un niño y de vuelta al trabajo. Más de un millón y medio de hombres lo han disfrutado desde que se implantó en 2007, el 85% de los padres. Parece que, a pesar de las fuerza de los prejuicios y los incentivos legales y económicos que favorecen que las mujeres se ocupen del trabajo doméstico y de cuidados, los hombres también quieren cuidar. El ejemplo de Islandia, donde cada progenitor tiene cinco meses de permiso que no se pueden transferir al otro, muestra cómo la igualación de permisos favorece la erosión de los roles de género, ya que los padres que han tenido más tiempo para cuidar de sus hijos recién nacidos o adoptados también los cuidan más durante el resto de sus vidas.

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España, ese paraíso homosexual

Hace unas semanas, una pareja de adolescentes  fue expulsada de un Burger King de Madrid por el encargado de seguridad del establecimiento, atendiendo la petición de unas familias muy respetables que consideraban que unos chicos besándose eran un mal ejemplo para los niños allí presentes. A pesar de las protestas de varias personas, que defendieron a la pareja, el jefe de seguridad los echó a la calle. Unos días después, un grupo de neonazis  le dio una paliza a otra pareja como castigo por estar sentados en un banco cogidos de la mano. Son solo dos ejemplos de los numerosos casos de agresiones verbales o físicas sufridas por personas LGTB en los últimos meses en varios lugares de nuestro país. En 2013 se denunciaron en España  452 delitos homófobos o transfóbicos, más aún que delitos racistas o xenófobos. Esta cifra es solo “la punta del iceberg” de las agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, según la Federación Estatal de LGTB (FELGTB). La mayoría de las veces las víctimas no denuncian, por miedo, por considerarlo inútil o por la  falta de sensibilidad de la policía ante este tipo de delitos. Pero los ataques violentos son solamente la manifestación más brutal de una discriminación que sigue existiendo en todos los ámbitos de la vida: en la calle, en las familias, en el sistema educativo o en el trabajo. Según un informe de la asociación COGAM, dos tercios de los alumnos y alumnas pertenecientes a minorías sexuales1 han sufrido algún tipo de acoso o violencia en su centro escolar. La mayoría del profesorado no sabe cómo tratar la diversidad sexual de sus alumnos y el desconocimiento fomenta la falta de respeto a los alumnos LGTB por parte de sus profesores y compañeros. Habrá quien piense que el acoso homófobo es una cosa de críos, pero lo cierto es que la discriminación homófoba y transfóbica también es sistemática en el mundo del trabajo. Un 75% de los trabajadores y trabajadoras LGTB  ocultan su orientación o identidad sexual en su centro de trabajo, lo que significa que mucha gente sale del armario para su familia y amigos pero no en el trabajo, donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. La creciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación, ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras; es más difícil rebelarse contra un ambiente hostil en el trabajo con la amenaza del despido a la vuelta de la esquina. La  situación laboral y económica de las personas transexuales es la más alarmante: un tercio vive con menos de 600 euros al mes y la mayoría están en paro. Todos estos datos corresponden a un país en el que el  88% de la población dice aceptar la homosexualidad, un país que ha sido pionero en la extensión de los derechos de las minorías sexuales. El matrimonio igualitario y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo en 2006 o la Ley de Identidad de Género de 2007, que permite cambiarse el nombre y el sexo legal sin necesidad de operarse, constituyeron avances innegables. En nuestra sociedad la igualdad jurídica es un valor fundamental, por lo que era necesario acabar con injusticias como la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y esto sin duda ha contribuido a normalizar la diversidad sexual. Pero no podemos seguir viviendo de las rentas, no basta con seguir alegrándonos de lo que logramos hace siete u ocho años. Las asociaciones LGTB siguen consiguiendo avances legislativos, como la  ley catalana para la erradicación de la homofobia o el  protocolo de intervención policial contra los delitos de odio. Pero no nos podemos conformar con pequeños avances o concesiones de un gobierno que se siente más cercano de las respetables familias que echaron a los chicos del Burger King que de las víctimas de la agresión, el mismo Gobierno que  niega a las lesbianas y a las mujeres solteras el derecho a la reproducción asistida. En este nuevo año de grandes esperanzas de cambios políticos, es necesario hacer un diagnóstico global y concienzudo de la situación de las minorías sexuales en nuestro país y ponernos a trabajar para acabar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual, en cualquier ámbito. Es una tarea infinita, como terminar con la violencia de género o con el racismo y la xenofobia, pero debe ser una prioridad de cualquier gobierno que se quiera llamar demócrata.

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