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El Derecho penal contra la democracia

La aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal es un ataque a la democracia. Una de las medidas más escandalosas del nuevo Código Penal es la cadena perpetua, encubierta bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”. Pero hay otras, como la eliminación de las faltas penales, que reduce las garantías procesales de las personas acusadas de infracciones leves como las relacionadas con el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación. En otras palabras, la reforma penal y la Ley de Seguridad ciudadana son dos piezas complementarias del sistema represivo que está construyendo el gobierno del Partido Popular.

Nunca antes en democracia se había llegado a este nivel de represión de la protesta y la disidencia. Lo que no es nuevo es la utilización propagandística de la política penal y de seguridad ciudadana, conocida como “populismo punitivo”. El gobierno de Mariano Rajoy está haciendo lo mismo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobiernan: utilizan el Derecho penal como un instrumento propagandístico, aprobando reformas penales innecesarias con la intención de distraer la atención de la opinión pública de temas incómodos, como el paro, la corrupción o la pobreza.

En España hay menos delincuencia que en la mayoría de países de Europa y tenemos uno de los Códigos Penales más duros, con larguísimas penas de prisión y un uso mínimo de medidas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad, que son más humanos y más efectivos, ya que reducen la tasa de reincidencia. Los penalistas de todas las ideologías repiten datos como estos cada vez que se les pregunta, pero el PP y el PSOE desprecian sus consejos una y otra vez. La realidad es lo de menos cuando legislan sobre Derecho penal, lo que importa es la conveniencia política. El gobierno de Aznar aprobó una reforma penal en el mismo Consejo de Ministros en el que se trató la crisis del Prestige. Cuando era ministro del Interior, Rubalcaba promovió un incremento de penas poco después de presumir de lo que había bajado la tasa de criminalidad. Si había menos delincuencia, ¿por qué había que aumentar las penas?

Ya es hora de que nos planteemos la necesidad de legislar de otra manera. Está claro que hay que rechazar las leyes represivas del PP, pero también es necesario pensar qué modelo de Derecho penal y de seguridad ciudadana queremos, escuchando a los expertos para diseñar el mejor sistema posible. Los objetivos están claros: reducir la delincuencia y construir una sociedad más segura para toda la ciudadanía, en la que se respeten los derechos de todos.

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