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Salvador García Llanos

Periodista

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Registros turísticos positivos

Según la agencia de estadística comunitaria, Eurostat, España encabeza la clasificación de los principales destinos turísticos de la Unión Europea (UE) en 2015. Entre las diez primeras regiones más visitadas, aparece Canarias en primera posición, por delante de Catalunya, Baleares y Andalucía. La misma fuente indica que Canarias sigue siendo la principal región turística de la Unión, con noventa y cuatro millones de pernoctaciones en el citado año. España, junto a Francia e Italia, acaparan los destinos turísticos más frecuentados, con seis sitios que se corresponden con las comunidades citadas más las de Valencia y Madrid.

Poco o nada que añadir a otros registros que confirman la pujanza del sector servicios y su peso en el conjunto de la economía productiva. Desde ese año, además, salvo altibajos casi imperceptibles, las tendencias se han confirmado, los crecimientos fluyen, los empresarios acentúan su contento, muchos trabajadores han accedido al mercado laboral -seguro que no en la proporción que debe corresponderse con esas cifras- y el Gobierno, los gobiernos, a presumir de la bonanza.

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La remunicipalización va

Va cobrando fuerza el término . El vocablo es algo feo, cuando menos raro, pero se va abriendo paso a medida que en el ámbito municipalista se van registrando cambios en orden a la gestión de los servicios que un ayuntamiento ha de prestar.

El concepto, también conocido como , se explica como aquella actuación de un ayuntamiento basada en la recuperación de la gestión directa de servicios públicos que se están prestando de forma indirecta. Algún autor sostiene que el término debe ser delimitado con claridad pues a menudo se utiliza con escaso rigor jurídico, lo que supone (según el profesor zaragozano Cándido Marquesán Millán) pasar por alto algunos aspectos que tienen una gran trascendencia práctica. La primera precisión, pues, es esa: para remunicipalizar o reinternalizar, debe existir un servicio que tiene el carácter de público y es prestado por un ayuntamiento aunque sea de forma indirecta.

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RTVE, nueva etapa

Hombre, alguna legítima satisfacción debe experimentar José Luis Rodríguez Zapatero al comprobar que, con el paso del tiempo, varias de sus iniciativas están siendo secundadas o respaldadas, incluso en el extranjero. Quienes entonces le atribuyeron un exceso de radicalismo o de excesiva ideologización, ahora contrastan que el ex presidente no andaba descaminado, ni mucho menos, en ciertos asuntos que tanta controversia suscitaron cuando adquirieron rango de ley o se convirtieron en medidas ejecutivas.

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Naturaleza sin basura

Las escenas de limpieza de parajes, zonas ajardinadas, barrancos y hasta de calas y fondos marinos, iniciativa de organizaciones ciudadanas y de colectivos, están frescas y se suceden cíclicamente. Cuando se visualizan, nos damos cuenta del impacto y del comportamiento irresponsable de los humanos. La acumulación de residuos en entornos rurales y espacios costeros ya tiene nombre, littering, [del inglés litter, basura], con unas consecuencias bastante negativas en los distintos ecosistemas. El fenómeno precisa de un análisis riguroso que favorezca el conocimiento del origen, tipología y cantidad de los residuos, de modo que sustancie soluciones, especialmente desde el punto de vista preventivo.

Y como se trata de extender el compromiso pasando a la acción, habrá que prestar atención al proyecto “LIBERA, naturaleza sin basura”, promovido por la Organización No Gubernamental de modalidad ambiental decana en España, SEO/Birdlife, en colaboración con Ecoembes, una firma sin ánimo de lucro especializada en el reciclaje de envases como fórmula de promoción de la economía circular.

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Pensiones de los jóvenes

Pues habrá que estar muy atentos, sí, a la próxima reunión de la comisión del Pacto de Toledo que está procesando las aportaciones de los expertos para afrontar la reforma de las pensiones, previo envío al Gobierno. La reciente comparecencia en el Senado del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ya es todo un mensaje inquietante: o subir impuestos o bajar pensiones.

Está previsto que la comisión se reúna mañana martes para estudiar las recomendaciones que los grupos políticos han de manifestar, entre otras cosas, para contrastar los cumplimientos e incumplimientos de los criterios introducidos en años anteriores. Recordemos que los ejes básicos giraban en torno a la defensa del sistema, a la clarificación de las fuentes de financiación y al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones.

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Consumidores de luz eléctrica: les siguen subiendo la factura

El recibo de la luz ha vuelto a subir en mayo. Por noveno mes casi consecutivamente. El aumento en mayo ha sido de un 0,8 % para el usuario medio, lo que significa que la factura será un 18,2 % más elevada que hace un año. La polémica está servida pero mucho nos tememos que el asunto no despierte mayores protestas. La Federación de Asociaciones de Consumidores (FACUA-Consumidores en Acción), no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde su fundación, en 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores, ha sido la primera en expresar su malestar y ha denunciado la que considera “despreocupación” por los intereses de los usuarios que, a su juicio, mantiene el Gobierno de España, cuya política energética -señala- se centra en proteger al sector. El precio medio del kilowatio/hora (kWh) del pasado mayo fue de 14,31 céntimos, un 28,0 % más caro que el mismo mes de 2016. En el primer mes del presente año llegó a situarse en 18,75 céntimos. Con estas cifras, el considerado usuario medio (360 kWh de consumo y 4,4 kilowatios de potencia contratada) abona 71,58 euros frente a los 60,53 euros de mayo del año pasado. No anda uno muy versado en esta materia pero llaman la atención esos incrementos en en breves lapsos de tiempo. Aquí hay una brecha energética y no es de extrañar que algunas corporaciones hayan tenido que adoptar medidas excepcionales para evitar que los vecinos se queden sin suministro del servicio. Esa brecha que hay que reducirla y si es posible, cerrarla. Se preguntará cómo y acudimos a la fuente de FACUA que es partidaria de que sea el Ejecutivo el que fije y aplique una tarifa asequible. Para ello es indispensable la intervención del sector. La organización advierte que, hoy por hoy, es el sector el que, de facto, tiene intervenido al Gobierno cuya política, como dijimos antes, parece más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios. Un problema añadido: el vigente sistema de fijación de precios en el mercado español de la generación de energía tiene características que fomentan la especulación y hasta los abusos. Se explica, por tanto, que se produzcan estas subidas en las que, por múltiples razones, no reparamos. Además, hay un dato escalofriante: en 2016, las empresas del sector aumentaron sus beneficios en un 9 %, en números absolutos unos cinco mil cuatrocientos sesenta y tres millones de euros. FACUA ha lamentado “la actitud complaciente con el sector que viene adoptando el ministro de Energía”. Entonces, que tome la iniciativa el sector si se quiere frenar el ritmo de los aumentos. En su día, cuando se inició el proceso de liberalización, los consumidores -aunque fuera sin demasiado alborozo, porque de estas cosas entiende poco y se informa menos- albergaron algunas esperanzas de facturación más equilibrada, más estable y menos costosa. Se hablaba de la competencia en el sector, favorecedora de precios y ofertas. Se ve que el negocio es demasiado voluminoso como para ceder y perder privilegios. Que alguien dé un paso al frente, que se haga como en países miembros de la Unión Europea (UE) con las tarifas de los consumos de móviles a través de redes de telefonía, y que sea el Gobierno el que fije precios para los consumidores domésticos. Que alguien dé otro paso: si no, las subidas seguirán produciéndose y los usuarios, tan perjudicados como indolentes. Siempre lo mismo.

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Revisar la plusvalía

Sigue el municipalismo expectante a la espera de una obligada revisión del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. Recientemente, una resolución del Tribunal Constitucional (TC) suprimió su vigente regulación. Sabido es que se trata de un tributo local que ha constituido una notable fuente de ingresos para los ayuntamientos y que grava la revalorizacón de los inmuebles cuando son objeto de una operación de venta pero, en la práctica, es abonado siempre, aunque dichos inmuebles hayan perdido valor. Precisamente, el fundamento de la decisión del TC se basa en que no es legal aplicar un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. El pago de la plusvalía se calcula en función del valor marcado por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), antiguamente conocido, de forma coloquial, como la contribución. La cuota se cuantifica de modo automático hasta resultar un porcentaje que depende del tiempo que ha transcurrido desde la adquisición.

Es un asunto que no deja indiferente a nadie, ni a administradores ni a administrados, de ahí que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya tomado la iniciativa para apremiar al Gobierno con el fin de reformar esta figura tributaria. ¿Cuál es la posición de la FEMP al respecto? Tiene una doble vertiente: por un lado, el Catastro habrá de elaborar un índice anual de la evolución del valor del suelo, plasmando de esa manera el valor de mercado; y por otro, articular que se reste directamente el valor de venta  por el de compra y solo se aplique si el resultado es positivo.

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Rosell sale del laberinto

La magistrada Victoria Rosell sale del laberinto en el que se vio inmersa contrariamente a su voluntad. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente disciplinario que le fue abierto a finales del pasado año tras una denuncia interpuesta por un abogado a raíz de unos hechos ocurridos en noviembre de 2014, determinantes de una recusación por supuesta intervención de la juez en un procedimiento judicial por presunto fraude fiscal que la mayoría de los miembros de la citada Comisión ha considerado que no ha sido acreditada.

Archivado entonces ese expediente, en cuya sustanciación se habrán entrecruzado turbios intereses, Rosell, que fue diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, tiene razones para sentirse satisfecha pues su conducta profesional en este caso no se ha visto manchada como parecía ser la intención de quienes promovieron la acción en su contra. Otra cosa es que lo ocurrido haya distorsionado algunos libres y legítimos planes personales cuya restitución ahora no es posible -la eterna pregunta: ¿quién devuelve?-, si bien queda, en plano positivo, esa parte moral que seguro le reconfortará, aunque el disgusto y las contrariedades de una etapa convulsa no se las quita nadie. Todo lo ocurrido es una muesca en su trayectoria.

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Ocio regulado

Será interesante conocer qué recorrido tiene -y cuál será su alcance- el contenido del tercer Encuentro de la Red Vivre la Ville en Europe! (en español, Vivir la ciudad en Europa!), que agrupó el pasado mes de marzo, en Madrid, a representantes de más de ochenta ciudades que debatieron sobre problemas comunes, especialmente los relacionados con el ocio nocturno. La situación se va haciendo cada vez más complicada para todos, desde el tejido empresarial hasta el legítimo derecho al descanso como conceptos que igual se sitúan contrapuestos en el propósito de crecer, ampliar negocio y generar empleo, y la pérdida de calidad de las condiciones de vida. La convocatoria sirvió, además, para estudiar más detalladamente la renovación de las formas de participación política y organización de la sociedad civil, contribuyendo a un proyecto colectivo capaz de afrontar retos fundamentales para el futuro de las ciudades, como la habitabilidad de sus centros históricos o la denuncia de las prácticas sociales no reguladas, especialmente relacionadas con el mal llamado ‘ocio nocturno’, que amenazan la sostenibilidad y el futuro de los barrios residenciales de los centros históricos de muchas urbes. 

El conjunto las diferentes administraciones y la propia Unión Europea (UE) dispondrán, para su ulterior determinación, de algunas bases convergentes con las que se intenta prevenir los males ya detectados, corregir los desvíos y, en definitiva, crear hábitos saludables en espacios que son de todos y en los que los derechos de cada cual deben ser respetados. Por ejemplo, las ofertas turísticas, festivas, lúdicas y gastronómicas deben enmarcarse “en horarios y condiciones no lesivos para la salud de los residentes en los centros históricos de las ciudades”, según el avance de las conclusiones del citado Encuentro. 

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El lío de los fiscales

El lío de los fiscales es un flaco favor a la credibilidad de la justicia, escribimos días pasados en el muro de la red social en la que procuramos entretenernos. Un posterior comunicado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) confirmó aquel pensamiento. “Una errónea concepción del principio de jeraquía”, señala como causa de necesario apoyo a los profesionales cuya tarea se ha visto cuestionada hasta concluir con la petición de remoción o cese del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, “quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Cimen Organizado”.

El lío, pues, está enredado, o desatado, desde que Moix decidiera apartar del caso a los fiscales que investigan el ya tristemente célebre caso del 3% en Catalunya, destapado desde los mismos bancos del Parlament. Después vino la publicación de ciertas conversaciones vinculadas a la Operación Lezo, el enésimo caso de corrupción política, y el papel del fiscal Moix se complicó hasta los extremos que han motivado el malestar público de la UPF. Algunos relevos entre los titulares de fiscalías que participaban en causas relativas a presunta corrupción en el partido gubernamental y la decisión de oponerse a registros y otras dilgencias -bien es verdad que matizada por el propio Moix- han sido el detonante de este lío que acentúa la pérdida de credibilidad aludida.

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