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Salvador García Llanos

Periodista

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 21

Rosell sale del laberinto

La magistrada Victoria Rosell sale del laberinto en el que se vio inmersa contrariamente a su voluntad. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado el expediente disciplinario que le fue abierto a finales del pasado año tras una denuncia interpuesta por un abogado a raíz de unos hechos ocurridos en noviembre de 2014, determinantes de una recusación por supuesta intervención de la juez en un procedimiento judicial por presunto fraude fiscal que la mayoría de los miembros de la citada Comisión ha considerado que no ha sido acreditada.

Archivado entonces ese expediente, en cuya sustanciación se habrán entrecruzado turbios intereses, Rosell, que fue diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, tiene razones para sentirse satisfecha pues su conducta profesional en este caso no se ha visto manchada como parecía ser la intención de quienes promovieron la acción en su contra. Otra cosa es que lo ocurrido haya distorsionado algunos libres y legítimos planes personales cuya restitución ahora no es posible -la eterna pregunta: ¿quién devuelve?-, si bien queda, en plano positivo, esa parte moral que seguro le reconfortará, aunque el disgusto y las contrariedades de una etapa convulsa no se las quita nadie. Todo lo ocurrido es una muesca en su trayectoria.

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Ocio regulado

Será interesante conocer qué recorrido tiene -y cuál será su alcance- el contenido del tercer Encuentro de la Red Vivre la Ville en Europe! (en español, Vivir la ciudad en Europa!), que agrupó el pasado mes de marzo, en Madrid, a representantes de más de ochenta ciudades que debatieron sobre problemas comunes, especialmente los relacionados con el ocio nocturno. La situación se va haciendo cada vez más complicada para todos, desde el tejido empresarial hasta el legítimo derecho al descanso como conceptos que igual se sitúan contrapuestos en el propósito de crecer, ampliar negocio y generar empleo, y la pérdida de calidad de las condiciones de vida. La convocatoria sirvió, además, para estudiar más detalladamente la renovación de las formas de participación política y organización de la sociedad civil, contribuyendo a un proyecto colectivo capaz de afrontar retos fundamentales para el futuro de las ciudades, como la habitabilidad de sus centros históricos o la denuncia de las prácticas sociales no reguladas, especialmente relacionadas con el mal llamado ‘ocio nocturno’, que amenazan la sostenibilidad y el futuro de los barrios residenciales de los centros históricos de muchas urbes. 

El conjunto las diferentes administraciones y la propia Unión Europea (UE) dispondrán, para su ulterior determinación, de algunas bases convergentes con las que se intenta prevenir los males ya detectados, corregir los desvíos y, en definitiva, crear hábitos saludables en espacios que son de todos y en los que los derechos de cada cual deben ser respetados. Por ejemplo, las ofertas turísticas, festivas, lúdicas y gastronómicas deben enmarcarse “en horarios y condiciones no lesivos para la salud de los residentes en los centros históricos de las ciudades”, según el avance de las conclusiones del citado Encuentro. 

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El lío de los fiscales

El lío de los fiscales es un flaco favor a la credibilidad de la justicia, escribimos días pasados en el muro de la red social en la que procuramos entretenernos. Un posterior comunicado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) confirmó aquel pensamiento. “Una errónea concepción del principio de jeraquía”, señala como causa de necesario apoyo a los profesionales cuya tarea se ha visto cuestionada hasta concluir con la petición de remoción o cese del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, “quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Cimen Organizado”.

El lío, pues, está enredado, o desatado, desde que Moix decidiera apartar del caso a los fiscales que investigan el ya tristemente célebre caso del 3% en Catalunya, destapado desde los mismos bancos del Parlament. Después vino la publicación de ciertas conversaciones vinculadas a la Operación Lezo, el enésimo caso de corrupción política, y el papel del fiscal Moix se complicó hasta los extremos que han motivado el malestar público de la UPF. Algunos relevos entre los titulares de fiscalías que participaban en causas relativas a presunta corrupción en el partido gubernamental y la decisión de oponerse a registros y otras dilgencias -bien es verdad que matizada por el propio Moix- han sido el detonante de este lío que acentúa la pérdida de credibilidad aludida.

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Iniciativas para una comunicación más cercana

En los tiempos convulsos que vive la comunicación, entre noticias falsas, transmisiones de asesinatos en redes sociales, reprobaciones públicas a la prensa de todo un presidente de los Estados Unidos (por extensión, tremebundo mensaje el suyo), absurdos políticos a cuenta de la participación en tertulias radiofónicas, presiones de distintos poderes a los profesionales, productos audiovisuales vulgares o de ínfima calidad y precariedad en el empleo, resulta evidente la conveniencia de acometer algunas reformas y transformaciones en el ámbito de la comunicación y las políticas mediáticas que, teóricamente, deberían sustanciar la propia salud democrática, quebrantada por patologías diversas y algunas amenazas no menos inquietantes.

En España, por ejemplo, a la espera de las decisiones que permitan afrontar una nueva era en el universo de la Televisión Digital Terrestre (TDT), seguimos también pendientes de un impulso serio y bien fundamentado a los denominados medios del tercer sector (TSC) que son aquellos comunitarios sin ánimo de lucro. Recordemos que existe una ley reguladora que obliga a configurar un radioespectro para radios y canales de televisión y que, independientemente de las demandas de los interesados, alguien, algun organismo, debe velar por su cumplimiento. Estaríamos ante unos medios cuyo papel, según resolución aprobada por el Parlamento Europeo (PE), se orienta  a reforzar las identidades de comunidades de intereses específicas, a la vez que permiten que los miembros de tales comunidades establezcan vínculos con otros grupos de la sociedad, por lo que desempeñan una función importante para fomentar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad, en tanto que también contribuyen al diálogo intercultural.

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Los medios, en el Pacto por la Educación

Va cobrando forma la sensibilidad de la profesión periodística por la inclusión del estudio de la función de los medios de comunicación en el futuro Pacto por la Educación y, por consiguiente, en planes educativos. Se trata de formar a los escolares -a partir de la etapa de Enseñanza Secundaria-, de modo que éstos enriquezcan sus conocimientos y se conviertan en ciudadanos más críticos, con los mismos medios y con la realidad en la que se han de desenvolver.

El asunto fue tratado en la 76 Asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada el pasado fin de semana en Mérida (Badajoz), con una propuesta de resolución de la junta directiva de la organización que preside Elsa González, la cual fue aprobada por unanimidad.

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La excelencia pasa por menos ahogamientos

Puede creerse que los accidentes de tráfico sean el tipo que mayor número de muertes causa en Canarias. Y sin embargo, las estadísticas indican lo contrario: el pasado año, treinta y ocho personas dejaron la vida en las carreteras insulares; y en las playas canarias, setenta y dos, casi el doble, fallecieron por ahogamiento. Más datos: en lo que llevamos de 2017, han muerto por esta causa veintiséis personas, por lo que estamos, a falta de ocho meses -entre ellos los veraniegos- para concluirlo, ante el número más elevado desde 2000. A estas alturas, en 2016, se habían ahogado en aguas canarias dieciséis personas.

Las cifras no pueden causar indiferencia. Hay que reconocer al periodista grancanario, Sebastián Quintana, la iniciativa de una campaña audiovisual que bajo el título Canarias: 1.500 kilómetros de costa, trata de sensibilizar para, cuando menos, reducir estos registros que, entre otras cosas, pueden terminar convirtiéndose en una contrariedad para la propia promoción de nuestra oferta turística. Las playas canarias no pueden ser sinónimo de inseguridad. Ni para nativos ni para visitantes.

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Conversar, el eslabón perdido

Le han venido a dar la razón al crítico y pensador alemán Walter Benjamin que, antes de su misteriosa muerte en Portbou (1940), llegó a escribir que “la libertad de hablar se está perdiendo”.

El novelista norteamericano James Dashner, autor de la saga The maze runner (en español algo así como El corredor del laberinto), cuya adaptación cinematográfica constituyó un señalado éxito comercial, se preguntaba en 2009 “cuál era el punto de siquiera tener una conversación, cuando no se podía confiar en las palabras”.

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Ausencia

El caso es que el Puerto de la Cruz ha quedado fuera de la firma, en Madrid, de la carta fundacional de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa, suscrita por los alcaldes de Adeje, Arona y San Bartolomé de Tirajana. Aunque haya tiempo de adherirse -un suponer, nadie ha dicho nada-, lo cierto es que, en el arranque, la ausencia portuense se interpreta como una señal más de la pérdida de peso -el liderazgo hace tiempo que pasó a otras manos, más potentes- en el concierto de los municipios turísticos. A las tres localidades canarias citadas, hay que sumar Calviá, Lloret de Mar, Salou, Benidorm y Torremolinos, de lo más granado en el ámbito de los destinos españoles.

La flamante asociación está avalada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la patronal del sector. Los ocho destinos firmantes representan, por sí solos y con diez millones y medio de viajeros, más del 10% de los casi cien millones de movimientos turísticos registrados en España en 2016; y el 16,5% de los trescientos treinta millones de pernoctaciones. De tal asociación, de lo que simboliza su constitución y puesta en funcionamiento, ha quedado fuera el Puerto de la Cruz.

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Groserías y ordinarieces

No es que se abra vena puritana alguna ni escandalicen a estas alturas las expresiones desde la tribuna de oradores: se habla tan mal en tantos lados, incluidos los medios de comunicación, que los tacos, las locuciones, las soeces y los denuestos han terminado conviviendo hasta en lugares donde se supone que debe guardarse un cierto respeto y hasta una cierta pulcritud en el manejo del lenguaje y de las formas dialécticas. Uno de esos lugares es el Congreso de los Diputados, donde hemos escuchado días pasados una serie de groserías y ordinarieces que si son un elemento de la nueva política, desde ya hay que decir que es preferible la de siempre, la que, siquiera de vez en cuando, aportó excelentes oradores que no solo honraron la institución sino que la pusieron en el nivel que puede aguardarse y contribuyeron a un ilustrativo conocimiento de los asuntos que nos conciernen.

Ni siquiera el empleo del lenguaje coloquial o de la calle para argumentar en el Parlamento justificaría la utilización de frases que ya forman parte del Diario de sesiones y que quizá algún día se vuelvan en contra de quien las profirió. Ya se verá entonces su capacidad de encaje. Pero ahora, las expresiones del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Iglesias, a propósito de la aplicación de los denominados vetos presupuestarios por parte del Gobierno, han resultado de mal gusto, como demostrativas de que se encuentra desubicado y que confunde la tribuna de la Cámara con la de otros escenarios donde igual pasan inadvertidas o son despachadas entre sonrisas y aplausos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, replicó con indiferencia no exenta de ironía: es lo que más duele en este tipo de cruces dialécticos. Y miren que para poner en evidencia al presidente, incluso en ese terreno que le gusta tanto, no hace falta tanta destreza dialéctica. Aquí fue el mismo Iglesias quien se puso y así cosechó algunas discrepancias de los suyos. Aunque parezca una obviedad aplastante: se espera que en la tribuna de las Cortes los intervinientes lo hagan con corrección, sin perjuicio de juegos de palabras, de pleonasmos o de expresiones coloquiales, de morcillas en fin, que se cuelan en una intervención sin que esta pierda enjundia. Se trata de hacerlo en el contexto en que el orador se encuentra. Si para romper el tedio o el aburrimiento, hay que recurrir a la fraseología que se aprende en los ambientes colegiales o en los bares, mejor invertir en otras cosas pues hablando así -repetimos: sin propensión a los puritanismos ni a los escandaletes- también se contribuye a robustecer el descrédito y el rechazo que, lamentablemente, la política inspira de facto.

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Prevenir ciberadicciones y ludopatías

Las apuestas son el ¿penútimo? fenómeno en la sociedad española de nuestros días. Los británicos apuestan por todo, decían no hace mucho tiempo. Pues, venga, interpretando al pie de la letra, empiezan a abundar las opciones en medios audiovisuales y redes sociales. Se apuesta, por citar ejemplos, quién marcará primero antes del minuto veinte en determinado encuentro de fútbol; qué número de estatuillas obtendrá cierta película nominada; qué candidata ganará el concurso de belleza y cuál será el color del modelo que lucirá tal artista en la gala de entrega de los premios.

Desde que fue legalizado, allá en los albores de la democracia, el juego fue penetrando en este país. Casinos, bingos, loterías, tragaperras, quinielas, sorteos, rifas... distintas modalidades para probar fortuna y para ingresar por una vía fácil y rápida. Las penurias económicas extendidas y la crisis que no termina de marcharse han sido factores propicios para aumentar el interés, a ver si sale, porque en el bombo está. Ese interés conduce a la adicción, naturalmente. Y con la adicción, germinan las ludopatías. Las innovaciones tecnológicas y las facilidades para acceder al universo digital han hecho que se disparen hasta niveles insospechados.

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