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Podemos exige que el consejero de Presidencia comparezca en el Parlamento para explicar el nombramiento de la directora de Justicia

La portavoz del grupo Podemos, Noemí Santana, durante una de sus intervenciones en el debate de investidura del presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. (EFE/Cristóbal García)

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

El consejero de Presidencia, el socialista Aarón Afonso, deberá explicar en sede parlamentaria lo que hasta el momento no ha hecho en público: el nombramiento de Lourdes Quesada como directora general de Relaciones con la Administración de Justicia.

Y lo hará a instancias del Grupo Parlamentario de Podemos, cuya portavoz, Noemí Santana, ha anunciado que pedirá la comparecencia de Afonso en los primeros días de septiembre para que explique “los criterios usados para apostar por un perfil como el de Quesada, que dista mucho del compromiso adoptado por el presidente Fernando Clavijo cuando se comprometió a ser intransigente con la corrupción”.

Precisamente, la primera de las comisiones que se celebrarán en septiembre, cuando comience el período hábil de sesiones, está prevista para el 4 de septiembre y será la de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, que es en la que debe comparecer Afonso a menos que Podemos quiera que las explicaciones sobre Quesada se hagan en la sesión plenaria prevista para los días 9 y 10 de ese mismo mes.

“Esta persona ha estado entrando y saliendo de los juzgados por presuntas irregularidades vinculadas a la corrupción, la última de ellas con un auto de sobreseimiento que es provisional, y que además demuestran su apuesta por favorecer la privatización de la Sanidad”, ha dicho Santana.

Por ello, cree que el consejero de Presidencia “debe explicar si tanto él como el presidente lo que están apostando es por la privatización de lo público, si esa es la línea que van a seguir durante la legislatura, eso nos preocupa y eso es lo que deberá explicar a las ciudadanas y ciudadanos”.

Como se recordará, Quesada estuvo imputada entre los años 2010 y 2012 en dos causas por presunta corrupción relacionadas con dos concursos públicos del Servicio Canario de Salud (SCS): el concurso de ambulancias y 'caso Lifeblood', lo que motivó que los socialistas, entonces en la oposición, pidieran en cuatro ocasiones el cese de la entonces secretaria general técnica del Servicio Canario de Salud (SCS). Años después, esos mismos socialistas la han nombrado directora de Justicia.

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