El auto de escuchas que siempre existió

Las pretensiones de las defensas personadas en el caso Corredor, en el que se investiga un amplio ramillete de presuntos delitos en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, se tropezaron este miércoles con un muro infranqueable levantado con la argamasa de un material que se llama ordenamiento jurídico y de otro –muchas veces olvidado- que se llama fe pública judicial, es decir, la palabra de un juez y de un fiscal que se alza frente a los requiebros y las argucias de quienes tienen la obligación de salvar de un proceso penal a sus patrocinados. Las defensas de los numerosos imputados en la causa pusieron toda la carne en el asador en la creencia de que la presunta desaparición del auto por el que se ordenaron numerosas escuchas telefónicas durante 2010 y 2011 podría servirles para 1) pedir la nulidad de todas las actuaciones realizadas a partir de ellas y 2) consecuentemente interesar el sobreseimiento libre de los que quedaron penalmente comprometidos por lo captado por la Policía. Previamente, claro está, se produjo una filtración masiva a la prensa para generar el ambiente necesario que hiciera creer a la opinión pública que el caso del candidato de CC a la presidencia del Gobierno y alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, iba a quedar desde este miércoles reducido a la condición de detritos. Se equivocaron de parte a parte porque por lo que cuentan testigos presenciales de la vista celebrada en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad para reconstruir el sumario (entre otras cosas para colocar en su sitio el dichoso auto de escuchas y el oficio de la Policía solicitándolo) se saldó con el triunfo de que La Ley y la fe pública, entre otras cosas porque el auto y el oficio existieron en su momento y, por lo tanto existen, tanto en el sistema procesal Atlante como en las manos de la fiscal anticorrupción, María Farnés Martínez, a la que se les notificó en tiempo y forma. Para colmo, la jornada terminó con la notificación a las partes de que la representante del Ministerio Público ha pedido al juez Pamparacuatro que incorpore a la lista de actos presuntamente delictivos cometidos por Clavijo otros tres de envergadura que complican enormemente el sobreseimiento que sus acólitos andan pregonando con demasiada ligereza por las esquinas. Eso sí, Martínez también ha pedido al juez que se archive la imputación al candidato de CC respecto de la colocación de un vecino en la empresa Urbaser argumentando que se trata de una empresa privada. Veremos lo que opina el juez y lo que sostendrán, si llegan a tiempo, las acusaciones populares que han anunciado su personación.

Pamparacuatro no puso aquel auto

La frivolidad con la que algunos palmeros de Clavijo –compañeros de partido, medios de comunicación afines, primos, sobrinos y demás familia- se tomaron la imposible desaparición del auto de escuchas da que pensar. Resulta preocupante, a la par que penoso, que haya quien crea que la Policía podía ir en 2010 a una compañía de telefonía a pedir la intervención de determinados números sin llevar por delante un auto judicial motivado y firmado. O que esa medida tan delicada pudiera tomarse sin notificarla a la fiscalía. El auto debió perderse en el trajín de la mudanza de los juzgados y en la inmensidad de un sumario con decenas de miles de folios y otras decenas de miles de documentos intervenidos, trajín al que seguramente contribuyó mucho la ausencia del tan comentado escáner para digitalizar esas tongas de papel. Esos palmeros de Clavijo convencieron a algunos periodistas de que los antecedentes del juez Pamparacuatro en el también apoteósico sumario del caso Unión alimentaban la suerte de que este caso Corredor iría por los mismos derroteros del caos. Pero se equivocaban. En primer lugar, porque el auto de intervenciones telefónicas no fue puesto por César Romero Pamparacuatro, sino por su antecesora, María Vega Álvarez, como ocurrió con las sucesivas prórrogas, hasta siete, que sufrieron esas intervenciones. Al actual titular de Instrucción 1 de La Laguna sólo puede atribuírsele la octava y última prórroga, lo que confirma dos cosas: la primera, que todo lo que pudiera haber ocurrido con ese auto no tiene nada que ver con Pamparacuatro (estaba entonces en Arrecife), y segundo, que las escuchas solo se extendieron a lo largo de nueve meses, y no de cuatro años como los hagiógrafos del clavijismo avientan por las esquinas para convertir al alcalde en víctima de una persecución inexistente.

Una lección de Derecho Procesal

Las defensas de los imputados habían confiado gran parte de su estrategia para cargarse la investigación en un dictamen encargado al catedrático de Derecho Procesal José Vicente Gimeno Sendra, ex magistrado del Tribunal Constitucional (1989-1998) y autor del manual de esa materia más utilizado en la carrera de Derecho. Evidentemente, Gimeno Sendra avalaba las tesis de sus clientes de que debía anularse toda la causa a partir del desaparecido auto de escuchas, lo que invalidaría todas las imputaciones, incluida la de Fernando Clavijo. El juez Pamparacuatro permitió que interviniera como perito de parte y, tras las oportunas advertencias sobre la obligación de prestar testimonio veraz, lo sometió a lo que el catedrático llegó a calificar como “un examen de Derecho Procesal” del que precisamente no salió muy bien parado. Personas presentes en la vista relatan cómo el magistrado, en su búsqueda de la imparcialidad del dictamen presentado, desmontaba las tesis de quien para él seguramente había sido uno de sus referentes académicos. Entre otras cuestiones, le preguntó por el precepto legal que obliga a foliar las actuaciones, a lo que Gimeno Sendra tuvo que contestar que tal cosa no existe. Pero donde Pamparacuatro lo desarmó por completo fue en las tesis del catedrático de que las copias para notificaciones han de estar firmadas por el juez. La diferencia de criterios entre ambos llevó al juez a ofrecerle su propio ejemplar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que el compareciente se negó a aceptar para no tener que leer el artículo 152.2 que Pamparacuatro sí leyó. Las copias, efectivamente, no han de estar firmadas por el juez. Gimeno Sendra fue contratado para este dictamen por el principal encartado en el caso Corredor, el empresario (y también abogado) Evaristo González. Se desconoce cuáles fueron los emolumentos cobrados por el ex magistrado del Tribunal Constitucional.

Ir por lana y salir trasquilado

Desde luego no parece que los intentos de aplicar al caso Corredor la doctrina del árbol envenenado vayan a tener éxito. No sólo porque el auto y el oficio policial en conflicto existen y ya están incorporados a la causa, sino que porque durante su eventual ausencia en el peor de los casos las distintas prórrogas de las escuchas hacían constantes referencias a ellos y los daban por preexistentes. El sumario sigue adelante, se practicarán nuevas pruebas, declararán denunciantes, testigos e imputados, y se completará la instrucción como mandan los cánones. Por si ese contratiempo sufrido este miércoles por las defensas fuera poco, la decisión de la fiscal anticorrupción de ampliar el número de actos presuntamente delictivos a varios de los inicialmente imputados e incluir a nuevas personas con esa misma condición, complica muchísimo la pronta resolución de la causa. Especialmente para Fernando Clavijo, a la que María Farnés Martínez atribuye tres nuevos actos que a su juicio también pueden estar tipificados como delitos (tráfico de influencias), conclusión a la que llega no solo por lo recogido en las escuchas telefónicas, sino por los expedientes municipales consultados a partir de ellas. Tienen todos los detalles de este nuevo giro a la investigación en la información que hoy les ofrecemos, pero todo puede resumirse en el mismo comportamiento que llevó al candidato de CC a sus primeras imputaciones: trato de favor a personas con acceso directo a él o con intermediaros muy bien situados en el entorno político del alcalde de La Laguna. Una obra en una cafetería hecha sin licencia en la que se mira para otro lado en lo que se le arreglan los papeles a la infractora; el aplazamiento de un precinto la discoteca Utopía, sancionada por ruidos, y la vista gorda al pub El Palco por incumplimiento del horario de cierre son esos tres hechos punibles. Estos dos últimos establecimientos son propiedad del empresario Evaristo González y por él intercede ante el alcalde el presidente de la Federación de Empresarios del Ocio (Fecao), José Santana. Por cierto, en este último caso de presunto tráfico de influencias la fiscal pide que se impute a un cabo de la Policía Local., Francisco Portocarrero, por hacer de pantalla para que otros agentes del cuerpo no actuaran.

Soria se remonta al franquismo

La otra noticia que requiere algunos comentarios la situamos en el Congreso de los Diputados, donde comparecía el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por una interpelación sobre las prospecciones solicitada por la diputada del PSOE y candidata a la presidencia de Canarias, Patricia Hernández. Nuestro compañero Federico Echanove, que estuvo allí, lo cuenta estupendamente en su crónica, pero los que pudieron ver la interpelación por el canal televisivo del Congreso de los Diputados pudieron apreciar un debate que resultaba muy familiar. Mientras que la candidata socialista, siempre apasionada, reiteraba los argumentos ya conocidos en Canarias (no tanto en Madrid) del riesgo que sufre la economía y el medio ambiente de las islas por culpa de las autorizaciones a Repsol, Soria se enrocaba en las altísimas exigencias ambientales (ejem) que se le han impuesto al operador y que garantizan que aquí no va a pasar nada. Fue especialmente emotiva la referencia que en varias ocasiones hizo Soria a Noruega, país que conoció levemente gracias a aquel viaje a la pesca del salmón que realizó en 2005 en aquel jet privado del empresario Björn Lyng que la juez no vio punible porque el avión iba a volar de todas maneras. Pero más simbólicas fueron sus referencias a la historia de la búsqueda de hidrocarburos en España que situó en los años 40, en pleno auge del franquismo, como si 75 años después no hubiera aflorado ninguna alternativa a las energías fósiles. Entrañable su referencia a Port Aventura, un ruinoso proyecto de sus colegas del PP valenciano, que a él sin embargo le sirvió para decir que convive perfectamente con la plataforma Casablanca, de Repsol, que saca la apabullante cantidad de 4.000 barriles de petróleo al día frente a Tarragona. Aburrido como debía estar el pobre ministro por las mismas acusaciones, sacó de su maletín su manual del ataque personal. Agarrándose de una referencia que hizo Patricia Hernández al poco interés que Soria tiene por el empleo (“problema que usted no tiene en su entorno”), su excelencia desenfundó su ametralladora para acusar a la socialista, fitetú, de tener la fortuna que él no tuvo: “que me hicieran senador a los 23 años sin haber tenido ningún tipo de empleo anterior, sin ningún tipo de experiencia”. Echando mano a la web y a la calculadora nos encontramos con que Hernández fue senadora a los 24, por lo que lleva en las Cortes diez años de su existencia. Si descontamos el tiempo que Soria fue asesor del ministro Solchaga (que deberían computar como actividad política) nos encontramos con que fue alcalde en 1995, lo que arroja un total de 19 años cobrando de la política. Claro que, como él se encargó de resaltar, se sacó “con mucho esfuerzo” la carrera de Económicas y las oposiciones a técnico comercial del Estado, actividad que abandonó muy pronto para convertirse en el emprendedor que hoy es. Que le pregunten si no a Brufau.