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Un alto funcionario de Las Palmas de Gran Canaria justifica el retraso de un año en ejecutar la orden de cierre de un local

Gonzalo Muñoz García de la Borbolla declara ante el juez como imputado por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa

El jefe de servicio de Actividades Comerciales no ejecutó el precinto del local a pesar de que había una sentencia firme y varios requerimientos judiciales

Defiende que paralizó la suspensión de la actividad porque el propietario había interpuesto un recurso contra la resolución que cumplía con la sentencia

Para Felipe Campos, abogado de la querellante, el funcionario hace una interpretación "grotesca" de la doctrina fijada por el Constitucional en 1984

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Calle Malteses, en Las Palmas de Gran Canaria

Calle Malteses, en Las Palmas de Gran Canaria

El actual jefe del servicio de Edificación y Actividades Comerciales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gonzalo Muñoz García de la Borbolla, ha justificado este viernes ante el juez  el retraso de once meses en ejecutar la orden de cierre de un restaurante ubicado en el número 11 de la calle Malteses de la capital, decretada en sentencia firme por un incumplimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Anterior (PEPRI) de la zona de Vegueta-Triana, que impedía el uso del inmueble para actividades de restauración.

En su declaración ante Luis Francisco Galván,  titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Muñoz ha defendido su actuación y la de las otras dos imputadas en el caso, Carmen Nieves Martin (directora general de Ejecución Urbanística) y Soledad Cabrera (jefa de seción del área), que decidieron mantener abierto el local cuando la persona que lo explotaba en ese momento (año 2011) presentó un recurso contra la resolución del Ayuntamiento que ordenaba la paralización de la actividad. Una resolución que no hacía sino cumplir con lo ordenado meses antes por el Juzgado de lo Contencioso nmero 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

En opinón de Felipe Campos, abogado de Josefa Sánchez, presidenta de la asociación de vecinos de Vegueta-Triana y denunciante del caso, el alto funcionario hace una interpretación "grotesca" de la doctrina fijada en 1984 por el Tribunal Constitucional, que establece que la ejecución de los actos administrativos quedará paralizada cuando el afectado recurra en los juzgados y solicite la suspensión cautelar de la medida.

Campos recuerda que en esta ocasión no se trata de un acto administrativo, sino de una resolución judicial firme y que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de la capital dictó hasta cuatro providencias en las que solicitaba que se ejecutara el cierre.  El letrado se muestra sorprendido de que el jefe de servicio declarara ante el juez que este tipo de actuaciones son "práctica habitual en el Ayuntamiento". "Me parecería preocupante que de forma sistemática no cumplieran la sentencia", asevera Campos.

Ninguno de los tres imputados por  los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa quiso responder a las preguntas formuladas por el abogado de Sánchez, que ha retirado la acusación contra Soledad Cabrera, porque acreditó que sólo había firmado una resolución en sustitución de Gonzalo Muñoz.  En cambio, pedirá que sea llamado a declarar como imputado otro funcionario de la corporación, Alejandro Machín, que fue quien elaboró el informe en el que se basó el Ayuntamiento para paralizar el precinto del restaurante.

Para Campos, es "llamativo" el silencio de los altos funcionarios, que "tendrían que responder de su gestión como servidores públicos que son".

Antecedentes

En su comparecencia de este viernes, Gonzalo Muñoz reconoció que fue él quien otorgó la licencia de apertura al restaurante de la calle Malteses en abril de 2008 y que, para ello, tuvo en cuenta el planeamiento municipal y un informe técnico favorable. El expediente "fue tramitado conforme a la normativa establecida", defendió el funcionario.

Josefa Sánchez, como presidenta de la asociación de  vecinos de Vegueta-Triana, interpuso una denuncia que fue estimada por la Justicia, que anuló la licencia en una sentencia que se convirtió en firme en febrero de 2011. El 15 de julio de ese año, Gonzalo Muñoz ordenó la paralización voluntaria de la actividad en un plazo de 48 horas,en una resolución que fue recurrida en los juzgados por el propietario del local, lo que motivó la paralización, tan sólo quince días después, del precinto del local. 

Gonzalo Muñoz considera que el Ayuntamiento "dio cumplimiento" a la sentencia al anular la licencia de apertura.

En noviembre de 2011, el jefe de servicio elevó un escrito al juzgado en el que exponía una serie de trabas para ejecutar el cierre. "Nos encontramos en presencia de una actividad de restaurante, en donde existen alimentos almacenados, maquinaria para la conservación de los alimentos, tales como neveras y congeladores, aparatos de ventilación tales como sistemas de aire acondicionado y renovación de aire, eñementos utilizados para la cocción de alimentos, tales como hornos, cocinas y campanas de extracción, así como residuos provenientes de la elaboración de alimentos, tales como aceites y desperdicios de diversa naturaleza, los cuales no pueden quedar en el interior del local por simples razones de seguridad y salubridad", manifestaba.

El restaurante cerró finalmente sus puertas en enero de 2012.

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