La Audiencia reabre una causa por estafa contra la dueña de la agencia de viajes denunciada en Gran Canaria

La Audiencia de Las Palmas ha ordenado reabrir una causa por estafa contra la propietaria de la agencia de viajes Aray Tours Canarias, que está ubicada en el centro comercial San Fernando de Maspalomas (sur de Gran Canaria) y que en esta última semana ha sido noticia por dejar colgados a decenas de clientes que habían contratado sus servicios para visitar La Palma con motivo de la fiesta de Los Indianos.

La causa penal no guarda relación con estos últimos hechos, sino con la denuncia de otros cinco afectados que a finales de 2023 contrataron con la agencia un paquete para viajar en crucero por el Mediterráneo en septiembre de 2024. Estos clientes pagaron cantidades que oscilaban entre los 2.880 y los 4.560 euros y apenas han podido recuperar entre 500 y 950, según el auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

El archivo inicial

El antiguo Juzgado de Instrucción 4 (ahora llamado Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) de San Bartolomé de Tirajana había archivado en julio de 2025 la denuncia contra la dueña de la agencia de viajes al entender que no había quedado “suficientemente acreditada la perpetración del delito de estafa”. Los afectados recurrieron en apelación a la Audiencia, que ha reabierto la causa.

Según los denunciantes, tras cobrar 17.670 euros, la dueña de Aray Tours les comunicó que el crucero se había cancelado porque varias personas habían anulado su reserva. A pesar de ello, la socia y administradora única de esta agencia de viajes, constituida en 2014, no les había devuelto el dinero o lo había hecho solo en parte: 950 euros a uno de ellos y 500 a otros dos.

En su declaración ante la jueza instructora, la investigada admitió la deuda contraída con los clientes y defendió que el viaje contratado no pudo llevarse a cabo “al no haberse podido cumplir el cupo mínimo establecido para su salida” y que había ofrecido a los denunciantes “otra alternativa de viaje”.

La magistrada no apreció en su actuación “ni el engaño relevante ni el ánimo de lucro” propios del delito de estafa, por lo que decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Para la instructora, la controversia debía resolverse en los juzgados de lo civil al no revestir, a su juicio, “la gravedad e intensidad justificadora de la aplicación del derecho penal”.

La reapertura de la causa

En cambio, para la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas sí hay indicios suficientes para continuar la causa e investigar a la propietaria de la agencia por un presunto delito de estafa.

En el auto de reapertura, dictado el lunes 9 de febrero y notificado a las partes el jueves 12, la Sala, con el magistrado Francisco Luis Liñán como ponente, sostiene que las comprobaciones realizadas por la Policía Nacional de Maspalomas “desvirtúan la versión de los hechos” que ofreció la investigada ante la magistrada instructora.

La policía judicial recabó información de la naviera que debía prestar el servicio. Las pesquisas revelaron que, de los cinco viajes contratados con la agencia, sólo uno disponía de código de reserva o localizador y, además, había sido cancelado por la empresa de cruceros en agosto de 2024 “por falta de pago”.

“No existió desde el primer momento verdadera disposición por su parte (de la dueña de la agencia de viajes) al cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus clientes, (...) debiendo considerarse que la falta de realización de los viajes contratados con la agencia que ella representaba obedeció a su exclusiva voluntad, habiéndose generado tanto un beneficio para su persona como un perjuicio para los denunciantes”, recoge el auto.

La Audiencia subraya “la evidente diferencia” entre las explicaciones que ofreció la investigada ante la instructora y las de la compañía naviera sobre los motivos por los que no se prestaron los servicios contratados.

La Sala revoca el auto de archivo y ordena al juzgado de instrucción continuar la tramitación de la causa y practicar las diligencias necesarias para “preparar el juicio de acusación propio de la fase intermedia” o bien “los trámites del procedimiento abreviado”.

Penas de cárcel

El delito de estafa se castiga con penas de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la condena, se debe tener en cuenta “el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción”, recoge el auto.

En este caso, añade la resolución de la Audiencia de Las Palmas sobre la base de “la narración de los hechos que hacen los denunciantes”, el presunto delito de estafa se habría cometido de manera contunuada, “por haber llevado su autora, supuestamente, varias acciones en distintos momentos y contra diferentes víctimas, aprovechando siempre similares ocasiones y circunstancias y dando lugar en cada una de ellas a una infracción penal independiente”.

Los mensajes

Junto a la denuncia que dio origen a esta causa penal, los afectados aportaron como prueba la cadena de mensajes que intercambió la propietaria de la agencia de viajes con un afectado. “Tengo que hablar contigo, tengo un problemón grande. Bueno, más que problema, buscar una solución. Pásate por aquí cuando cierres”, escribió la investigada la mañana del 13 de septiembre, once días antes de la fecha prevista de inicio del crucero.

Cuatro días después, el 17 de septiembre, el cliente ya le estaba preguntando por la devolución del dinero: “Confié en ti y llevo dos días descolocado... Necesito saber algo”.

A partir de ese momento, se inicia un intercambio de mensajes constante entre empresaria y cliente. “A más tardar mañana necesitamos el dinero. Estamos sin vacaciones y sin dinero”, escribió el 19 de septiembre. La investigada le prometió que le devolvería al menos 2.000 euros.

Sin embargo, dos días después apenas había devuelto 750 euros. “Estamos de vacaciones, sin dinero y sin destino. Dijiste que nos ingresarías 2.000 más que sea para olvidarnos de esta pesadilla. Necesitamos el dinero”, insistía.

Esos mensajes se fueron repitiendo mientras la dueña de Aray Tours contestaba con evasivas: “Hoy tiene que entrar dinero y te ingresaré”, “amigo, estoy en ello”, “me estoy moviendo”... “Estoy ahora mismo sin capital con clientes que tienen que salir y pagando de un dinero que no es mío. Yo jamás te vacilaría. No sabes cómo lo estoy pasando yo... cada vez que me entran pagos me acuerdo de ti”, dice en otro de los mensajes de WhatsApp.

El último mensaje lo envía el 20 de noviembre, tras el pago de otra pequeña cantidad (poco más de 200 euros). Ahí reconoce que le falta por devolver cerca de 3.000 euros.

Ventas posteriores

La dueña de la agencia siguió ofertando paquetes de viajes con posterioridad y repitió el modo de operar, tal y como han denunciado recientemente los clientes que no pudieron viajar a La Palma tras contratar sus servicios.

En una comunicación remitida por escrito a algunos clientes la pasada semana, la investigada habla de una “quiebra financiera” de la empresa. Dice ser “plenamente consciente de las molestias e incertidumbre” generadas a los afectados y estar trabajando “intensamente” para reunir los fondos necesarios para devolver el dinero.

“La única persona que actualmente puede facilitarnos el capital necesario realizó ayer la solicitud formal correspondiente y nos encontramos a la espera de respuesta (...) La prioridad absoluta es solventar esta situación a la mayor brevedad posible y responder con responsabilidad ante todos nuestros compromisos”, concluye en ese escrito.