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La CUP y CSQEP quieren limitar el alquiler abusivo al 30% de los ingresos de los hogares

Los dos partidos han presentado una lista de enmiendas al proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión residencial

Junts pel Sí propone redactar en nueve meses una ley contra el alquiler abusivo

El debate final de la ley tendrá lugar en el pleno del 20 de diciembre

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Cercavila contra els desnonaments a Nou Barris / ENRIC CATALÀ

Manifestación contra los deshaucios en Nou Barris Enric Català / Barcelona

La CUP y Catalunya Sí que es Pot (CSQEP) quieren fortalecer el proyecto de ley de emergencia habitacional que está preparando el Parlament de Catalunya, sobre todo en referencia a aquellos puntos que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional (TC). Con este objetivo, los grupos de izquierdas han planteado una serie de enmiendas este miércoles en rueda de prensa. Como principal demanda, han planteado que la Generalitat considere como alquiler abusivo aquel que supere el del 30% de los ingresos del hogar donde se ubica.

"Ninguno de los artículos tumbados por el Tribunal Constitucional es irrenunciable", ha dicho Joan Garriga de la CUP, que ha asegurado que "hay que renovar la voluntad política de la ley 24/2015 a partir de las carencias que ven y las aportaciones que hacen las entidades". Por eso, en la lista de enmiendas presentadas hoy en rueda de prensa, también se han añadido las demandas de las entidades sociales y del tercer sector. Joan Garriga y el líder de CSQEP, Lluís Rabell, han dividido las enmiendas en tres grandes ámbitos: emergencia habitacional, alquiler abusivo y mecanismos para incidir en los procesos de desahucios.

En las enmiendas presentadas han planteado que la Generalitat considere como alquiler abusivo el alquiler de una finca urbana destinada a la vivienda habitual que suponga para el arrendatario un "esfuerzo económico superior al 30% de los ingresos de los hogares del municipio donde ubica"."Tres de cada cuatro pisos de alquiler pasan los 1.000 euros al mes y eso es una de las principales causas de gentrificación en la ciudad de Barcelona", ha valorado Rabell.

El diputado de CSQEP ha puesto como ejemplo de este fenómeno Ciutat Vella, donde asegura que cada mes se van a un centenar de personas. Ambos partidos han destacado que la ley debería recoger el concepto de "alquiler abusivo" e incluir medidas para regularlo. Según Rabell, en Barcelona "la mayoría de desahucios son por impago del alquiler" debido "a la fuerte presión especulativa" que vive la ciudad, ahora mismo similar a la de ciudades como Paris o Berlín.

En esta línea, Junts pel Sí (JxSí) ha propuesto, mediante un comunicado, redactar en nueve meses una ley contra el alquiler abusivo y que facilite el acceso a la vivienda de alquiler "garantizando la seguridad y la estabilidad en la relación contractual". Por lo tanto, aunque la CUP y CSQEP quieren que sea la ley de emergencia social la que regule los alquileres abusivos, JxSí valora que no es necesario incluirlo en esta norma sino hacer una nueva ley catalana centrada únicamente en esta problemática.

Para hacer frente a la emergencia habitacional, los dos diputados proponen "definir las políticas destinadas como interés general". Esto implicaría incluir "partidas abiertas" a los presupuestos para hacer frente a los desahucios y dar cobertura a necesidades no esperadas en un primer momento, uno de los puntos más polémicos.

También se quiere dotar de mecanismos para poder incidir en los procesos de desahucio a las administraciones. Para ello, se propone que las administraciones puedan acreditar la situación de vulnerabilidad de las personas en riesgo de perder la vivienda habitual y que, así, puedan pedir suspender o aplazar el desahucio.

Problema competencial

CSQEP y la CUP también han pedido que las entidades financieras asuman parte de los costes de realojamiento en caso de un desahucio "como responsables directos". Con las enmiendas también se quiere regular las ocupaciones de viviendas y facilitar que se conviertan en vivienda habitual y luchar contra "las mafias" que ocupan y realquilan pisos vacíos a las familias.

Uno de los principales problemas que han reconocido los diputados es competencial. Garriga ha defendido las sanciones administrativas a grandes tenedores de vivienda y pisos vacíos, pero ante la pregunta de quién debería aplicarlas, Rabell ha explicado que se trata más "de un deseo que de una realidad". Ambos, sin embargo, han coincidido en la necesidad "de un gran parque público de alquiler social para modular el mercado, sino todo lo demás serán políticas de contención".

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