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La Generalitat abre expediente sancionador a Gas Natural por el caso de la anciana de Reus

El Ejecutivo asegura que las alegaciones presentadas por la empresa no son suficientes para impedir el expediente

La Generalitat expuso en junio que aún trabajaba en los protocolos para "evitar dudas" en las eléctricas y servicios sociales en la protección de personas vulnerables

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Concentración en plaza Sant Jaume para exigir la aplicación de la ley 24/2015

Concentración en plaza Sant Jaume para exigir la aplicación de la ley 24/2015 Robert Bonet

El Govern ha confirmado este miércoles, después de recibir la documentación por parte de Gas Natural, que abre un expediente sancionador a la compañía por el caso de la anciana fallecida en Reus la semana pasada. Según ha explicado el secretario de Empresa del Govern, Joan Aregio, los hechos son "muy graves" y "no hay justificación por haberle cortado el suministro eléctrico". En este sentido, Aregio ha añadido que las alegaciones presentadas por la empresa no son suficientes para impedir el expediente porque "no justifican" el corte de luz a la anciana, que Aregio ha calificado de "indebido". El expediente podría acabar en una sanción de 10.000 a un millón de euros.

El Govern y Gas Natural vienen manteniendo desde hace una semana interpretaciones opuestas de la ley contra la pobreza energética en el caso de la mujer de Reus. Las diferencias versan sobre si la compañía incumplió la norma al no informar a los servicios sociales de Reus antes de cortar la luz a la anciana. Esta es la hipótesis del Govern, por lo que ha abierto un expediente sancionador. La compañía asegura que no fue avisada del caso de la anciana y que el Ejecutivo no ha formalizado los protocolos para desarrollar la ley.

En este sentido, la agencia Efe ha avanzado el contenido de un acta de la reunión de de la mesa de vivienda y pobreza energética del pasado mes de junio en la que la directora de la Agencia Catalana del Consumo, Montserrat Ribera, expuso que el Govern aún trabajaba en los protocolos que debían "evitar dudas" en las eléctricas y servicios sociales en la protección de personas vulnerables.

En el documento, que ha podido contrastar este medio, el Govern expuso que se estaba "trabajando" para desarrollar los protocolos del artículo seis contra la pobreza energética. El texto de la ley dice que se tiene que "establecer un protocolo obligado" de comunicación por parte de las empresas a los servicios sociales antes de proceder a los cortes de suministro.

Dicho protocolo, a día de hoy, todavía no se ha concretado porque las negociaciones entre Govern y empresas eléctricas se mantienen encalladas. El conseller de Empresa, Jordi Baiget, explicó la semana pasada que ha habido 25 reuniones y que el Govern ha hecho 3 propuestas de acuerdo, pero que por el momento no han podido firmar ningún convenio con compañías de gas y electricidad (aunque sí con las de agua). Este miércoles Aregio ha avisado que la Generalitat "no negociará eternamente" con las eléctricas.

El caso de Reus ha marcado la reunión de este miércoles de la mesa de vivienda y pobreza energética. Las entidades sociales, encabezadas por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), han reclamado al Ejecutivo inspecciones de oficio a las empresas suministradoras y que haga público si las compañías incumplen la ley contra la pobreza energética.

"Hace falta que se cumpla la ley para que no vuelva a pasar otra vez lo de Reus", ha afirmado la portavoz de la APE, Maria Campuzano, que ha vuelto a reclamar la máxima sanción –un millón de euros– para la compañía por este caso. .

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