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La Fiscalía pide al Constitucional abrir otra vía penal contra Forcadell

La presidenta del Parlament ya está investigada por desobediencia y prevaricación por permitir una votación independentista en julio

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Judici Carme Forcadel. TSJC

Carme Forcadell ©SANDRA LÁZARO

Carme Forcadell está a un paso de verse  de nuevo implicada en una causa penal por su actuación como presidenta del Parlament. La Fiscalía ha pedido al Constitucional que le remita el incidente por desobediencia abierto a la Mesa de la Cámara en relación con la votación sobre el referéndum del debate de política general.

Esto significa el paso previo a una querella contra los implicados, que en este caso serían los miembros de la Mesa que permitieron que se tramitase y se votara la resolución del debate de política general en la que se prevé celebrar un referéndum este año. Además de Forcadell, fueron los otros tres representantes de JxSí en la Mesa –Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet– y el de CSQP, Joan Josep Nuet.

La Fiscalía considera que los cinco permitieron la tramitación y votación de la hoja de ruta soberanista aunque sabían que el TC la había suspendido y que los grupos parlamentarios del PSC, PP y Ciudadanos les advirtieron que podían estar cometiendo una ilegalidad, ha avanzado este miércoles La Vanguardia. "Denunciamos la persecución del Gobierno del PP a los políticos catalanes por sus ideas", ha dicho Nuet.

El alto tribunal suspendió cautelarmente –el pasado 15 de diciembre– la resolución del Parlament de Catalunya que prevé un referéndum en 2017, al haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.

En la tramitación de ese incidente el TC pidió alegaciones a la Fiscalía, y es en su respuesta a esa petición en la que el ministerio público señaló la posible desobediencia. El TC pidió también sus alegaciones a los afectados: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el resto de miembros de la Mesa; el secretario general de la cámara; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los demás integrantes del Ejecutivo catalán.

A todos ellos les advertía el TC de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibía de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Es decir, les advertía de que, de no asumir la suspensión del referéndum, podrían incurrir en desobediencia.

En sus alegaciones el fiscal señala que el alto tribunal debe deducir testimonio de los hechos, lo que supondría enviar la causa al ministerio público y que muy probablemente éste presentara una querella como la que ya presentó contra Forcadell en el anterior incidente por desobediencia al TC abierto por actuaciones del Parlament. El TC no ha recibido todavía las alegaciones de las defensas y no hay ninguna decisión adoptada, paso imprescindible para que la fiscalía, eventualmente, actúe.

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