Embajadora española en Bélgica alerta de “amenazas” en ámbito ciberseguridad

La embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste, defendió hoy la necesidad de “compartir visiones” entre instituciones y empresas dedicadas a la ciberseguridad ante “las amenazas que afrontamos”.

“El mundo digital tiene una cara hostil, existen atacantes ocultos”, aseguró Yuste, quien entiende que “salvaguardar la seguridad de nuestras infraestructuras tecnológicas” es una “cuestión crítica”.

La embajadora presentó hoy la Jornada de Ciberseguridad celebrada en Bruselas, que buscaba reunir a empresas españolas de este sector con potenciales clientes tanto a nivel institucional como corporativo.

“La tecnología digital se abre paso cada día en más ámbitos de nuestras vidas”, señaló Yuste, quien recordó que, en el marco de la “sociedad digital”, ha habido “un incremento del 300 % en los casos de ciberdelincuencia desde 2015”.

En paralelo, la embajadora española en Bélgica destacó que a lo largo de 2016 “el 42 % de las empresas realizaron ventas 'online', lo que supuso el 23 % de sus ingresos”.

El objetivo principal de esta jornada es poner en contacto a las empresas españolas con el mercado de la ciberseguridad en Bélgica, un país que, según Yuste, “tiene un presupuesto por debajo de la media de la Unión Europea (UE) en esta área, por lo que hay una demanda que la oferta local no puede asumir”.

Por su parte, las empresas españolas dedicadas a este sector tienen un volumen de negocio de 600 millones de euros y “tenemos que seguir facilitando el intercambio de empresas españolas con interlocutores en Bélgica, ahora que los medios españoles han puesto aquí su foco”, afirmó Yuste.

También destacó la importancia de los avances en ciberseguridad por parte de la UE y las consideraciones emitidas ayer por el Consejo Europeo, donde se pidió aplicar “los más altos estándares” a la hora de poner en marcha un certificado europeo de ciberseguridad.

En este sentido, el responsable de Tecnología de Ciberdefensa de la Agencia de Defensa Europea (EDA por sus siglas en inglés), Salvador Llopis, llamó a las empresas españolas a contribuir “en la investigación europea en materia de Defensa”.

Llopis aseguró que para la EDA y la Comisión Europea (CE) la ciberseguridad es “una prioridad” a la hora de abordar conversaciones con los Ministerios de Defensa de los Estados de la UE.

El jefe de proyecto de la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea, Rafael Tesoro, defendió la necesidad de desarrollar formas de responder “ante ataques tanto cibernéticos como físicos sobre infraestructuras críticas”.

“La ciberseguridad es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa”, sentenció Tesoro, que también llamó a las empresas españolas a colaborar en los proyectos de la Comisión relativos “a la seguridad digital de sectores clave como las finanzas o la sanidad”.

Por su parte, el representante de la Agencia de Comunicaciones e Informaciones (NCIA) de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Vicente Pastor, hizo un recorrido por las oportunidades de negocio que esta ofrece.

“A pesar de exigir unas condiciones muy estrictas, tanto la OTAN como la NCIA en particular ofrecen periódicamente diversos contratos”, apuntó Pastor, quien destacó que éstos “también permiten establecer contacto con diferentes autoridades nacionales”.

A lo largo de la jornada también intervinieron representantes de ocho empresas españolas con actividades en el sector de la ciberseguridad: Avascloud, Everis, Indra, Innotec, Blueliv., One eSecurity, S2 Grupo y Tango 04.

Además de presentar sus proyectos, las compañías trasladaron un diagnóstico unánime de la realidad de la seguridad digital, señalando que las amenazas ya no son individuos aislados, sino grupos organizados y destacando la necesidad de prevenir los ataques, no limitarse a reaccionar ante ellos.

En este sentido, el representante de Blueliv, Borja Rosales, alertó de que se tarda una media de 146 días en descubrir una brecha de seguridad en una empresa y, en el 81 % de los casos, “las compañías que han sido atacadas se enteran a través de un tercero”.

“El coste medio de una brecha de seguridad es de 3,62 millones de euros, por lo que es fundamental trabajar en la prevención y mitigación de estos efectos”, concluyó Rosales.