Egipto juzga a los testigos de la muerte de una conocida activista en una marcha pacífica
La muerte de la activista Shaimaa Al Sabagh a manos de la Policía en la víspera del cuarto aniversario de la revolución egipcia recordó, una vez más, la violencia de las fuerzas de seguridad en Egipto. Pero, además, su caso ha puesto en evidencia la connivencia de las autoridades, que han intentando proteger al policía que presuntamente le disparó y han sentado en el banquillo de los acusados a los testigos del fallecimiento, los cuales ahora podrían acabar en la cárcel.
Shaimaa Al Sabagh falleció el 24 de enero, cuatro años después de la revuelta del 2011, cuando iba a depositar unas flores en conmemoración de las cientos de personas que perdieron la vida durante las protestas que acabaron con la dictadura de Hosni Mubarak. La activista política y poetisa fue abatida en las cercanías de la icónica plaza Tahrir de El Cairo, cuando la Policía dispersó una pequeña marcha organizada por su partido, la Alianza Popular Socialista.
La imagen de Shaimaa, ensangrentada y moribunda, transportada en brazos por otro manifestante, dio la vuelta a las redes sociales y puso de nuevo en entredicho la actuación de las fuerzas de seguridad egipcias, que vuelven a tener carta blanca bajo el mando del presidente Abdel Fatah Al Sisi.
La ley antiprotestas, emitida poco después de la llegada al poder del mariscal en julio de 2013, permite a la Policía dispersar por la fuerza cualquier manifestación no autorizada y prevé el uso de balines de fogueo, que fueron precisamente los que acabaron con la vida de Shaimaa, según el informe médico forense. La joven mujer y madre de 33 años recibió el impacto de los perdigones en la espalda desde una corta distancia –entre 3 y 8 metros según el forense–, lo cual le provocó una hemorragia en el corazón y los pulmones, causándole en última instancia la muerte.
El Ministerio del Interior trató de negar el papel de sus hombres en la muerte de Shaimaa desde el primer momento, pero finalmente un oficial de la Policía fue acusado y el juicio contra él se abrió el 10 de mayo en El Cairo. Al teniente primero Yasín Salahedín se le acusa de homicidio involuntario, por haber herido a Shaimaa, lo cual la llevó posteriormente a la muerte. El oficial ha negado todos los cargos que, según los abogados y activistas, están formulados para que el castigo sea suave y, sobre todo, para que no sea reconocida la responsabilidad y voluntad de la Policía en la muerte de manifestantes.
Manifestantes y testigos, al banquillo
Talaat Fahmy, secretario general de la Alianza Popular Socialista, relata cómo unos 20 miembros del partido bajaron a la calle aquella fatídica noche, con la intención de depositar unas flores por los “mártires” de la revolución, en una rotonda adyacente a la plaza Tahrir.
“Yo mismo me acerqué al jefe de la unidad antidisturbios, me presenté y le expliqué lo que queríamos hacer. En cuanto me di la vuelta, la Policía empezó a cargar contra nosotros, y a disparar de forma indiscriminada: todos salimos corriendo y buscamos refugio, varios fueron heridos y vi que Shaimaa estaba tendida en el suelo sangrando”, cuenta.
Fahmy volvió entonces a acercarse al cordón policial y suplicó que llamaran a una ambulancia para socorrer a los heridos, y en ese momento fue arrestado. “Me retuvieron durante dos días junto a otras cinco personas: todos teníamos en común que habíamos intentado ayudar a Shaimaa, desde el compañero que la cargó en brazos, hasta un doctor que acudió en su auxilio”. A todos se les acusó de estar participando en una protesta “ilegal”, al igual que a otros miembros del partido y testigos presenciales, hasta un total de 17 personas, que se presentaron posteriormente a testificar de forma voluntaria. El pasado 9 de mayo se abrió el juicio contra ellos, que será probablemente largo, y en el que podrían ser condenados a penas de varios años de cárcel.
El enjuiciamiento de los testigos ha levantado una gran controversia en Egipto, donde los activistas y opositores denuncian que el sistema jucidial está sometido a los mandatos del régimen de Al Sisi, protegiendo sus intereses y usando la ley para aplastar cualquier disidencia. Si bien todos los casos por la muerte de manifestantes en los pasados cuatro años han sido polémicos, debido a la clara voluntad de obstaculizar la investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad, nunca antes había ocurrido que los testigos acaben siendo acusados formalmente por la Fiscalía General.
Entre los que han caído en esta trampa legal, se encuentra Azza Suleiman, una conocida abogada pro derechos humanos y de las mujeres que, por pura casualidad, se encontraba en el centro de El Cairo cuando la Policía disparó a Shaimaa. Suleiman presenció los hechos y decidió acudir a comisaría para denunciarlos, sin imaginar que acabaría ella misma en el banquillo de los acusados.
“Los cargos contra mí son absurdos”, dice Suleiman con una amplia sonrisa y mostrando fortaleza, poco antes de la apertura del juicio contra ella y los otros 16 testigos. “Estoy segura de que la Policía mató a Shaimaa, pero no puedo reconocer al agente que le disparó porque llevaba la cara cubierta (por un pasamontañas)”, explica. Y se pregunta: “¿Por qué la Policía tiene que usar máscaras, por qué quiere atemorizar a la gente?”.
Estrategia de represión contra activistas
Según la abogada, la Policía busca mandar un mensaje muy claro a cualquier testigo que quiera contar la verdad y testificar en contra de los agentes. Aún así, Suleiman se dice dispuesta a llegar hasta el final, no por ella misma sino para que se haga justicia. “Este caso es dramático porque demuestra que ahora mismo en Egipto no tenemos Estado de Derecho, no existen instituciones que cumplan y hagan cumplir la ley”, dice la abogada.
Aunque es difícil negar las causas de la muerte de Shaimaa, recogidas no sólo en los informes médicos sino en grabaciones de vídeo –como las analizadas por Human Rigths Watch– y en los testimonios de varias personas, las autoridades egipcias han intentando evitar que se responsabilice directamente a la Policía y han criminalizado de alguna forma a la propia víctima, con la cual se han solidarizado activistas políticos y pro derechos humanos en Egipto y fuera del país, pero no así muchos ciudadanos de a pie. La propaganda del Gobierno y de los medios de comunicación afines han conseguido que muchos egipcios culpen a Shaimaa por haber participado en aquella protesta, provocando la reacción de los antidisturbios, aunque la manifestación fue pacífica en todo momento.
La Fiscalía General impuso el secreto de sumario sobre la investigación, que amenazaba con volver a poner el foco sobre los métodos violentos de las fuerzas de seguridad egipcias: la decisión fue tomada después de que el portavoz de la autoridad forense hiciera unas declaraciones no autorizadas, contradiciendo el informe forense oficial para tratar de exculpar a la Policía. El portavoz aseguró ante las cámaras de TV que Shaimaa había fallecido porque era “demasiado delgada” para soportar el impacto de los balines y que estos proyectiles no podían causar la muerte disparados a esa distancia.
El caso de Shaimaa todavía dará mucho de que hablar porque, tanto el juicio contra el agente que presuntamente le disparó, como el de los testigos de su muerte no han hecho sino empezar, y están fuertemente politizados. A pesar de que el propio presidente Al Sisi prometió que los antidisturbios tendrían que rendir cuentas, todo indica que hay poca voluntad política de que el responsable que mató a Shaimaa sea castigado de forma ejemplar. En cuanto a los testigos, su destino es incierto, tal y como admite Azza Suleiman: “No sabemos qué nos espera, porque la situación es muy confusa y peligrosa ahora mismo en Egipto”.
