“Nos gustaría no tener que multar a los bancos por las viviendas vacías”

José María Vergeles Blanca (Fuente del Maestre, 1969) es uno de los pilares del Gobierno de Guillermo Fernández Vara. Sus carreras políticas van unidas, ha sido el colaborador más estrecho del presidente durante años en materia sanitaria, y probablemente la paridad le privó en 2007, en el primer Ejecutivo de Vara, de ser consejero de Sanidad.

Ahora, en un gabinete más reducido y con todos los departamentos concentrados en cinco personas, le han caído las responsabilidades de gestionar un sistema sanidad con enorme déficit económico, y sobre todo la piedra de toque urgente para todo gobierno socialista en estos tiempos, las políticas sociales.

En esta entrevista habla entre otras cosas de las medidas urgentes y a medio plazo contra la exclusión social, que incluye actuar contra las entidades bancarias que no pongan las viviendas vacías a disposición de un alquiler social, y de un Servicio Extremeño de Salud que tiene una deuda de 430 millones de euros, con una factura de medicinas dispensadas en hospitales que crece de forma desbocada un 20% cada año.

-Usted tiene un perfil médico y de gestor sanitario, ¿cómo recibió la propuesta de añadir el área social?

-Soy un médico de pueblo y estoy acostumbrado a que en las consultas no solo se atienden problemas de salud, también de índole social que han provocado síntomas sanitarios, con lo cual me siento a gusto con la responsabilidad de las políticas sociales. Es un lujazo poder aportar algo, trabajo desde luego, y compromiso para resolver la vida a las personas.

-Tras las primeras acciones urgentes están anunciando una batería de medidas contra la exclusión social, de las que ya han sacado algunas

-Después del análisis que hicimos, y tras reunirnos con colectivos sociales y de afectados, hemos decidido poner en marcha medidas excepcionales, que incumben sobre todo a cuatro ámbitos fundamentales: atención sanitaria para todos, cambiar condiciones de la renta básica, cobertura de necesidades sociales sobrevenidas, y acceso a una vivienda digna.

Todo eso lo metemos en una normativa que permite el trámite parlamentario de urgencia, un decreto ley, pero que sin embargo no exime del trámite de información pública, informe de la abogacía general de la Junta, o del Consejo Consultivo, por lo que no podría estar en el Parlamento antes de finales de noviembre o principios de diciembre.

Por tanto si se aprueba se aplicará el año que viene, y nos dejaba descubiertos tres meses, así que hemos tenido que pintar en el Presupuesto de este año unas partidas, buscándolas de donde no las había y procurando soluciones hasta la llegada del decreto ley, soluciones que son nueva convocatoria de renta básica, con tres millones; mínimos vitales para que la gente no pase frío en invierno, que empieza ya, y una cobertura a contingencias sobrevenidas a las familias.

-¿Y la anunciada Ley de Emergencia Social de la Vivienda?

Además de todo eso, en vivienda tenemos un problema añadido, y se llama que las entidades bancarias tienen viviendas vacías, que les penalizan en sus cuentas de resultados, mientras que en la población extremeña hay sin embargo gente sin casa; lo que proponemos, en una Ley de Emergencia Social de la Vivienda, es decirles a los bancos miren ustedes, el que las tengan vacías y no las vendan o pongan a disposición de la sociedad les va a penalizar, que es lo que vamos a incluir en esa ley, pero con la vocación de no tener que aplicarla, porque no queremos entrar como caballo en cacharrería.

Nos gustaría que en vez de tener que aplicar la ley Emergencia Social de la Vivienda, las entidades bancarias utilizasen el diálogo, lo empezamos de forma colectiva y ahora estamos reuniéndonos con ellas una a una; les contamos la situación, nuestra intención legislativa, y la necesidad de que nos den un inventario de viviendas vacías y qué porcentaje de ellas estarían dispuestas a ofrecer a la Junta para que las gestionásemos y ofrecerlas a los ciudadanos en régimen de alquiler social.

Si eso se produjera, dejaría de haber pisos vacíos, y no tendríamos que usar la ley.

Ahora bien, si algún banco entiende que no debe hacerlo, o de forma mayoritaria así lo entienden, la Administración debe tener algún mecanismo de presión para que entiendan que la sociedad está en una situación muy complicada, y los poderes públicos tienen que hacer uso de su competencia.

-¿Qué mecanismo de presión?

-Una penalización económica de decenas de miles de euros [entre 30.000 y 150.000] a las entidades por viviendas vacías que no entreguen a la Administración. Creo que podríamos absorber un porcentaje elevado de ese parque de viviendas sin uso, dado el número de afectados por ejecuciones hipotecarias. La Sareb es distinto, tiene una fórmula jurídica complicada, dicen que no son un banco, solo una especie de agente inmobiliario, así que estamos usando una técnica jurídica diferente a través de su departamento de responsabilidad social corporativa, para conseguir lo mismo que con el resto de entidades financieras.

Todo esto se ha aplicado en Cataluña recientemente, vamos a tener algunos problemas que limar porque hay antecedentes de declaraciones de inconstitucionalidad en medidas similares de otras comunidades.

-Se puede entender que acuden a esta ley porque no hay entendimiento en las conversaciones previas?

-No, no, no. En la mayoría de los casos hemos tenido muy buena aceptación de las propuestas que hemos hecho. Pero el trámite de una ley de este tipo es complicado, y lo queremos tener cumplido por si tenemos que aplicarla. En este momento el texto lo está analizando la abogacía de la Junta, luego irá a información pública y a Consejo Consultivo.

Nuestra previsión es que el decreto de exclusión social estará a primeros de año, y la ley de Emergencia Social de la Vivienda unos meses después.

-Cuánto costaría ese alquiler?

-Entre 75 y 100 euros, igual que el resto de viviendas sociales.

-La situación que vivimos les obliga a contactar con colectivos que le traen prácticamente la miseria al despacho

-Los datos de la red contra la pobreza, Unicef o Instituto de Estadística nos hablan de una sociedad con mucha desigualdad, que está pasando mucha necesidad, y que viene de un gobierno de derecha que ha satanizado lo público con lo cual la red de protección ha desaparecido.

-¿Impresiona ver tanta pobreza y exclusión?

-Nosotros hemos tenido siempre mucho contacto social, en la oposición hemos procurado hacerlo, ya que fue uno de nuestros errores en la última época de gobierno, que nos despegamos de la sociedad, lo contrario a lo que siempre ha defendido el PSOE. En estos últimos cuatro años de oposición hemos hecho en eso un buen trabajo pero de todas formas te siguen impresionando a diario los casos que te cuentan los afectados para que le resuelvas un problema, con lo que esto se convierte en un ayuda a la desesperada a situaciones particulares.

-En la concertación de toda esta política social también están entrando los empresarios. Generalmente se han pactado con ellas políticas económicas y de inversión, esto otro es destacable.

-Muy agradecidos de que entren en este ámbito. Los empresarios forman parte de la sociedad y queremos una sociedad más igual para que podamos ser más competitivos y productivos, en esa línea veo que están ahora mismo.

-Llevan ya cuatro meses gobernando, ¿sigue pesando la situación que ustedes se encontraron?

-Pesa muchísimo. Parece que en esta era tecnológica el tiempo pasa a ritmo de vértigo, y cuatro meses dan tiempo para hacer mucho, pero en realidad y sin abandonar la idea principal de aplicar la Agenda del Cambio, porque pensamos que ahí estaban las soluciones, ha habido que analizar la situación en la que ha quedado Extremadura después de los cuatro años de gobierno del PP.

Nos hemos encontrado unos Presupuestos irreales, con un porcentaje muy alto comprometido, con mucha deuda, un tiempo medio largo de pago a proveedores, o tasas de déficit, todo eso dificulta poner en marcha todas las medidas que desearíamos a favor de la gente.

-¿Qué les está causando más dolor de cabeza, la emergencia social o la emergencia económica sanitaria?

-La emergencia social requiere una respuesta más rápida, casos que están a la desesperada porque se han quitado trodas las redes de apoyo que tenía la sociedad, desaparecieron por ejemplo las Aise [ayudas a la integración social de emergencia] y no se puso en marcha la renta básica hasta bastante después; eso, asociado a las cifras del paro, sobre todo en algunos colectivos y sin prestaciones, hace que las situaciones sean desesperadas, lo que nos causa problemas en el día a día.

En cuanto a las cifras económicas de la sanidad, el Servicio Extremeño de Salud vamos a cerrarlo con 430 millones de deuda a finales de año, el tiempo medio de pago es de 322 días, y el desequilibrio brutal entre ingresos y gastos de este año nos exige también una respuesta urgente.

-Se les ve muy preocupados con la sostenibilidad económica del sistema sanitario

-Como digo, debemos 430 millones de euros. ¿De dónde viene? Cuando dejamos el Gobierno en el 2011 dejamos una deuda de 150-180 millones, no recuerdo exactamente la cifra. Eso era por un déficit crónico de financiación del sistema nacional y regional de salud, que para todo el Estado eran 15.000 millones, y cuando llegó Rajoy se le pidió una reunión de presidentes, al estilo de la que hizo Zapatero, para solucionarlo, pero no se ha producido con lo cual hemos seguido padeciendo déficit crónico.

Pero además luego vienen dos hechos, el real decreto ley 16/2012 que dio al traste con el concepto y valores del sistema sanitario público español, y ese mismo año se hacen los primeros presupuestos sanitarios de la era Monago, que producen un recorte al Ses del 22%, 200 millones; estos 200 más el déficit de financiación crónico del sistema sanitario han hecho un efecto de arrastre que, aunque se han producido incrementos presupuestarios en Extremadura en los años posteriores, no han sido capaces de tamponar la deuda que se iba provocando año a año. Doscientos de infrafinanciación, doscientos de recorte, y lo arrastrado en años posteriores.

-¿Y eso cómo se arregla?

Con medidas presupuestarias, por ejemplo el año que viene tendremos un 12% más de fondos, que son 150 millones, y vamos a inyectar, para poner al día la deuda, lo que venga del Fondo de Liquidez Autonómica, 248 millones tenemos pedidos, de los cuales 200 irán a la deuda pendiente. Más la utilización de una financiación con los bancos, a intereses asumibles, el confirming, pondremos el tiempo medio de pago a proveedores a 60 días, con el contador de deuda a cero referido a finales de 2014; solo quedaría la deuda de 2015, y así podremos invertir en infraestructuras tras unos años de muy poca inversión.

-En cualquier caso el presidente de la Junta reclama soluciones duraderas

-Defiende que se defina en una conferencia de presidentes qué sistema de salud queremos, y a partir de ahí sabremos cuánto dinero se necesita. Nuestra postura es que esa financiación nunca sea inferior al 7% del PIB nacional, ahora el sistema se financia con el 5,9%. Si ya estaba mal financiado, y en estos cuatro años de Rajoy hemos ido bajando más, el problema es mayor que el que teníamos en 2011.

-¿Es cierto que el propio sistema sanitario tiende a generar siempre déficit, por los avances científicos y tecnológicos que proporcionan continuamente nuevos tratamientos y técnicas muy caras?

-La sanidad viene pidiendo una mejora en la eficiencia de su gestión. A nivel macro, el más político de la gestión sanitaria; a nivel intermedio, y en cada una de las consultas y servicios regionales de salud. Solo en el pago de los salarios, a pesar de tener unos profesionales magníficos y con unos sueldos muy bajitos con respecto a otros países de nuestro entorno, se nos va mucho dinero, que está bien empleado, pero hay otro capítulo a controlar que es el gasto farmacéutico, ya no solo el ambulatorio, el de las recetas que saca la gente en las boticas, sino el que se produce dentro de los hospitales.

El incremento en el primero está en unos niveles que ojalá se mantengan, creciendo el 2% anual, pero el gasto en farmacia hospitalaria no baja del 20% y la mayoría de ese crecimiento es la incorporación de novedades terapéuticas, que una vez aprobadas éticamente tú no se la puedes negar aninguna persona que vaya a conseguir una curación de su enfermedad, y el ejemplo más claro es el tratamiento de la hepatitis C.

-Que ha generado un conflicto

-El ejemplo de la hepatitis está plagado de enseñanzas de las que aprender, y si no lo hacemos no seremos capaces de controlar el gasto. La primera enseñanza es que no se utilizó toda la potencia que Europa tiene para negociar el precio de esos medicamentos frente a una empresa farmacéutica que quería ganar muchísimo más dinero del que había invertido en investigación, una empresa que no está asociada a Farmaindustria porque quiere más que ella.

En segundo lugar, como país y sistema nacional de salud debemos ser más potentes en innovación sanitaria, y no es lo mismo que se investiguen y generen moléculas aquí que en otros países, porque el precio será distinto; en tercer lugar el comité de expertos se constituyó tarde, la decisión de tratar a unos pacientes sí y otros no, no estaba basada en la mejor evidencia científica, y por último nos ha enseñado que el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda no se hablan entre ellos, porque a día de hoy no nos han dicho cómo se paga ese tratamiento, a pesar de que en un consejo interterritorial se dijo que se pagaría.

-Días atrás anunció usted la ampliación de los cuidados paliativos, que ha levantado interés

-Cuando la sanidad no puede curar al menos tiene que cuidar, los cuidados paliativos es acompañar al paciente y su familia de forma integral, no solo el dolor, sino también apoyo emocional, orientarles en el cuidado del enfermo, y el respeto a la espiritualidad de cada uno.

Se trata de hacer que el tránsito en esa fase final de la vida sea lo más digno posible.

Hasta ahora el plan regional de cuidados paliativos incorporaba la atención a los adultos en situación terminal por enfermedades oncológicas, y a partir de ahora queremos incorporar los paliativos pediátricos también en situación terminal, que se está administrando también por cáncer entre niños de hasta 14 años, pero sin incorporarse al plan.

Además hay otra parte de población descubierta de esos cuidados que son los pacientes que llegan a situación terminal por otras enfermedades que no son oncológicas; normalmente son insuficiencia cardiacas terminales, enfermedades respiratorias como la pulmonar obstructiva, o enfermedades neurodegenerativas como las esclerosis o el parkinson muy avanzado.

Antes de terminar 2016 creo que seremos capaces de tenerlo todo eso en marcha.

-Entre tanto problema tendrán satisfacción por reabrir las urgencias sanitarias rurales, ¿no?

-Hoy lunes seremos capaces de reabrir las últimas que se cerraron de forma técnicamente injustificada en 2012, con eso cumplimos el compromiso con la equidad y justicia social, y de forma paralela hemos abierto el diseño de un nuevo mapa sanitario, para que su equipamiento y ubicación se base en criterios científicos y técnicos adecuados, y no se tomen las decisiones como se tomaron cuando se cerraron estos puntos de atención continuada.

-¿Por qué actualizarlo?

-Desde 2008 han mejorado las comunicaciones, la situación sanitaria es distinta, habrá más de unas enfermedades y menos de otras, contamos con dispositivos nuevos como unidades de urgencias y emergencias rurales, tecnologías hospitalarias nuevas…