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Monago convirtió en indefinidos a 72 trabajadores laborales saltándose la Ley de Presupuestos de este año

El consejero Clemente Checa, Monago y Parejo, en la Asamblea de Extremadura / Susana Sauceda

Jesús Conde

El gobierno de Monago ha convertido a 72 empleados en personal indefinido a dos semanas de las elecciones autonómicas.

El Ejecutivo del PP acudió a la vía administrativa para nombrar a estos empleados laborales bajo el nuevo estatus en contra del contenido de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura de 2015.

Es en la disposición adicional duodécima donde los presupuestos elaborados por el propio Gobierno del PP (pg 43) donde se recoge explícitamente que adquirirán la condición de personal laboral indefinido no fijo (el caso de estas 72 personas) el empleado que obtenga dicha declaración “en virtud de sentencia judicial firme”.

Esto quiere decir que el nombramiento realizado por Monago en un Consejo de Gobierno se salta una norma que ha aprobado él mismo en Ley de Presupuestos del Gobierno de Extremadura, y al menos deja ciertas dudas sobre su validez jurídica.

El nombramiento de estos trabajadores no termina de convencer a los sindicatos, si se tiene en cuenta que hay hasta 600 empleados a los que no se les termina por reconocer como indefinidos, según los cálculos de CCOO.

El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho de los empleados de la Junta de Extremadura a ser reconocidos como personal indefinido en varios preceptos, entre ellos llevar más de tres años como personal laboral o si un mismo trabajador tiene dos o más contratos que sumen más de 24 meses en un periodo total de 30.  

UGT ve una clara política discriminatoria en este asunto. Aunque la medida es legal, y lo único que se ha hecho es regularizar su situación, hasta 232 empleados han iniciado desde finales de 2013 una demanda en juzgados a través de este sindicato, para obtener el estatus de indefinidos. Hasta el momento siguen a la espera.

También molesta a las organizaciones sindicales que el Gobierno de Monago no haya hecho publicidad del acuerdo, y que tampoco se haya negociado con los agentes sociales esta medida. Todos estos argumentos añaden aún más misterio al asunto, si se tiene en cuenta que hay trabajadores con más años en la administración (incluso desde 2008) que permanecen a la espera, y no han corrido la misma suerte.

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