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Aluvión de sospechas sobre la Consejería de Economía de Castilla y León

Un juez de Valladolid cita a declarar como imputados a dos cargos públicos y siete técnicos de la Consejería por una supuesta “prevaricación administrativa”.

Las investigaciones buscan concretar si los imputados participaron en dividir contratos de Economía para que no superaran los 18.000 euros y se pudieran adjudicar de forma directa.

El Consejo de Cuentas de esta región, presidido por un dirigente del PP, puso en alerta a la Fiscalía Anticorrupción cuando denunció estos hechos en su informe de 2010.

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BURGOS, 29/11/2011.- El presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, Antonio Méndez Pozo (i); la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal (2i), el consejero de economía y empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva (2d) y el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco (d), momentos antes del almuerzo que han mantenido con empresarios de Castilla y León. EFE/Santi Otero

Tomás Villanueva, consejero de Economía de Castilla y León, entre Alfonso Fernández Mañueco, secretario del PP en la región, y María Dolores de Cospedal.

De repente, los nervios comienzan a aflorar. Las sospechas ya eran una realidad. Pero un Juzgado ha revolucionado la Consejería de Economía de Castilla y León. El Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid ha citado a declarar como testigos a nueve altos cargos de ese departamento por la investigación de una supuesta prevaricación administrativa. Son dos cargos públicos y siete técnicos.

El origen de esta investigación está en el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de 2010, que preside el dirigente del PP de Salamanca Jesús Encabo, y que desveló que en Economía se habían partido determinados contratos para no superar los 18.000 euros con el objeto de que se concedieran por adjudicación directa.

Y es ahora cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a nueve trabajadores con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía, según la información que ha facilitado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El titular de este Juzgado pretende esclarecer “si las citadas personas han tramitado distintos expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública -tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros- han sido divididos en diferentes partes (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse así adjudicar directamente”. 

Será el próximo 24 de abril cuando declaren ante el juez Rafael Llanos Barrocal, que era jefe de Servicio de Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, exdirector general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales de la Dirección General de Comercio; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios, también de la Dirección General de Comercio, al igual que Ana María Lorenzo Fernández, jefe de servicio de dicho departamento; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe del servicio de Análisis Económico de la Dirección General de Economía; y Víctor Valverde Gómez, que era director general de Economía cuando se pudieron haber cometido esas supuestas irregularidades.

Y la investigación judicial partió de una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tras la autoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los mismos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.

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