El Defensor del Pueblo pide un proyecto “racional” para la senda costera
El Defensor del Pueblo ha dado por finiquitada su investigación en torno a las obras ejecutadas en la senda costera de Santander que discurre entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar. Una vez recabada toda la información, la institución no hace mención a que se hayan detectado irregularidades en la tramitación del proyecto aunque el informe sí da un tirón de orejas a las administraciones y a la empresa constructora por algunos excesos cometidos a la hora de llevar a cabo los trabajos.
En un escrito firmado el 28 de octubre, al que ha tenido acceso este diario, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, insta a la Demarcación de Costas a que la redacción de las modificaciones atiendan a “un uso racional del litoral y la conservación y mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos”.
Recuerda, además, que este principio no sólo se contempla en el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral elaborado por el Gobierno de Cantabria sino que también está incluido en el Convenio Europeo del Paisaje. En este sentido, manda un 'recado' a la Demarcación de Costas, que había alegado, que el Plan de Sendas del Ejecutivo cántabro, que establece una “intervención mínima”, era posterior a la aprobación del proyecto. Y a la hora de garantizar el uso seguro de la senda, Becerril pide que se “seleccionen aquellas alternativas de actuación que supongan una menor afección para el entorno”.
Por su parte, en los escritos remitidos por Costas al Defensor del Pueblo, la administración dependiente del Ministerio de Medio Ambiente informa de que retirará “la mayor parte del vallado, manteniéndolo en aquellas zonas en las que el Ayuntamiento de Santander lo considere como imprescindible si bien se modificará su tipología para su mejor integración visual”.
También recuerda que no podrá redactar un nuevo proyecto hasta que sea aprobada la liquidación de las obras con la anterior contratista y se compromete nuevamente a presentar el mismo a la mesa constituida por el Consistorio santanderino en la que está integrada todos los agentes implicados.
En el repaso de los hechos, que se retrotraen hasta el año 2004, cuando se aprobó el plan, Costas destaca que el proyecto fue sometido a información pública y que era compatible con el Plan de Ordenación del Litoral (POL). Igualmente, señala que no era necesaria la licencia municipal, así como que la obra requería un informe específico pero no un procedimiento reglado de impacto medioambiental. A este respecto, subraya que la valoración ambiental del proyecto se incluye en la propia memoria, respondiendo con ello al primer informe del adjunto del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, quien cuestionaba que el proyecto no estuviera sometido a un “análisis de impacto”.
No obstante, Costas reconoce “disfuncionalidades” en la ejecución de la obra, como las pantallas de protección de la senda de cara al mar o los diversos tramos de pasarela, una afirmación que comparte el informe remitido por la Consejería de Medio Ambiente, que cree que se podría haber minimizado el impacto de las pasarelas si hubieran sido construidas “enrasadas al terreno y con menor anchura”. Por ello, hace constar que algunas de las soluciones ejecutadas difieren de las propuestas planteadas en el Estudio de Alternativos elaborado por los funcionarios.
Así, la Consejería concluye que “el proyecto definitivo ha recogido la mayor parte de las consideraciones realizadas aunque la solución adoptada para las pasarelas sobre grietas podría haberse resuelto con facilidad de una manera más integrada en el entorno”.
El Defensor del Pueblo abrió expediente en diciembre de 2014 después de que la Asamblea en Defensa de la Senda Costera le solicitara amparo ante la falta de receptividad de sus peticiones por parte de las administraciones públicas. Tras recibir la conclusión del informe, la plataforma ciudadana insistirá en que se tenga en cuenta toda la normativa vigente de protección de medio ambiente a la hora de elaborar el nuevo proyecto y requerirá que, dado el alto valor paisajístico de la zona, de realice un informe de impacto medioambiental a pesar de no ser legalmente necesario.
Del mismo modo, reclaman conocer el coste final del proyecto original una vez liquidado y el coste para el nuevo proyecto, estableciendo la comparación con el reflejado en plan de sendas.
