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El Supremo archiva por prescripción la causa contra Diego por presunto cohecho

La Sala de lo Penal destaca que "no existen indicios" de que Aquagest pagara la estancia en un hotel de lujo al presidente de Cantabria por sus actos o capacidad de influencia.

El auto defiende que "un hipotético delito de cohecho" regulado en el Código Penal "estaría prescrito a los tres años".

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Ignacio Diego, durante su declaración en el Parlamento por el caso Aquagest.

Ignacio Diego, durante su declaración en el Parlamento de Cantabria por el caso Aquagest.

El Tribunal Supremo ha archivado por prescripción la causa abierta por un presunto delito de cohecho contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y el consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, en relación al abono por parte de la empresa Aquagest, investigada en el 'caso Pokemon', de una estancia en un balneario de Oviedo en agosto de 2010 a ambos políticos, que entonces eran presidente y portavoz del PP cántabro, así como diputados autonómicos.

La Sala de lo Penal destaca que "no existen indicios" de que el posible regalo o dádiva fuera realizado por la empresa en atención a un acto concreto de los políticos, a su capacidad de influencia o decisión o a su condición de diputados. "En los hechos expuestos no se describe ningún acto individualizado de los aforados que guarde relación con el pago de su estancia en el hotel", asegura en su escrito.

En este sentido, los magistrados destacan que la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -que instruye el 'caso Pokemon'- no aporta este tipo de indicios, algo que exigía el tipo penal en el momento en el que ocurrieron los hechos para la comisión de un supuesto cohecho no vinculado a un concreto acto u omisión de un cargo público, sobre lo cual tampoco existen indicios.

"No existen indicios de la relación causal exigida por el tipo penal, más allá de la realidad evidente de que los aforados eran cargos públicos cuando se les pagó la estancia en el hotel", prosigue el auto, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, para dejar claro que, en cualquier caso, "un hipotético delito de cohecho" regulado en el artículo 426 del Código Penal "estaría prescrito".

La Sala Segunda recuerda que ese delito prescribía a los tres años, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupción de la prescripción en la fecha de la exposición razonada de la juez de Lugo -noviembre de 2014-, habrían transcurridos más de tres años desde la estancia de ambos políticos en el balneario.

Intereses en Cantabria

Según la exposición razonada remitida por el Juzgado de Lugo, la empresa Aquagest, con "relevantes intereses" en Cantabria, desarrollaba presuntamente una política empresarial, según la cual sobornaba a autoridades políticas y funcionarios con el objetivo de lograr adjudicaciones de las administraciones públicas.

Una de sus prácticas consistía en agasajar a los mismos con regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo, como el hotel Las Caldas Villa Termal ubicado en Asturias. En ese contexto, la compañía abonó la estancia en ese hotel de lujo de los entonces presidente y portavoz del PP cántabro y diputados autonómicos desde el 13 hasta el 16 de agosto de 2010. El pago fue efectuado el 29 de agosto de aquel año.

Para el Supremo, que ha archivado la causa con el visto bueno de la Fiscalía, "se desconoce si el pago se realiza en contraprestación a la realización u omisión de algún acto, o en consideración al cargo". Así las cosas, se ha declarado competente para estudiar este asunto y ha decidido decretar el archivo de las actuaciones.

Versiones contradictorias

Esta decisión del Tribunal Supremo llega después de que el presidente de Cantabria haya ofrecido varias versiones contradictorias a lo largo de todo el proceso. Cuando saltó la noticia, desde el entorno de Ignacio Diego se afirmó con rotundidad que el jefe del Ejecutivo autonómico "se paga sus facturas". El propio líder del PP en la comunidad autónoma defendió esta tesis, aunque siempre se ha mostrado esquivo con la prensa a la hora de abordar el asunto.

Posteriormente, y después de que se hiciera público un informe policial en el que se demostraba que el pago de las estancias de Ignacio Diego y Francisco Javier Rodríguez Argüeso había corrido a cargo del empresario Henry Laiño,  directivo de Aquagest e imputado en la Operación 'Pokémon' -una trama corrupta con epicentro en Galicia y Asturias-, el presidente regional acudió al Parlamento a dar una nueva versión de los hechos.

En sede parlamentaria, Diego sostuvo en esta ocasión que él mismo realizó la reserva y que si no pagó la factura fue porque Laiño -al que se encontró "casualmente" en el hotel y con el que mantuvo una "breve" conversación- no le permitió que lo hiciese.

Para apoyar sus argumentos, mostró en la tribuna de la Cámara regional los documentos que, según su versión, demostraban el procedimiento. De nuevo, un informe policial desmintió esta posibilidad y mantuvo que la reserva también fue realizada por Aquagest, que solicitó a los responsables del balneario que otorgaran un trato VIP a los políticos cántabros.

El archivo de la causa permite a Ignacio Diego afrontar los últimos tres meses de legislatura sin el lastre de una posible imputación a sus espaldas, después de que fuera ratificado como candidato por el Comité Electoral Nacional del PP hace unos días. 

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