PSOE enmienda a la totalidad el Presupuesto por “irreal” y ante las consecuencias de la anulación del PGOU

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Santander para 2017 elaborado por el PP y votará en contra del mismo en el correspondiente Pleno porque le considera “irreal” y porque “carece de credibilidad”.

Además, el PSOE sostiene que la aprobación del documento debería paralizarse hasta conocer las consecuencias que tendrá la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues el presupuesto podría verse “seriamente condicionado” tanto en los ingresos (Impuesto de Construcciones, licencias urbanísticas...) como en proyectos concretos como la integración del frente marítimo.

Así lo ha indicado hoy en rueda de prensa el portavoz socialista, Pedro Casares, que ha aludido a “muchos motivos y quince razones” para votar en contra del Presupuesto, una de las cuales es precisamente la “incertidumbre” ante las posibles consecuencias de la paralización del Plan General.

Otra de esas razones es la “apuesta del Gobierno de Cantabria PSOE-PRC por Santander frente a las mentiras del alcalde”, puesto que las transferencias corrientes aumentarán un 22,56% el año próximo, de forma que la ciudad recibirá del Fondo de Cooperación Municipal “más de un millón de euros” (1.152.728 euros), que es “diez veces más que con el Gobierno del PP”, ha anunciado Casares.

El secretario general del PSOE de Santander ha desgranado el resto de razones, empezando por la “nula voluntad de consenso y participación” del equipo de Gobierno incluso en las líneas generales del documento. En este sentido ha defendido la necesidad de abrir cauces de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto y en la decisión de “algunas inversiones”.

También ha denunciado el “incumplimiento sistemático de lo que se aprueba”, de forma que para el PSOE el documento “carece de credibilidad”. Como ejemplo ha dicho que, a 30 de septiembre, el 58% del capítulo de gastos no se ha ejecutado y solo lo han hecho 5 de cada 100 euros del capítulo de inversiones por lo que “muchas de las obras anunciadas por el alcalde hoy siguen sin ser una realidad”.

Además, ha señalado que el presupuesto está “condicionado” por más de 100 millones de deuda bancaria a 1 de enero de 2017, a la que se suman ocho millones de deuda con otros organismos y 10 millones de un nuevo préstamo, así como las deudas a corto plazo con los proveedores.

Otras razones de oposición al presupuesto son el mantenimiento y consolidación de “históricas subidas de impuestos” como la del de Bienes Inmuebles, que según las previsiones, recaudará lo mismo en 2017 que en 2016, más de 56 millones, “la mayor carga impositiva de la historia” de la ciudad. En la misma línea, Casares ha aludido a la consolidación de subidas “excesivas” de las tasas de agua y basuras.

Igualmente ha censurado la “ausencia” de políticas sociales y los copagos en teleasistencia y ayuda a domicilio, así como que, pese a la “dramática” situación social, sólo se dedican 6,6 millones a políticas sociales y de igualdad.

El líder del PSOE ha criticado que el Pacto por el Empleo, el “proyecto estrella” del alcalde, Íñigo de la Serna, no tiene presupuesto para su ejecución (está dotado con 140.000 euros) mientras se dedican más de 7 millones a un túnel “innecesario” que unirá Camilo Alonso Vega con General Dávila; y la “ausencia” de inversiones que generen actividad económica y empleo y dinamicen los barrios, “condicionadas a más deuda y a su habitual no ejecución”. En este sentido, Casares ha subrayado que el PSOE no puede aprobar un presupuesto “con partidas globales cuyo destino desconocemos”.

Para los socialistas los presupuestos “consolidan la precariedad del empleo público”, en una partida, la de gastos de personal, que en su conjunto se reduce un 2,34%. Según la información oficial, 307 son las vacantes en la plantilla municipal.

Además, privatiza los servicios públicos de forma que empresas privadas gestionan “más de 50 millones” del presupuesto; gasta más de 21 millones en empresas, sociedades y organismos públicos que requerirían “una auditoría externa”; incrementa el gasto corriente un 3,3%; y es “injusto” porque mantiene la presión fiscal sobre los ciudadanos sin introducir criterios de progresividad.