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El juez añade apropiación indebida a los cargos contra el exalcalde de Astillero

El Juzgado de Instrucción acuerda continuar las diligencias contra Cortina y da a la Fiscalía y las acusaciones diez días para solicitar la apertura de juicio oral

El dirigente del PP está investigado por contratar irregularmente a la hermana de una funcionaria vinculada a su partido, a la que pagó casi 100.000 euros

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Carlos Cortina, en primer término, recogió el testigo como alcalde de Astillero de Ignacio Diego, actual presidente del PP y de Cantabria.

Cortina junto a Ignacio Diego en una imagen de archivo.

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina, está muy cerca de ser juzgado por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida. El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha dictado un nuevo auto en el que acuerda continuar adelante con la tramitación de las diligencias previas y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que en el plazo máximo de días hábiles soliciten la apertura de juicio oral contra el dirigente del PP.

La Audiencia de Cantabria ya había dejado al exregidor municipal al borde del banquillo  tras rechazar el pasado mes de julio su recurso de apelación y dejarle sin instancias a las que recurrir para intentar frenar el proceso judicial en el que está inmerso desde el año 2013. Cortina, que es concejal de Astillero desde 1995 y que fue alcalde entre 2006 y 2015, está siendo investigado por la contratación supuestamente irregular durante más de tres años de Rosa Nozal, hermana de una trabajadora municipal vinculada a su partido, a la que pagó con cargo a las arcas municipales casi 100.000 euros.

El auto del juez Fernando Vegas, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es y que está fechado el 13 se septiembre, es rotundo y deja un futuro poco halagüeño para el dirigente popular. El dictamen judicial describe cómo Nozal encadenó con el Consistorio astillerense entre enero de 2007 y abril de 2010 varios contratos por los que ingresó 98.749,96 euros pese a que "las prestaciones eral realmente inexsistentes", no había causas que lo justificaran y no existía cobertura legal para su abono.

Los contratos

Según describe el juez, el primer contrato se produjo en enero de 2007, cuando el Ayuntamieto de Astillero aprobó un gasto de 12.00 euros para la contratación de Rosa Nozal "en calidad de personal técnico con el cometido de realizar la definición y análisis de procedimientos administrativos" por un periodo de seis meses. Sin embargo, acabó percibiendo 14.500 euros, 2.500 euros más de lo aprobado.

Posteriormente, entre enero y mayo de 2008, "sin aprobación de gasto", Nozal continuó prestando servicios para la administración pública y emitió cinco facturas por importe de 2.900 euros cada una que le fueron abonadas. Tres meses más tarde, el Consistorio le adjudica un nuevo contrato menor para la realización de "idéntico trabajo al anteriormente efectuado" por valor de 17.400 euros.

Al año siguiente, entre agosto y diciembre de 2009, vuelve a emitir facturas que suman 20.307 euros, en las que hacía constar como concepto "plan formativo y apoyo a la empresa de valoración de puestos de trabajo". Finalmente, en los cuatro primeros meses de 2010 facturó 46.400 euros en concepto de consultoría.

El juez considera que Cortina "era conocedor de la falta de cobertura legal para que Rosa Nozal continuara prestando servicios para la Corporación, pues excedía del periodo de tiempo inicial del contrato y las prestaciones objeto del mismo eran realmente inexistentes, pese a lo cual el alcalde, a sabiendas de la inextencia de causa que lo justificara, continuó dando órdenes de pago de las facturas".

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