PNV denuncia desproporción en las penas para los agresores de Alsasua y Catalá respeta la postura fiscal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, ha mostrado su respeto por la calificación de los hechos realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al calificarlos de un delito de agresión terrorista previsto en el artículo 573 del Código Penal por tratarse de una agresión a unas personas por el hecho de ser miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “No fue una riña”, ha dicho.

Además, Catalá ha reprochado al diputado del PNV que le pida que opine sobre la posición de la Fiscalía en este asunto. “Si uno opina de demasiadas cosas le pueden reprobar, y usted me pide que hable de unas penas pedidas por los fiscales”, ha señalado el titular de Justicia, para añadir que en todo caso respeta la petición porque los fiscales han debido valorar que los hechos ocurridos en Alsasua son merecedores de la citada calificación penal.

“En un Estado de Derecho debemos tener la confianza de que las instituciones funcionen y las personas tendrán todas las garantías para su defensa”, ha añadido el ministro, para señalar que el artículo del Código Penal aplicado al caso “dice lo que dice” al considerar que si los hechos se cometen para provocar un determinado clima de terror se califican de terrorismo. “Si no gusta pues discutamos cambiarlo”, ha apuntado Catalá.

Legarda ha insistido por su parte en lo desproporcionado de la petición fiscal, que alcanza los 62 años y medio para uno de los encausados y hasta 50 años de cárcel para otros implicados. Ha recordado que en el PNV condenaron en su día dicha agresión si bien considera que deben solidarizarse con los agresores por ser “tan víctimas como los agredidos”.

El diputado vasco ha vinculado a algunos de los acusados con movimientos que reclaman el abandono de Navarra y el País Vasco por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que son “legales” y se pregunta si el Gobierno comparte su “perplejidad” que “es la de la sociedad vasca” por lo elevado de la petición de la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal atribuye a siete de los acusados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de 12 años y medio por lesión. Además imputa a uno de ellos y al octavo en cuestión el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque.