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El fracking, ante un momento decisivo en Navarra

La plataforma anti-fracking ha potenciado sus movilizaciones para exigir que se frenen los proyectos de exploración en la Comunidad Foral.

La decisión del Constitucional de anular la norma de prohibición del fracking en Navarra ha supuesto un varapalo para estas aspiraciones, pero desde Greenpeace insistieron en que las normas urbanísticas pueden dilatar los procesos.

La asociación Shale Gas España, que agrupa a empresas con permisos de exploración en España, insiste en la necesidad de explorar para decidir.

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Así explicó la plataforma ante el Parlamento cómo funciona el fracking / Foto: 'grotonspace.com'.

Así explicó la plataforma ante el Parlamento cómo funciona el fracking / Foto: 'grotonspace.com'.

El futuro del fracking se decide ahora. El Gobierno central ha logrado frenar la prohibición del Parlamento de Navarra de la fractura hidráulica en la Comunidad Foral, y eso ha motivado una potenciación de las movilizaciones de colectivos contrarios a esta práctica energética, como es el caso de la plataforma anti-fracking. Recientemente, ante la Cámara navarra, representantes de este movimiento alertaron de los peligros que acompañan a este sistema, puestos en cuestión por las empresas que los promueven, y, en el caso de Navarra, ahora por dos partidos en concreto: UPN y PPN hicieron hincapié en la necesidad de no cerrar las puertas a esta técnica, un debate incisivo a pesar de que, por el momento, la comunidad sigue sin contar con pozos de extracción. ¿Por qué, entonces, sigue el debate sobre el fracking? Porque ahora es cuando se puede frenar, pedir una moratoria o permitir su investigación.

En el caso de Navarra, en la actualidad hay cinco proyectos que afectan a la comunidad, aunque tres de ellos también implican a otras zonas (como Aragón, La Rioja o Euskadi) y eso, según las voces contrarias al fracking, complica las alegaciones. El Gobierno de Rajoy defiende que es su competencia regular este tipo de prácticas (los permisos de explotación los concede el Estado), y de ahí que haya tumbado leyes anti-fracking promovidas en territorios como Cantabria o La Rioja. La Comunidad Foral, pese a sus fueros (que dieron algunas esperanzas, aunque remotas, a colectivos ecologistas), no ha sido una excepción, y  el Tribunal Constitucional ha anulado la norma que prohibía el fracking en Navarra.

Colectivos como Greenpeace no han dado por pedida la batalla, al asegurar que también a través de las instituciones locales se pueden poner pegas, en el ámbito urbanístico, y dilatar el proceso. En realidad, las concesiones que hace el Estado son por seis años, y permiten primero que se realice una exploración sísmica para confirmar si hay hidrocarburos en las zonas localizadas para, posteriormente, poder instalar pozos de exploración. En Navarra no se ha llegado a este nivel, pero Mikel Basarte, integrante de la plataforma anti-fracking, insiste en que no hay que permitir este avance (y anuncia nuevas movilizaciones; como la participación este pasado sábado en la manifestación por el cambio de modelo económico y social celebrada en Pamplona), por los riesgos que supone el fracking para los acuíferos y la agricultura, al inyectar fluidos para extraer los hidrocarburos, y porque en Estados Unidos ya se ha demostrado que no conllevan tal beneficio económico. Este representante incluso habla de una “burbuja” económica que ahora busca ampliarse en Europa, a pesar de prohibiciones como la de Francia.

Un horizonte de más de 24 años

Desde Shale Gas España ofrecen el punto de vista completamente opuesto. Se trata de una asociación que agrupa a cuatro empresas diferentes que, desde 2012, tienen permisos (alrededor de 70, según precisan fuentes de la entidad) de exploración sobre el fracking. Ninguno de ellos afecta a Navarra. No obstante, sus argumentos bien podrían aplicarse al caso de la Comunidad Foral: la compañía defiende que esta es “una técnica madura”, que con la explotación de gas no convencional se reducirían los precios, se limitaría la dependencia energética y se crearía empleo. En su página web argumentan, en referencia por ejemplo a  los avances de exploración realizados por Repsol en Canarias, la necesidad de “explorar para conocer, conocer para decidir”.

Un estudio, realizado en febrero de 2014 por la auditora Deloitte, sobre el impacto de la exploración y producción de hidrocarburos en la economía española, recoge el impacto “significativo” que este mercado tendría sobre el Producto Interior Bruto. Ese informe contempla un escenario base de, al menos, 24 años. Incluso se prevé 2040 como el ejercicio más fructífero. Las cifras dan una idea del alcance de las decisiones que puedan tomarse ahora. De ahí que la plataforma anti-fracking insistiera ante el Parlamento en la necesidad de actuar ahora, mientras las decisiones administrativas sobre esta técnica se siguen tomando.

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