Greenpeace advierte: las instituciones locales también pueden frenar el fracking
Ya es un hecho: el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno central y ha anulado la ley, impulsada por el Parlamento de Navarra, que prohibía el fracking en la Comunidad Foral. Pero hay quien se resiste a hablar de esa prohibición en pasado. Greenpeace, que se había mostrado esperanzado con que Navarra hiciera valer sus competencias para evitar la fracturación hidráulica en su territorio (tras los recursos similares anunciados en Cantabria y La Rioja), cree que las instituciones locales tienen herramientas a su alcance para impedir el avance de esta técnica energética y que, según denuncia la organización ecologista, pone en riesgo el medio ambiente. Y esas herramientas pasan por ser más vigilantes con las licencias urbanísticas o las concesiones de agua. En definitiva, se trata de poner pegas al avance de un sistema de investigación y extracción de gas no convencional que, al menos hasta el momento, cuenta con una defensa cerrada por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
“Cataluña, que parece que ha visto la que se le venía encima ha avanzado precisamente por ese camino de la legislación urbanística”, explica Julio Barea, responsable de la campaña de Energía y Residuos de Greenpeace en todo el Estado. De esta forma, y a pesar de que el Constitucional ha dado la razón al Gobierno central al declarar inconstitucional la norma aprobada el 10 de octubre de 2013 en la Cámara navarra, Barea se muestra convencido de que el fracking no avanzará.
Estas palabras llaman la atención, puesto que contrastan con el varapalo judicial, algo que, en todo caso, podía ser “previsible” tras la admisión a trámite del recurso. En este sentido, Barea reconoce que “no estamos tranquilos al 100%, pero sí vigilantes. La industria también tiene sus grupos de presión y nosotros no vamos a bajar la guardia para que no haya ni un solo pozo en todo el país”.
La ley antifracking fue aprobada en Navarra por todos los grupos parlamentarios, salvo UPN y PPN. Ambos defendieron entonces que, con esa norma, se cerraban las puertas a la investigación y al progreso. La medida, por cierto, fue propuesta por el PSN, que pese a que durante por ejemplo el gobierno de Patxi López en Lakua flirteó con estas investigaciones, aquí insistió en que suponía un riesgo para el entorno.
Trabas a la “estabilidad”
Ante este panorama, el representante de Greenpeace considera que el Gobierno estatal se ha quedado prácticamente solo en su defensa de esta técnica (asegura que también “muchos de sus votantes” están en contra de ella) y, a pesar de que “parece que quiere dejar los deberes hechos” antes de las elecciones, afronta dos inconvenientes: primero, que las leyes “se pueden cambiar” y, segundo, que las instituciones locales también pueden poner trabas a estas investigaciones.
Y, según expone Barea, “una industria como esta necesita estabilidad, porque se trata de inversiones que hay que mantener durante varios años. Sin embargo, los ayuntamientos y las comunidades pueden poner pegas, así que, aunque haya luz verde por parte del Gobierno, va a ser complicado impulsar el fracking si las autonomías están en contra”.
