Birmania pide a Bangladés extraditar a 1.300 rohinyás sospechosos de asalto

El Gobierno de Birmania (Myanmar) confirmó hoy que ha solicitado a Bangladés el arresto y extradición de más de 1.300 rohinyás sospechosos de participar en el asalto contra una treintena de puestos oficiales el pasado 25 de agosto.

Este ataque conllevó un duro operativo militar contra los insurgentes que desencadenó una crisis humanitaria por la huida a territorio bangladesí de 650.000 personas de la minoría rohinyá.

El Comité de Información, a cargo de la Oficina de la Consejera de Estado encabezada por la nobel de la Paz y líder de facto del Gobierno birmano Aung San Suu Kyi, publicó en Facebook los retratos de los presuntos miembros del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) reclamados.

Entre los identificados, que huyeron a Bangladés tras la respuesta del Ejército, se halla una mujer y varios adolescentes de hasta 15 años.

Según el organismo gubernamental, el ministerio de Exteriores -también encabezado por Suu Kyi- elevó la petición a sus homólogos bangladesíes durante una reunión bilateral celebrada en Naipyidó a mediados de noviembre.

La ofensiva de agosto, que se realizó con machetes y unas pocas armas de fuego, desencadenó las operaciones de represalia de las fuerzas de seguridad birmanas durante las que, según organizaciones en favor de los derechos humanos, se denuncian violaciones, asesinatos y la quema de aldeas rohinyás, entre otros delitos.

Los gobiernos de Bangladés y Birmania han acordado un proceso de repatriación para los refugiados rohinyás llegados a tierras bangladesíes cuyo comienzo se prevé la próxima semana.

Sin embargo, numerosas organizaciones humanitarias han denunciado de manera insistente que aún no se dan las condiciones para que regresen de forma segura a Birmania, donde los recién llegados a Bangladés denuncian que se siguen produciendo los ataques.

La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado también repetidas veces que existen pruebas claras sobre los abusos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de “limpieza étnica” además de afirmar que hay indicios de genocidio.