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Generalitat Valenciana pedirá al TC el levantamiento de la suspensión de la sanidad a inmigrantes

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ya está trabajando en el escruto que presentará para pedir al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la ley que regula el acceso a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en la Comunitat Valenciana, según ha asegurado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno autonómico.

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Generalitat Valenciana pedirá al TC el levantamiento de la suspensión de la sanidad a inmigrantes

El Consell ha aprobado este viernes una declaración institucional tras la decisión del pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que supone la suspensión automática de la normativa recurrida.

En el texto, el Gobierno valenciana asegura que "acata" la decisión del TC pero al mismo tiempo afirma que seguirá "velando para que ninguna persona quede desantendida, en especial aquellos más vulnerables" en "defensa de la solidaridad, la igualdad, y los derechos humanos".

Para el Consell, la razón esgrimida por el Gobierno para recurrir el decreto valenciano "ha sido la extralimitación competencial del Consell, pues sólo al Gobierno de España le corresponde decidir sobre quién tiene o no derecho en España al acceso a la sanidad pública". Sin embargo, argumenta que el decreto 3/2015 "se elaboró con la cautela de no invadir competencias estatales" ya que, de hecho, "impide el derecho a la exportación de la cobertura a otras comunidades autónomas y facilita un documento para el acceso únicamente al sistema valenciano de salud".

PRECEDENTES EN PAÍS VASCO Y NAVARRA

Al respecto, la vicepresidenta ha asegurado que es una "obligación" de las administraciones que "todo el mundo esté dentro del sistema" para evitar problemas de salud pública. Por ello, ha argumentado que pedirán al TC el levantamiento de la suspensión cautelar porque existen precedentes en este sentido en el País Vasco y Navarra.

En la declaración, se indica que la aplicación en la Comunitat del Real Decreto Ley 16/2012 "dejó sin cobertura normalizada a unos 127.000 ciudadanos que disponían de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud" y subraya que para el Consell "el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad es un derecho fundamental de toda persona".

"Más aún cuando quienes se ven privados de una asistencia digna sufren situaciones de vulnerabilidad, carecen de recursos suficientes o se encuentran en situación de irregularidad administrativa", afirma. Según el Consell, esta situación "ha implicado la falta de asignación de médico de familia, la no inclusión en programas de seguimiento de la cronicidad, en los programas de promoción y prevención de la salud pública, la ausencia de garantías de continuidad y mantenimiento de la atención sanitaria y de los tratamientos farmacológicos, con el consiguiente impacto negativo en la salud de toda la población".

Al respecto, añade que la Constitución Española reconoce, en su artículo 43, "el derecho a la protección de la salud y la responsabilidad de los poderes públicos en organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Por ello, subraya que la exclusión sanitaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Real Decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud "supuso una quiebra del principio de universalidad de la asistencia sanitaria en España", una medida que "fue censurada por organismos internacionales como el Consejo de Europa, que la consideró ilegal y también por representantes de Naciones Unidas".

El Consell justifica que "ante la necesidad de paliar urgentemente la situación en la que quedaron los colectivos afectados por la medida del Gobierno en 2012, se dio respuesta desde la Generalitat valenciana a esta situación con el decreto ley 3/2015 que permitía establecer las condiciones de acceso al sistema valenciano de salud", de acuerdo con los informes de la Abogacía General de la Generalitat y "en coherencia con el principio rector de universalidad de acceso a la asistencia sanitaria recogido en la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana".

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