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Hacienda pide que se investiguen las subvenciones a ANC y Òmnium y reclama a la banca identificar los pagos del 1-O

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha pedido hoy que se investiguen todas las subvenciones públicas recibidas por ANC y Òmnium para tratar de determinar si éstas se destinaron a gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y ha reclamado también colaboración de la banca para identificar transferencias en este sentido.

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Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios durante una visita a Vigo para participar en un almuerzo-coloquio organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia.

Fernández de Moya ha enmarcado esta petición en una denuncia remitida a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con el fin de que cuantifique "los daños causados al erario público" para organizar la consulta del pasado 1 de octubre y se reclamen esos fondos a los miembros del extinto Gobierno de Cataluña. De igual modo, pide que se analice la "responsabilidad" que puedan tener en este proceso las entidades Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

En concreto, ha puntualizado que la denuncia fue enviada el pasado 20 de octubre para requerir que se aclaren "las actuaciones contractuales y administrativas" dirigidas a utilizar "patrimonio público y medios materiales" para organizar y celebrar el referéndum. Precisamente en ese sentido, busca que se defina el montante total y que se "identifique" al Govern como "responsable" de ese gasto de dinero público, así como que se reclamen "las indemnizaciones que correspondan" a sus integrantes.

En lo que atañe a ANC y Òmnium, según ha detallado el secretario de Estado de Hacienda, el texto de la denuncia pide que se investigue "la responsabilidad que les corresponde" en todo ese proceso.

Es más, solicita que se analicen "todas las subvenciones" que hayan recibido, al objeto de saber exactamente cuál es el importe y de que se explique "el destino" que han tenido esos fondos "hasta el último euro". Para ello, también ha pedido "colaboración" a todas las entidades financieras a las que le consten pagos por transferencia bancaria de cualquiera de estas dos entidades, a fin de que lo pongan en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

Planteado esto, Fernández de Moya ha enmarcado esta denuncia en el fallo del Tribunal Constitución que declaró "ilegal e inconstitucional" el referéndum del 1-O.

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