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Jueces y sindicatos critican la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana

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Jueces y sindicatos critican la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana

Jueces y sindicatos critican la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana

Varios Jueces, catedráticos de Derecho y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han celebrado hoy una jornada en la que han criticado las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno porque suponen "criminalizar" a los ciudadanos y "cercenar los derechos".

UGT y Comisiones Obreras han celebrado esta mañana la jornada "Derechos y Libertades ante las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana", en la que han participado representantes de tres asociaciones de jueces, una de fiscales y cuatro catedráticos de Derecho.

Al encuentro, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, ha acudido el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, quien al igual que los intervinientes ha criticado duramente ambas reformas.

El representante de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez ha explicado que "la Ley de Seguridad Ciudadana es la válvula de cierre del sistema que diseña el proyecto de Código Penal", de manera que "se cierra el círculo de la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales".

Ramírez ha subrayado que la subida de las tasas "ha generado un descenso de cerca del 40% en el ingreso de asuntos contencioso-administrativos", mientras la futura Ley de Seguridad Ciudadana tipifica más infracciones, por lo que "los ciudadanos van a ser sancionados pero no van a poder recurrir porque tendrán que pagar tasas".

En su opinión, la reforma del Código Penal es "innecesaria" y por lo tanto "ilegítima" y "profundiza en la marginalización de la sociedad", creando la figura de "un nuevo tipo de delincuente: el disidente político".

Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero ha sostenido que las reformas planteadas "atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan ciertas conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político".

En su opinión, el Código Penal "no se puede reformar porque un partido quiera", sino que es necesario un consenso social, y ha criticado especialmente que introduzca "la cadena perpetua, aunque ellos lo llamen de otra manera", porque esto "no tiene cabida en la Constitución".

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, Sexmero ha dicho que lo más llamativo es "la criminalización por vía administrativa, con multas altísimas" por asistir a manifestaciones no comunicadas oficialmente, de manera que "cualquier ciudadano se verá abocado a no protestar o a no salir a la calle".

El secretario de Participación Sindical de UGT, Frederic Monell, ha sostenido que el PP "introduce una penalización de una intensidad desconocida, con violentación clara de algunos preceptos constitucionales".

"Hay una criminalización no solo desde el punto de vista legal y jurídico, sino también desde el punto de vista económico, y da la impresión de que se pretende que el ciudadano desista de ser activo y desista de una actitud de protesta que no deja de ser democrática, ante un conjunto de políticas muy agresivas tanto en el plano laboral como en el social", ha añadido.

En la misma línea, el secretario confederal de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha sostenido que la Ley de Seguridad Ciudadana "pretende diezmar y cercenar una parte fundamental de lo que es la esencia de las libertades públicas en España, que es el derecho de manifestación".

En lo referido al Código Penal, Comisiones Obreras cree que "penaliza e intenta buscar vías de represión sobre conflictos eminentemente laborales".

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha afirmado que "si se lleva adelante la reforma del Código Penal autoritario del PP y la ley de inseguridad ciudadana nos encontraremos ante un declaración de estado de excepción en las calles".

Para Llamazares, el punto más negro del Código Penal es la prisión permanente revisable, que "significa introducir la cadena perpetua por la puerta de atrás".

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho que hará que el derecho de manifestación "sea una suerte de trinchera en la que es muy difícil no encontrarse con una bomba lapa o con cualquier tipo de artefacto, porque ejerces tu derecho y no sabes si al día siguiente te va a llegar a casa una multa de 300, 30.000 o 600.000 euros".

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