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Martín Pallín aboga por juzgar grandes estafas financieras como crímenes contra la humanidad

El magistrado emérito del Tribunal Supremo considera que la transparencia es esencial para prevenir la corrupción

Expertos piden despiezar los procesos, crear tribunales especializados o garantizar la independencia judicial frente a la delincuencia económica

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Martín Pallín aboga por considerar las grandes estafas financieras como crímenes contra la humanidad

Martín Pallín aboga por considerar las grandes estafas financieras como crímenes contra la humanidad

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín considera que las grandes estafas financieras deberían ser consideradas como crímenes contra la humanidad, igual que ya lo son otros delitos como asesinato, exterminio, tortura, violación o prostitución forzada, entre otros muchos.

Esta fue una de las conclusiones alcanzadas por Martín Pallín en el seminario contra la corrupción organizado por Transparencia Internacional, en el que sostuvo que la mejor política criminal es la preventiva, donde tiene un papel "esencial" la transparencia.

Además, considera que en la lucha contra la corrupción es muy importante el papel de la Agencia Tributaria y el Banco de España y es partidario de la implantación de un impuesto sobre aquellas transacciones financieras al margen de los países de la Unión Europea con un doble objetivo, disminuir los paraísos fiscales y generar importantes recursos para fines fiscales.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo ve imprescindible la lucha contra los paraísos fiscales, para lo que es necesario luchar contra el secreto bancario recurriendo al Código Penal y considerarlo como un caso de obstrucción a la justicia para poder dictar orden de búsqueda y captura.

Martín Pallín vería además como una medida necesaria "despiezar o desglosar" los procesos judiciales para evitar el 'delito masa', como sería el caso del juicio por el caso Malaya, en el que hay alrededor de 200 acusados. Este punto es compartido por otro de los ponentes del seminario, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que reconoce que no es posible abordar eficazmente los procesos judiciales masificados contra la corrupción.

Crear tribunales especializados

Luzón aboga por la creación de tribunales especializados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica porque, según sostiene, la Audiencia Nacional no es un órgano especializado en este tipo de delitos. Además, cree que es necesario delimitar el papel del Ministerio Fiscal y suprimir las acusaciones particulares y la acusación popular en muchos procedimientos contra la corrupción.

También intervino en el debate la catedrática de la UAM Silvina Bacigalupo, quien puso el foco en la necesaria cooperación y responsabilidad de la empresa en la prevención y detección de la corrupción.

Por su parte, Roberto Jiménez, profesor titular de la Universidad de Murcia, defendió medidas como una nueva ley del proceso penal, una reforma de la fiscalía para garantizar su independencia, así como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la judicatura, reforzar las sanciones por delitos de corrupción, reformar la ley del indulto o reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Precariedad de medios

Sin embargo, el profesor de la Universidad Carlos III José Antonio Gómez Yáñez cree que casi todos los delitos de corrupción posibles están tipificados en el Código Penal y leyes anexas, por lo que no cree que la corrupción sea un problema de legislación insuficiente.

Para él, sí que existe una precariedad de medios en la justicia para perseguir estos temas y, además, en España han fallado "casi todos los controles" menos los jueces de primera instancia. A su juicio, el problema radica en la organización de los partidos, por lo que plantea una nueva legislación que regule la actividad interna de las formaciones políticas.

El último ponente fue el comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Luis Olivera, quien advirtió de que muchas investigaciones se inician más de dos años después del delito principal y, además, no existe protección para testigos y denunciantes, quienes en muchos casos acaban siendo también imputados.

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