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El Supremo dirimirá si Uber necesita o no licencia municipal de transporte

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El Supremo dirimirá si Uber necesita o no licencia municipal de transporte

El Supremo dirimirá si Uber necesita o no licencia municipal de transporte

El Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Generalitat de Cataluña en relación con la empresa Uber, y ahora resolverá si esta compañía está sujeta a la normativa de transportes y necesita autorización municipal para operar o si, por el contrario, se beneficia de la libertad de servicios de internet.

En otras palabras, la resolución dirimirá si la actividad de la plataforma Uber debe someterse a la intervención administrativa del sector del transporte o si, por el contrario, debe entenderse que desarrolla una actividad excluida de la ordenación de transportes y que no está sometida a licencia o autorización.

Esta segunda opción vendría amparada por el principio de libre establecimiento y prestación de servicios que proclama la Ley de la Sociedad de la Información.

El recurso de casación fue interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra la Sentencia de 6 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 15 de Barcelona, que libró a Uber de una multa de 4.001 euros que la Generalitat impuso a la plataforma.

La sanción castigó a Uber por "la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte".

La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado que la cuestión planteada por la Generalitat tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y por eso ha admitido a trámite el recurso, que se resolverá en los próximos meses.

La cuestión central consiste en determinar el marco regulador de las actividades de intermediación o conexión de usuarios y servicios a través de plataformas o aplicaciones digitales y la posibilidad, en su caso, de que estas actividades puedan ser sometidas al régimen de intervención administrativa propio de la normativa sectorial de transporte.

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