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Las reclamaciones recibidas por el Consejo de Transparencia en el segundo cuatrimestre aumentan un 8,5%
Este Consejo, que desde el 10 de diciembre de 2014 resuelve las reclamaciones de la Administración General del Estado, atiende también desde el 1 de enero 2016 las reclamaciones de las comunidades de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla, que afectan a sus 5.275.496 ciudadanos y 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.
Los datos han sido publicadas este martes en el boletín de reclamaciones territoriales de la página web del Consejo, 61 afectan a las CCAA que han suscrito convenio con el Consejo de Transparencia y otras 28 estaban relacionadas con decisiones de CCAA que no han suscrito convenio.
Así, destacan las 20 reclamaciones que se han interpuesto en Castilla-La Mancha, las 13 de Asturias o las 10 de Extremadura. En otras provincias la cifra es menor, por ejemplo en Cantabria se han presentado seis, mientras que en la Rioja y Ceuta el número es de cinco. La última es Melilla únicamente con dos reclamaciones.
Las materias sobre las que más quejas presentan los ciudadanos son las relativas al “empleo público”, con 11 reclamaciones, le siguen asuntos relacionados con la “información jurídica”, nueve reclamaciones, la “contratación”, ocho reclamaciones, el “urbanismo”, seis reclamaciones, y “medioambiente” y “sanidad”, con cinco en ambos casos.
Las relacionadas con “información económica presupuestaria” y “universidades”, reciben 4 y 3 reclamaciones, respectivamente, mientras que el menor número de reclamaciones se da en “archivos”, “bienes patrimoniales”, “educación”, “licencias” o “estadísticas”, con una reclamación en cada caso.
De las 61 reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el segundo cuatrimestre, 44 de ellas se han planteado porque las Administraciones territoriales no han respondido a los ciudadanos en sus solicitudes de información.
En un futuro, según ha explicado el Consejo de Transparencia estatal se podría atender también a las reclamaciones de la Comunidad de Madrid y de sus Administraciones territoriales.
