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Patrones y perfiles

Son dos conceptos que, si se los mentas a un juez en una sala de lo penal, te recomienda menos series de televisión yanquis y más libros de procesal. Sin embargo, el perfil psicológico de un sujeto determinado, y los patrones de conducta que se extraen de una serie de actos aparentemente inconexos, son sumamente útiles en Derecho. Por ejemplo, si se aplican a los magistrados de la Sala, y a sus resoluciones sobre un mismo tipo de delitos.

Respecto de los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, uno podría llegar a concluir que a Sus Señorías les tiembla la mano que sostiene la llave del calabozo. Esa de la mano con la llave es una bonita metáfora que enseñan a los cachorros de juez en la Escuela Judicial de Barcelona. Y a la vista de ciertas resoluciones judiciales, yo diría que la llave pesa mucho.

El patrón de conducta se puede extraer a raíz de las resoluciones sobre casos relacionados con la corrupción y la delincuencia económica. Desde las escuchas anuladas en el Caso Naseiro, a la confirmación de la sentencia absolutoria de Francisco Camps y la revocación parcial de la condenatoria contra Jaume Matas, parece que los Excelentísimos Señores Magistrados se ponen exquisitamente garantistas. Cuando digo garantista, con tono peyorativo, me refiero a aquellos supuestos en los que los hechos son tan evidentes que, utilizando la frase de los libros de procesal, hieren los sentidos, o usando el acervo popular, si lo tienes más delante de las narices, te las muerde. No obstante, da igual lo muy notorio y patente que resulte el hecho enjuiciado, a la que aparece el más mínimo asomo de duda, la sentencia es absolutoria. Todo perfectamente conforme a Derecho. Cuando me refiero a dudas racionales, tengo en mente a aquel abogado que, en aquel juicio por robo con fuerza en casa habitada, le espetó al juez que el margen de error del 0'00001 % que los peritos habían estimado sobre la prueba de genética que incriminaba a su cliente, era suficiente para sostener la presunción de inocencia. Ese, al parecer, es el umbral. Por debajo de semejante majadería, vale todo.

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En honor a la verdad

Recientemente he leído el resultado de una pregunta parlamentaria realizada al Gobierno por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, acerca de la posibilidad de que fuera revocado el vergonzoso indulto que recibió el homicida de la autopista AP-7. Sí, lo siento mucho, pero me niego a usar el nombre japonés que se daba a los pilotos de aviación que se lanzaban contra el enemigo, a sabiendas de que perdían la vida con su acción. En el despiadado código de honor militar nipón de la época, esta acción era encomiable, y buscaba una ventaja militar para su causa. Bajo ningún tipo de sistema ético pueden encontrar justificación las acciones descritas en la sentencia que condenó al tipo que nos ocupa. Ni siquiera la enfermedad mental, que ya fue evaluada, y descartada, por los tribunales que le enjuiciaron, condenaron e informaron desfavorablemente su indulto.

Pero hablábamos del homicida. Tras ser sentenciado a un total de trece años de prisión, y en ausencia de cualquier tipo de medida penal que pudiera evitarle un seguro ingreso en prisión, su abogado acudió a la última esperanza del reo: la nefasta institución del indulto. Nefasta, al menos, en su actual regulación, completamente preconstitucional, y que, más que un remedio para la excesiva rigurosidad de unos tribunales atados por el principio de legalidad, supone una completa injerencia del Ejecutivo en la separación de poderes. Nada nuevo, por otra parte, desde que cierto político se jactara, alegre e imprudentemente, de bailar sobre la tumba de Montesquieau.

Contra todo pronóstico sensato, contra los informes de la Fiscalía y del Tribunal sentenciador, el Consejo de Ministros aprobó la medida de gracia, que consiste en el perdón de la pena, que no el olvido del delito. Es por esa razón por la que se puede, y debe, calificar a ese sujeto como lo que es: un homicida. El hecho de que no cumpla pena de prisión no implica que se haya olvidado su execrable acción.

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Heisenberg contra Bretón

Hace bien poco que ha terminado el juicio con mayor cobertura mediática de los últimos años, el que ha versado sobre si cierto sujeto dio, o no, muerte a sus dos hijos, incinerándolos en una hoguera en la finca de los abuelos paternos. Ha sido un juicio ante el Tribunal del Jurado, lo que ya de por sí llama poderosamente la atención del público, por las reminiscencias cinematográficas que trae el escenario. Pero sobre todo, ejerce una innegable fascinación el horror en estado puro que representa la tesis de la acusación, que ha sido dada por probada por nueve personas ajenas al mundo del Derecho.

Pero saliendo de la Sala, me llama poderosamente la atención el despliegue mediático sin precedentes, con un seguimiento prácticamente al minuto. Ha sido superior, incluso, a la retransmisión de la vista oral del procedimiento por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La proliferación de tertulias de sucesos en la práctica totalidad de los canales generalistas de televisión (lo que, con sorna no exenta de cierta amargura, se llama en el oficio “el tribunal de Ana Rosa”) ha llevado a los espectadores de toda España imágenes diarias del juicio, incluso con conexiones en directo.

En algún blog he leído encendidas defensas de dicha cobertura, alabando su exquisito tratamiento, y el ecuánime análisis realizado por los periodistas. Ya. Sólo hay un pequeño problema, el que se deriva del enunciado del campo de la física cuántica del que viene el título de hoy: que el observador modifica el objeto observado.

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El hacker se comió mis deberes

La noticia tonta de la semana ha sido la denuncia que el Partido Popular ha interpuesto contra Anonymous, por la filtración de la contabilidad del Partido Popular en Internet. ¿Por qué es una noticia tonta? Porque sin conocer el caso en profundidad, y sin querer meterme en las procelosas aguas del examen de hechos que están sub iudice, les puedo vaticinar que se trata de un asunto inviable. En el mejor de los casos, sufrirá un rápido archivo que no será noticia, o que tendrá muchos menos titulares que su inicio. En el peor, coleará durante meses, contribuyendo al atasco de trabajo de las unidades policiales especializadas, entorpeciendo a los fiscales dedicados a la persecución de los delitos tecnológicos y arrimando el hombro al colapso de la Justicia.

Pero no nos quedemos con pronósticos agoreros, y vamos con el análisis del asunto, y de los numerosos problemas conceptuales y jurídicos que lo lastran. Insisto en que no tengo información privilegiada de ningún tipo, y que ni siquiera he leído la denuncia. Me remito a los hechos que son de público dominio según la prensa.

El hecho del que arranca la historia es que alguien ha tenido acceso a documentación interna del Partido Popular, que refleja su contabilidad, pero también datos de las personas que trabajan para el partido. Datos como nombre y apellidos, DNI, número de teléfono, cosas así. Según la LOPD, se trata de datos de carácter personal, que esta ley protege, y que están tutelados por la Agencia Española de Protección de Datos. Esta documentación, en soporte papel, pasada por un escáner de documentos y grabada en archivos PDF , comprimidos en formato ZIP , ha sido alojada en un servidor en el que habitualmente se publican filtraciones de ese tipo. A continuación, en una página web han aparecido los enlaces pertinentes para descargar estos archivos.

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La Justicia vive en Matrix

Igual que el dim mak, según los conspiranoicos, mató a Bruce Lee varios años después de haber recibido el llamado "golpe de la muerte", las resoluciones judiciales relativas a recursos presentados meses atrás surten efecto cuando ya nadie contaba con ellas. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablábamos del final de la instrucción del caso Blesa, debido al auto de la Audiencia Provincial, sección 30ª, que anulaba la reapertura del procedimiento? Pues ahora, otra sección, la 15ª, se ha pronunciado sobre un aspecto distinto de este asunto.

Hagamos memoria. El 5 de diciembre de 2012, tras la reapertura de las actuaciones por el Juzgado nº 9 de Madrid en base a la doctrina L'Oréal (porque yo lo valgo), el sindicato "Manos Limpias” presentó una ampliación de denuncia en la que trataba de meter, con calzador, la compra del famoso banco de Florida en la causa en la que se estaba investigando una cuestión bien distinta, el crédito a Díaz Ferrán. Al darse cuenta de que ambas cosas no tenían más relación que en la fértil imaginación de los abogados de Manos Limpias, el juez dictó un auto, el 13 de mayo de 2013, en el que reconocía la falta de indicios para apreciar la conexidad.

Ahora bien, aquí su señoría hizo trampas al solitario. Porque las normas de reparto de los Juzgados de Madrid le obligaban a mandar la denuncia a Decanato, para que fuera turnada a reparto. En román paladino, la causa se escapaba de sus manos. Así que en el mismo auto, hizo un Rajoy, es decir, un “salvo alguna otra cosa”, y a continuación de admitir que no estaba acreditada la conexidad, dice que tampoco puede descartarla.

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Final de temporada

Cuando el que suscribe era estudiante, todo aquel que ejercía el Derecho como profesional de los tribunales, ya fuera como abogado, juez o fiscal, me decía que lo importante era el procesal. Mientras preparaba las oposiciones, mi preparador me insistía en que, si algún día aprobaba, lo fundamental en mi trabajo iba a ser el procesal. Y yo, qué quieren que les diga, no soportaba el procesal. Es una disciplina jurídica realmente infumable de estudiar. Pero como estudiante disciplinado, forcé mis neuronas para memorizar todas aquellas cosas aparentemente incomprensibles, cual Daniel Larusso dando cera y puliendo cera, una y otra vez, hasta que doliese. Y al igual que en la película, en el primer combate contra un Cobra Kai, cuando los conceptos abstractos pasaron a convertirse en dolorosas realidades, los movimientos de ataque y defensa comenzaron a fluir, como si lo hubiera estado haciendo toda la vida.

Por eso, cada vez que una nueva resolución judicial salta a los titulares, me veo empujado a tratar de explicar ciertos conceptos y mecanismos del funcionamiento interno de los tribunales. Porque sé perfectamente que no basta con leer la resolución para encontrar sentido al texto. Hay que haber pasado muchas horas dando cera y puliendo cera.

Por ejemplo, es tremendo el carajal que se monta la gente con el procedimiento principal y la pieza de situación personal en una causa penal. Ello nos lleva a disparates jurídicos que se ponen de moda y sientan cátedra en los medios, como lo de “libertad con cargos”. No existe tal cosa en nuestro ordenamiento jurídico, y tampoco existe su opuesto, la “libertad sin cargos”. Esto sólo se da en las películas norteamericanas, y por una sencilla razón: allí, el procedimiento está sometido a los principios acusatorio y de oportunidad. Esto significa que, si el asunto es de poca chicha, y la víctima no tiene ningún interés en pedir el castigo del culpable, no tiene sentido malgastar los recursos del contribuyente con un procedimiento judicial, así que ni siquiera se llega a formular acusación por el fiscal. Libertad sin cargos.

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¿Justicia como género de ficción?

40 Comentarios

La Audiencia Provincial de Madrid, sección 30ª, acaba de echar abajo todo el edificio procesal que constituía la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. El escándalo está servido. Los comentarios que se pueden leer en algunas de las piezas periodísticas dedicadas a la noticia en Internet son absolutamente incendiarios. La ciudadanía está indignada, al ver que un poderoso financiero escapa de las redes de la Justicia por la puerta falsa, y las sospechas de parcialidad y connivencia con intereses inconfesables se plasman en frases cargadas de ira.

¿Ha errado la Audiencia? ¿Están ellos y la Fiscalía al servicio de los poderosos en contra del pueblo? Para contestar a esas preguntas, primero hay que responder a otra: ¿ha sido la instrucción de este procedimiento un despropósito de cabo a rabo, un engendro inviable que el tribunal de apelación se ha visto obligado a terminar por la vía rápida antes de que la cosa empeore? Si la contestación es afirmativa, quizás no tengamos un Poder Judicial tan corrupto y vendido como la gente parece empeñada en creer, sino que el problema sea otro.

Comencemos por el principio, con un relato cronológico de cómo ha ido la cosa, y quizá podamos sacar alguna conclusión en claro. Flashback.

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De prismas, troyanos y otras hierbas

Si la cosa estaba calentita en nuestro país a cuenta de los troyanos del Código Procesal, ha contribuido como gasolina a apagar el incendio el escándalo de las interceptaciones de telecomunicaciones llevadas a cabo por la estadounidense NSA, a través del programa PRISM.

Dicho sea de paso, ambas cuestiones se parecen como un huevo a una castaña. Por simplificar, la tan traída y llevada Agencia de Seguridad Nacional yanqui es un organismo de inteligencia, que no tiene nada que ver con la justicia penal. No busca investigar delitos cometidos dentro de su territorio, para llevar a los sospechosos ante la justicia ordinaria, obteniendo una sentencia condenatoria. Su función es neutralizar amenazas extranjeras. Y ya sabemos cómo las gastan al respecto. Como, a pesar de las noches más oscuras, Guantánamos y demás, los Estados Unidos todavía pretenden ser un Estado de Derecho, tienen una ley que regula estas cosas, la FISA ( Foreign Intelligence Surveillance Act, aprobada en 1978), y hay un tribunal autorizado para conocer información confidencial, que es el que autoriza las intervenciones de telecomunicaciones.

El problema parece ser que las sucesivas reformas de la ley, a resultas de la paranoia antiterrorista en la que viven desde 2001, han dado cada vez más manga ancha a la NSA. Y las empresas tecnológicas habrían empezado a colaborar de forma cada vez más complaciente. La suma de ambos factores habría llevado a que, en algún momento, la cosa se fuera de madre. Si se fijan, la principal excusa del Gobierno USA ha sido que no se ha espiado directamente a ciudadanos norteamericanos. Porque esa es la línea roja que no pueden traspasar: desde el momento en que se meten con sus propios ciudadanos, intervienen todas esas garantías constitucionales, derechos civiles y esas cosas tan engorrosas (por favor, nótese la ironía).

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¡Audiencia pública! Va a ser que no

Miguel Angel Rodríguez, el día en que compareció en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

Reconozco que soy un poco plasta con el (mal) tratamiento que dan los medios a las interioridades del mundo de la Administración de Justicia. Pero me pasa como a Michael Corleone en “El Padrino III”, que cuando pensaba que estaba fuera, me vuelven a meter dentro. En esta ocasión se trata de la bitácora Etiqueta Roja, de la web de El País, que en un reciente artículo confunde oscurantismo y opacidad de los tribunales con su propio desconocimiento jurídico. Ello viene a raíz del tan traído y llevado procedimiento por delito contra la seguridad vial seguido contra el exportavoz del Gobierno Miguel Angel Rodríguez desde hace unas semanas, y lo que pasó, o dejó de pasar, con la asistencia de la prensa al juicio. O no juicio. Porque yo, de ser lego y tener que fiarme de su información, todavía no sabría lo que ha pasado.

La cosa tiene su miga, no se crean, y nos hace retroceder una década en el tiempo. Hasta 2002, cuando se reformó la legislación procesal para dar cabida a una nueva modalidad de procedimiento penal que intentaba desatascar las infartadas arterias de la Administración de Justicia, a saber, las “Diligencias Urgentes para el Enjuiciamiento Rápido de Determinados Delitos”. Ya les hablé de ello en otra ocasión. En estos casos, si se alcanza un acuerdo, no llega a haber juicio, y la sentencia la dicta el propio Juzgado de Instrucción, en la misma guardia en la que se produjeron los hechos. O sea, delito, acusación y sentencia en menos de 48 horas. ¿Se lo pueden creer? Bueno, pues no se preocupen, que el sistema tiene sus trampas.

Para poder realizar las citaciones a acusados y perjudicados desde el minuto 1, las competencias sobre agenda de juicios y calificación inicial de los hechos se atribuyeron a la policía. En su día, eso causo cierto revuelo, e incluso costó la cabeza de un fiscal jefe de Madrid particularmente contestatario, el que posteriormente fue ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se quejaba de que los agentes de la autoridad no tienen ni la formación jurídica, ni el papel procesal necesario para decidir que lo que a ellos les parezca un caso de juicio rápido lo sea realmente. Y razón no le faltaba, ya que, a pesar de funcionar razonablemente bien para lo que es este país, a veces hay cosas que chirrían.

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Postureo judicial

¿Qué pasa con el fiscal? Esta ha sido la pregunta que flotaba en el ambiente en un par de causas de plena actualidad periodística esta última semana.

La primera ha sido el interrogatorio por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 a algunos de los empresarios citados a declarar como imputados en la investigación abierta a raíz de la aparición de los llamados “papeles de Bárcenas”. En dicho acto, el fiscal, para pasmo y sorpresa de algunos de los abogados presentes, no ha formulado una sola pregunta. Sorpresa y pasmo que, por usar el término de moda en Twitter, me parecen puro postureo.

La segunda ha sido la “comparecencia del 505” del caso Blesa, nombre técnico que recibe el acto procesal en el que las partes solicitan al juez instructor que adopte la medida cautelar de prisión provisional. Aquí, el postureo de los abogados roza lo calumnioso, ya que ha incluido una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Desconozco el grado de precisión técnica de la noticia que les enlazo, pero si es cierto que han “recusado” al fiscal, igual tienen que pasar por el Colegio de Abogados a devolver el título. Porque al fiscal no se le puede recusar.

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