Madrid y Barcelona piden al Gobierno que tome medidas contra la contaminación como exigió Bruselas
El aire de Madrid y Barcelona está contaminado por encima de los niveles permitidos por la ley. Esto hizo que en 2015, la Comisión Europea abriera un expediente a España por incumplir la normativa medioambiental. En 2017 le dio un ultimátum. Ahora, ambos ayuntamientos piden al Gobierno que cumpla con su parte ya que el dictamen de la Comisión incluía que “es imprescindible que las medidas locales sean apoyadas tanto por las políticas regionales como estatales”.
Los Gobiernos municipales de Manuela Carmena y Ada Colau han esperado a tener sus propios planes de calidad del aire para pedir al Ejecutivo central de Mariano Rajoy que pase también a la acción. El dictamen Europeo que motivó el ultimátum, que ha podido leer eldiario.es, subrayó que las autoridades nacionales, lejos de echar una mano, impiden la mejora del aire al promover políticas que fortalecen el origen de la contaminación: la circulación privada en vehículos de gasoil. “Las políticas a escala nacional incentivan la fuente principal de contaminación”, escribieron en la carta remitida a España.
La cuestión es que, a criterio de los ayuntamientos, existe una batería de medidas que contribuirían a rebajar la contaminación excesiva de estas urbes que están en manos del Gobierno. Por ejemplo todo lo que se refiere a la promoción de vehículos más limpios y carburantes menos contaminantes.
Así, piden que se cambie el impuesto de matriculación para “priorizar” los coches Cero y ECO así como hacer obligatorio que todos los vehículos lleven una identificación ambiental –ahora es opcional–. El Plan Aire de Madrid, por ejemplo, pedirá esas etiquetas para el acceso de coches o furgonetas a ciertas zonas de la ciudad que pretende establecer como de bajas emisiones.
También consideran que el Ejecutivo debe modificar el impuesto de carburantes para desincentivar la compra de diésel y que los programas estatales de renovación del parque automovilístico de turismos y profesionales vaya encaminado a unidades más verdes.
La Comisión Europea afeó el proceder del Gobierno central al no haber adoptado medidas en esta línea que le fueron propuestas. La Generalitat pidió cambios impositivos para equilibrar “la relación diésel/gasolina” pero esa medida “no fue adoptada por las autoridades nacionales”, escribieron los técnicos de la CE.
El dictamen europeo explicaba: “La falta de medidas adecuadas a escala nacional [que incentiven o desalienten ciertos medios de transporte] implica que la principal carga en la reducción de la superación de valores límite de NO racae sobre los hombros de las autoridades locales más aún cuando las políticas a escala nacional incentivan la fuente principal de contaminación”.
Otras peticiones están orientadas a las inversiones vinculadas al transporte público como los carriles reservados para los medios colectivos así como la redacción de una ley que financie el transporte público o que se consideren infracciones de circulación graves o muy graves aquellas que se refieran a las medidas de tráfico por razones ambientales.
