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El caso ERE tiene una conexión catalana que salpica al PP y a CiU

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Algunos de los últimos casos de corrupción que han afectato a diferentes administraciones españolas parecen tener algo en común: evidencian que la corrupción es un fenómeno transversal. No solo afecta a todos los partidos por igual, sino que, en algunos casos, hay implicados de casi todo el arco parlamentario. Ya había ocurrido, por ejemplo con el caso Pretoria de corrupción urbanística, que ha salpicado a viejos mandamases de Convergència, cargos del PSC e incluso del PP. O en algunas ramas del Palau de la Música, en la que no solo parece evidente la financiación irregular de CiU, sino que se ha llevado por delante a algunos altos cargos socialistas del anterior Gobierno municipal.

Ahora, la titular del juzgado de instrucció número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, responsale de la instrucción del caso ERE, que afecta a tres de los últimos consejeros socialistas de Trabajo de la Junta de Andalucía, investiga a una empresa, Vitalia, aparentemente sin reparar que con ello ha puesto al descubierto una conexión catalana del caso que salpica tanto a Convergència como al PP. 

Vitalia era la empresa consultora que asesoraba las reestructuraciones de plantilla, en el caso de los ERE de Mercasevilla. La jueza Alaya también está investigando la gestión de ese listado de empleados --donde se han incluido intrusos que jamás han trabajado en la lonja--  por parte de la empresa, una de las dos que normalmente impone la Junta a las sociedades que tramitan los ERE incentivados por la Administración autonómica.

Resulta que Vitalia es una de las empresas que supuestamentre utilizó el principal imputado por el expolio de más de 13 millones euros del capital del banco catalán Eurobank, Eduardo Pascual Arxé, según sostienen tanto el fiscal como la acusación particular en la causa pincipal del caso, que instruye el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz y que ha decidido investigar también a la compañía.

En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.

Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados enel mercado de abastos de la capital andaluza.

Jordi Conejos, ex director general de Industria del Gobierno de Jordi Pujol y nombrado director general de la Agrupació Mútua en virtud de un acuerdo entre Miquel Roca y el consejero de Economía de CiU en 2003, Francesc Homs, fue consejero delegado de Apra Leven. Fue durante el mandato de Conejos en la Agrupació Mútua cuando Eduardo Pascual fue nombrado consejero de la entidad.

Hace algo más de un año, Pascual obligó al ABC de Sevilla a publicar una rectificación en la que sostenía que "no ha ostentado ningún cargo de administración, no ha desarrollado ninguna actividad laboral, ni tampoco ha sido titular de acciones de ninguna de ellas, de forma directa o indirecta". Pero lo cierto es que el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, no está en absoluto de acuerdo con esa afirmación, y en su auto de 13 de abril, ordenó que se investigara Vitala como una de las partes fundamentales del entramado de sociedades que presuntamente habría utilizado Pascual Arxé para apoderarse de los escasos fondos de Eurobank en los días previos a que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, y que, según las fuentes consultadas, oscilan entre 13 y 20 millones de euros.

La acusación particular que defiende los intereses de la autodenominada Asociación de Socios y/o Accionistas Perjudicados por la Administración de Eurobank ha cifrado la responsabilidad civil sólo de Pascual en 13 millones de euros. Para colmo de males, algunos de los trabajadores reales afectados por los ERE de Mercasevilla, hace tiempo que no cobran las prestaciones complementarias que debían pagarles las mutuas controladas por el entorno de Pascual como Apra Leven y que llevan meses sin cobrar o haciéndolo de manera irregular.

Fuentes de la defensa de algunos de los principales imputados en la trama de los ERE muestran en privado su más absoluto convencimiento de que "el cerebro de la operación está en Barcelona" . Así parece considerarlo también la acusación particular del caso Eurobank, que presentó el 11 de junio un escrito ante el juez Ruz en el que pide que se investigue la relación de Vitalia y de sus empresas filiales con el escándalo de Sevilla.

Entre otras cosas, esa diligencia podría servir para levantar el velo de los bienes ocultos que pudiera tener Eduardo Pascual Arxé de cara a las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente si finalmente resultara condenado por la causa principal del caso Eurobank. Algo que, según fuentes judiciales, no descarta ni siquiera la defensa del propio Pascual, que ha exhortado a su cliente a negociar con las otras partes para pactar una serie de indemnizaciones razonables.

La intención es que no se opongan a una eventual petición de indulto, una de las escasas salidas que ve actualmente el financiero para evitar su ingreso en prisión al final del procedimiento, siempre según la versión de las mismas fuentes.

Ni siquiera el juez Ruz ve con malos ojos la relación que hace la acusacón particular entre el caso Eurobank  y el escándalo de los ERE de Andalucía. De momento, y a falta de que el fiscal se pronuncie sobre el escrito de la  acusación particular, el 14 de junio, es decir, tres días después de que se presentara ese escrito, el juez Ruz emitió un contundente auto en el que da solo cinco días a la actual administradora concursal de la entidad, Rosa María Cornet, "una copia de los estados completos de Eurobank –aunque no consten depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil– correspondientes a ios ejercicios 2003, y también a los correspondientes a 2004 y 2005".

El juez también exige a Cornet "copia de los informes de auditoría que se hubieran emitido con relación a aquellos estados financieros y contables"; y, finalmente, "copia del estado de situación de Eurobank que recibiera J. Barceló Obregón de 23 de junio de 2006".

El magistrado da por buena, o al menos quiere corroborar, la tesis de la acusación de que el expolio de la entidad no terminó con la intervención del Banco de España en 2002, sino que siguió durante cuatro años más hasta que fue finalmente liquidada. Todos estos detalles han salido adelante antes de que el despacho del ex dirigente de Convergència Miquel Roca, recientemente comparecido como acusación particular, haya tenido tiempo de ponerse al día con una causa que lleva más de cinco años en instrucción.

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