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El vuelo del flamenco

Guste o no, los jueces belgas, respaldados por su independencia y falta de interés en el conflicto y por el peso garantista de su propia cultura jurídica se verán abocados en esencia a pronunciarse sobre la calidad democrática de la Justicia que está impartiendo la Audiencia Nacional

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bruselas

Créanme, no hay más bellas puñetas ni más delicadas ni más preciadas que las que se pueden comprar en la Galerie de la Reine de Bruselas. Son caras, eso sí. Hasta seiscientos euros el metro según la antigüedad del encaje de Brujas que te pongan ante los ojos. Dignas de las mejores togas. Tampoco hay Palacio de Justicia más grande ni más impresionante en Europa que el de esa ciudad. Más grande que la Basílica de San Pedro. Es de hecho uno de los mayores edificios de piedra del planeta. Si se buscó hacer sentir al ciudadano el inmenso poder de la Justicia, se consiguió. Fíjense que quisieron hacerlo sentir más grande incluso que el de Dios.

Esta semana en Bruselas, desde mi perspectiva, se dilucidarán cuestiones que como ciudadana de un Estado que se apellida Democrático y de Derecho son muy decisivas. Dado el tono medio del país en estos días, quiero abjurar desde este párrafo inicial de cualquier alineamiento con el independentismo y de cualquier aplauso a los hechos que tanto los refugiados en Bélgica como el resto de los implicados en el procès llevaron a cabo. Ni siquiera pretendo que no sean castigados por la ley en el grado en que lo merezcan pero, desde luego, quiero que lo sean sólo hasta ese punto y que lo sean con todas las garantías. Les recuerdo que he sido ampliamente vapuleada en este mismo medio por defender la aplicación en último extremo del 155 o la de juez del Instrucción 13 de Barcelona. En la misma medida lo he sido por otros por criticar la postura de la Fiscalía y la actuación procesal de la juez Lamela. Así son las cosas y las asumo porque la realidad no viene en un pack listo para consumir sino que se compone de fragmentos diversos a los que es preciso aplicar el sentido crítico de forma individual.

El viernes un juez belga, del que no se si habrá sucumbido a la vanidad de comprarse unas puñetas en Manufacture belge de dentelles, pero sí que no duerme acunado ni por las banderas españolas que ondean a los vientos, ni por las senyeras y las esteladas que desfilan por las calles, decidirá si hay garantías para entregar a Puigdemont y sus cuatro consejeros. Simplemente toda esa emoción y la razón de Estado que refleja le son ajenas. Ese juez belga y ocho de sus colegas después, en las diferentes apelaciones, van a pronunciarse al final sobre los modos y maneras en los que la Fiscalía y la Audiencia Nacional han llevado este asunto. En el panorama, aunque muchos no quieran verlo, no se sitúa en un horizonte próximo una posible entrega sino el hecho de que acabe siendo Estrasburgo quien tenga en estrados el problema. Puede que sea la primera evaluación internacional independiente de los métodos y maneras del para ellos extravagante tribunal español que es la Audiencia Nacional.

El magistrado flamenco va a tener el viernes sobre su mesa todos los documentos que prueban las anomalías de derecho sustantivo y procesal que se llevan poniendo sobre la mesa en las últimas semanas. Anomalías gruesas, fáciles de detectar, que no sólo hemos denunciado periodistas o abogados sino también un centenar de profesores de Derecho Penal, entre los que se encuentra la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrados individuales e incluso de la Audiencia Nacional, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia y múltiples voces de eméritos con gran peso. Al magistrado belga le van a poner sobre la mesa los documentos que prueban que el derecho de defensa ha podido ser vulnerado en la Audiencia Nacional -al no permitir a los letrados instruirse de la causa antes de la declaración de los investigados- en comparación con la actitud mantenida por el Tribunal Supremo. También tendrá que analizar si la Fiscalía no ha salido a hacer un verdadero “forum shopping” para encontrar el tribunal que le fuera más conveniente, forzando unas competencias que no residen en el órgano que actualmente instruye, y me temo que no es lo mismo hacer una ida y vuelta al Código Penal franquista para interpretar un artículo de la LOPJ en la Plaza de la Villa de París que en la Place Poelaert. Tendrá que determinar, en base a Derecho y sólo a este, si Lamela es la juez predeterminada por la ley para encargarse de su caso. Veremos qué opinan, dado que no son miembros de la hinchada de ninguno de los dos furibundos bandos que colisionan en nuestro país.

El juez de las finas puñetas en el inmenso Palais, tendrá en su mesa el extraño medro de los delitos que se ha producido, de los tres que recoge la querella del fiscal y los autos de la juez a los cinco que han aparecido en la orden de entrega que le reclaman. Puedo avanzarles que tal constatación no le pondrá en la mejor disposición. Podrá valorar si la construcción de la violencia que se ha realizado para el delito de rebelión es aceptable y si la responsabilidad colectiva que se aplica en bloque a los políticos del procès respecto a actos de grupos de personas no identificados puede ser admitida sin vulnerar ningún derecho fundamental. Además de estas y otras cosas, tendrá que valorar una acusación de malversación de fondos, que no sólo no aporta ningún dato sobre cantidades y circunstancias de la misma, sino que se ve contradicha por documentos de la propia intervención catalana, una vez controlada por el Gobierno central.

Guste o no, los jueces belgas, respaldados por su independencia y falta de interés en el conflicto y por el peso garantista de su propia cultura jurídica -de un país al que no le asustan ni la diferencia ni la ruptura dado que sólo existen ante su evidencia-, ayunos de un corporativismo que les queda muy lejano, se verán abocados en esencia a pronunciarse sobre la calidad democrática de la Justicia que está impartiendo la Audiencia Nacional. Es duro pensarlo pero así es. La confianza es la base de la cooperación jurídica y también de las convicciones de la opinión pública, pero ésta no puede ser ciega.

Es cierto que, según me apuntan muchos jueces y fiscales en las redes sociales, el sistema de recursos está diseñado para paliar los defectos de aplicación de las leyes que puedan producirse en cualquier escalón del sistema. No deja de ser cierto también que ese sistema puede dar el poder a los escalones iniciales de mantener situaciones de hecho cuyos daños o injusticias sean difícilmente reparables cuando llegue la corrección ulterior. La Audiencia Nacional nos ha dado un espléndido catálogo de esta casuística. Voy a recordarles algunos casos:

-los cierres de medios de comunicación como Egin o Egunkaria que se realizaron en fase de instrucción, junto con el encarcelamiento preventivo de algunos responsables, y sobre los que el Tribunal Supremo se pronunció con la mayor dureza. Nunca pudieron volver a ser puestos en funcionamiento los diarios.

-la falta de motivación de la condena a 15 miembros de Segi por integración en banda terrorista. El alto tribunal llegó a ordenar la repetición del juicio al considerar la sentencia ayuna de toda motivación y al constatar que el tribunal sentenciador ni siquiera había valorado las pruebas de descargo.

-la anulación del juicio a Arnaldo Otegi por el homenaje a Sagarduy, al considerar el TS que la magistrada presidenta había exteriorizado en voz alta su prejuicio de culpabilidad.

-el TS revocó la liquidación de condena de Laureano Oubiña por haber desoído la Audiencia Nacional aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional

-Anulación de la sentencia a 10 años de cárcel al dirigente de Gestoras pro Amnistía Angel Jugo por “flagrante ausencia de motivación”.
-Corrección de la tipificación del delito de incendio terrorista por el de daños a cuatro jóvenes borrokas pasando la pena de 7 años y medio a cuatro.

Puedo seguir. Me dirán los juristas que siempre se producen casaciones y que forma parte del sistema. Insisto en que el volumen, el número, las causas y, sobre todo, las consecuencias que tuvieron para los justiciables durante el proceso, en el caso de la Audiencia Nacional son dignas de estudio aparte. Muchos opinan que en el caso del ex Govern podría suceder lo mismo si el Tribunal Supremo no reclama la competencia de la causa más pronto que tarde. Muchos creen que el mensaje subyacente, “luego que diga el Supremo pero mientras tanto....” , no es soportable nunca pero menos en este caso que no tiene solamente una perspectiva penal sino que implica la paz social en una parte de España.

El vuelo del flamenco está a punto de producirse sobre Génova. No tiene nada que ver con el doble y falso discurso político que Puigdemont sigue haciendo en su ronda televisiva. Discurre más alto y es más relevante para todos, aunque muchos sigan cegados cuando miran al cielo y oyen sus alas batir.

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