Empleos de pobreza

La economía española crece desde 2014 a buen ritmo y las estadísticas muestran una notable creación de empleo y una fuerte reducción del desempleo, el problema más endémico de la economía española. Esto es indudablemente positivo, porque tenemos un déficit de empleo que lastra el bienestar de la ciudadanía y la salud de las cuentas públicas, al reducir simultáneamente los ingresos de familias y Estado. Es prioritario, por tanto, seguir creando empleo, pero igualmente importante es que ese empleo sea de buena calidad: estable, seguro, productivo y justamente retribuido. 

Y eso es lo que falla en el actual modelo de crecimiento: crea mucho empleo, pero esencialmente precario, lo que impide que se produzca una mejora del bienestar de la mayoría de los españoles. El 21,6% de la población está en situación de pobreza; el 26,6% si se añade el riesgo de exclusión social. El 14,1% de los ocupados es pobre (solo por detrás de Rumanía y Grecia en la UE), como el 44,6% de las personas en situación de desempleo. En el caso de los menores de 16 años, la tasa de pobreza alcanza el 28,1%. Son cifras muy preocupantes. 

Y esto es así porque trabajar ya no garantiza un estándar de vida aceptable. La precariedad laboral se ha extendido y amenaza con convertirse en estructural. La temporalidad del empleo crece con fuerza desde 2013 (ya es del 26,1%). Los contratos temporales, además, cada vez son más cortos (el 27% duran menos de siete días). El contrato a tiempo parcial gana terreno como modalidad laboral barata e hiperflexible, esencialmente involuntaria para el trabajador (6 de cada 10 lo aceptan porque no encuentran uno a jornada completa, véase gráfico). Los contratos indefinidos también son más inestables, al haberse abaratado su despido. Algunos se pueden rescindir a coste cero durante un año (contrato de apoyo a emprendedores). De cada 10 contratos indefinidos firmados, cuatro son a tiempo parcial. 

A este panorama de inestabilidad contractual (que penaliza especialmente a jóvenes y mujeres) se añade un emergente mundo de nueva precariedad, de contornos más difusos y amenazantes, porque se ampara en nuevas formas de relación laboral que generan condiciones de trabajo incluso peores, al burlar las garantías mínimas de los convenios colectivos. Es el caso de las empresas multiservicios, los falsos autónomos, la economía de plataforma… prácticas diseñadas para aumentar la capacidad discrecional del gran empresario, reducir las garantías del trabajador y la acción protectora de los sindicatos y presionar a la baja los salarios. 

Y eso que desde 2009 los salarios han perdido más de 7 puntos de media de poder de compra, y los niveles más bajos, cerca del 15%. La conjunción de sueldos reducidos e insuficiencia de horas trabajadas (tiempo parcial, rotación) hace que casi la mitad de la población asalariada cobre menos de dos veces el salario mínimo interprofesional en términos brutos. El salario más frecuente en España ronda los 16.500 euros anuales, lo que una vez descontadas las cotizaciones y retenciones del IRPF, deja un sueldo mensual neto inferior a 1.000 euros. 

Es cierto que el mercado laboral español ya tenía problemas antes de la gran recesión (señaladamente, la elevada temporalidad). Pero las reformas de 2010 y, sobre todo, de 2012 los han agravado, en un contexto global de expansión de un capitalismo feroz, que promueve incansablemente nuevas vías de flexibilidad del empleo a costa de aumentar las desigualdades y el empobrecimiento colectivo. Es una situación insostenible, por lo que urge adoptar medidas que hagan el crecimiento más inclusivo, generador de empleo de calidad y con salarios dignos. 

El nuevo Gobierno debe adoptar medidas que conduzcan a mejorar esa situación. Es preciso, por ejemplo, reequilibrar la negociación colectiva, recuperando la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa; eliminar el contrato de apoyo a emprendedores y el de primer empleo joven, ejemplos de figuras precarias; reformar el contrato a tiempo parcial para hacerlo verdaderamente voluntario, acotar mejor las causas de la contratación temporal, aumentar las sanciones para el fraude e incentivar el aumento de los salarios, sobre todo de los más bajos. 

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]