365 sin respuesta: la impunidad como cicatriz

Ni en mis escenarios más disparatados me imaginé que salir de mi casa y esperar un taxi iba terminar en una carrera por mi vida. 

Desde septiembre de 2024 tuve que irme de Venezuela, el inicio de una “mudanza” que se desarrolló bajo el establecimiento de planes de seguridad, salir en un esquema de clandestinidad, atravesar fronteras y territorios ajenos siendo nadie legalmente. 

Un mes antes, cuando intentaba viajar a Ginebra para participar en una sesión de Naciones Unidas, fui detenido en el aeropuerto de Maiquetía. Mi pasaporte quedó en una oficina de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el no tan amable ofrecimiento: “En la medida que colabores (filtres información), te vamos a ayudar con esto” (mostrándome el pasaporte que tenía en su mano).

Luego de haber sobrevivido a una desaparición y estar semanas en clandestinidad, recuperar la tranquilidad es una tarea extraordinaria. Recuerdo haber dicho en una entrevista que, desde ese día de la desaparición, el terror me habita cada espacio del cuerpo. Cuento esto porque, desde esa experiencia, jamás logré que el miedo no fuese el gran invitado de cada espacio en el que estuve. Cuando llegué a Colombia me sentía en constante paranoia, luego, con la evidencia recolectada junto al equipo de Amnistía Internacional, logramos conocer experiencias de personas defensoras venezolanas en Bogotá que relataban haber sido perseguidas, fotografiadas y amenazadas. 

A este contexto de persecución continuada fuera del territorio venezolano se suma el abandono de las autoridades colombianas a la población migrante y refugiada venezolana. Organizaciones de la sociedad civil han reportado cómo las instituciones colombianas han retrocedido y obstaculizado derechos de la población migrante, ignorando por completo el llamado de mecanismos de derechos humanos a garantizar protección internacional.

Esto lo podemos ver como piedritas que se van sumando al morral invisible que carga cada venezolano exiliado, donde cada piedrita representa la persecución y la intimidación ejercidas por el autoritarismo venezolano, sumadas a algunas otras piedritas puestas por los países receptores y sus políticas que, en lugar de brindar protección y garantía de derechos, criminalizan la migración o ejercen por omisión decidida la desprotección.

Una de esas piedras que puso el gobierno colombiano en mi mochila fue una aparición pública del presidente de la república, Gustavo Petro, con Alexander Granko, director de la DGCIM, el 10 de septiembre de 2025, haciéndome sentir sumamente vulnerable. 

El 13 de octubre de 2025 esa vulnerabilidad dejó de ser una posibilidad abstracta.

Luis Peche y yo salimos de un edificio residencial en Bogotá. Íbamos a hacer algo tan ordinario como tomar un servicio de transporte. Dos hombres armados se acercaron y dispararon repetidamente contra nosotros.

Sobrevivimos.

Yo recibí ocho impactos de bala. Vinieron las ambulancias, los quirófanos, las noches de hospital, el dolor, las cirugías y esa extraña cotidianidad que se construye en la sala de cuidados intensivos cuando sobrevivir se convierte, por un tiempo, en la única tarea posible. Toda nuestra esperanza y confianza estaban depositadas en el trabajo que haría la Fiscalía General de la Nación para garantizar justicia. 

Esa esperanza se fue difuminando poco a poco con el pasar de estos 365 días en los que no hay acciones oportunas, donde cada día que pasa se traduce en impunidad y desprotección: 12 meses marcados por el silencio institucional y la inacción.

Un año después, la pregunta sigue acompañándonos: ¿quién intentó matarnos y por qué?

Al año del desenlace inesperado de lo que iba a ser una visita al centro comercial, cinco cirugías y decenas de procesos revictimizantes, seguimos sin la posibilidad de cerrar una etapa de nuestra vida marcada por la violencia, por la represión venezolana y por la complicidad colombiana.

La impunidad suele describirse como ausencia: ausencia de responsables, ausencia de condenas, ausencia de respuestas. Pero quienes la vivimos sabemos que la impunidad también tiene presencia.

Está cuando vuelves a mirar detrás de ti antes de entrar a casa.

Está cuando un ruido inesperado devuelve al cuerpo a aquel día.

Está en cada trámite que obliga a narrar otra vez lo ocurrido.

Está en la imposibilidad de cerrar una etapa porque las instituciones encargadas de esclarecer lo sucedido todavía no han dado respuestas suficientes.

La impunidad también deja cicatrices. Agradezco profundamente la posibilidad de seguir vivo, de poder escribir estas palabras y, aunque sea doloroso, también agradezco la oportunidad de seguir indignado ante las injusticias, viviendo ahora esa injusticia de primera mano.

Este texto no quiere contar solamente lo que Luis y yo sobrevivimos. Quiere también recordar a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y a quienes, provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países de nuestra región, han descubierto que cruzar una frontera no siempre basta para escapar de la persecución.

Un año después del atentado sigo esperando justicia.

No quiero que otro aniversario se convierta simplemente en otra forma de contar el tiempo.

Exigir justicia por nuestro caso o por el de cualquier persona perseguida por defender derechos humanos no es solo pedir un fallo judicial; es negarnos a habitar un mundo donde defender la dignidad humana sea una sentencia de riesgo mortal.

Sobrevivir no debería ser el final de la historia.

La justicia también tiene que llegar.