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Erradicar la tortura, gran desafío del nuevo presidente de México

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, toma posesión como presidente de México el 1 de diciembre. Se enfrenta a numerosos retos. Uno de ellos, poner fin a la tortura, una práctica demasiado habitual entre las fuerzas de seguridad y los militares.

La policía municipal detuvo al padre Solalinde Father Solalinde en la ciudad de Ixtepec, estado de Oaxaca, Mexico, 10 de enero de 2007 © Martha Izquierdo

La policía municipal detuvo al padre Solalinde Father Solalinde en la ciudad de Ixtepec, estado de Oaxaca, Mexico, 10 de enero de 2007 © Martha Izquierdo

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución (…) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”. Con este juramento, hoy Enrique Peña Nieto, presidente electo de México, no sólo toma posesión de su cargo, también asume un importante desafío para su país: respetar los derechos humanos y, en especial, terminar con el uso habitual de la tortura. Eso es al menos lo que prometió durante la pasada campaña electoral, aunque tras su victoria no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

El candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) ganó con holgada mayoría las elecciones presidenciales el pasado mes de julio. Sucede en el cargo a Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), cuyo mandato se ha visto marcado por un empeoramiento notable de la situación de los derechos humanos en el país.

Escucho muchos gritos de un hombre. Le preguntan dónde están las armas y donde está la droga. Rato después escucho otra voz de alguien que parece estar al mando. Dice llévatelo y trae al que sigue. Siento que abren la puerta .. Me ponen un trapo mojado en la cara. Cuando respiro, noto lo mojada que está. Se me complica respirar. Me resbala un chorro de agua sobre la nariz. Trato de incorporarme, pero no puedo hacerlo porque me sujetan de los hombros, piernas y ... alguien oprime mi estomago. Eso lo hacen en repetidas ocasiones, mientras me preguntan lo mismo. Dónde están las armas. Dónde está la droga”. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011)

México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más de 160.000 se han visto desplazadas internamente, debido sobre todo a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es en este contexto en el que han aumentado de manera alarmante, en los últimos cinco años, los informes de tortura y malos tratos que documenta Amnistía Internacional.

Esto ha ocurrido a pesar de que en México existen leyes dirigidas a impedir y sancionar la tortura. El problema es que tienen importantes defectos. Desgraciadamente, la mayoría de los casos no se investigan jamás de manera exhaustiva y apenas hay ejemplos de responsables que hayan sido puestos a disposición judicial, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de obtener justicia.

Igualmente recibimos numerosos casos de tortura y malos tratos bajo custodia militar. Hasta la fecha, los casos de abusos cometidos por militares han sido juzgados en tribunales militares, y no civiles y, como resultado, no se ha condenado a nadie.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado recientemente que, tanto si las víctimas son civiles o militares, los casos de abusos contra los derechos humanos deben tratarse siempre en el sistema de justicia civil. Está por ver el impacto real que tendrá esta decisión.

La policía federal mexicana en acción. © Jesús Villaseca P/Latitudes Press

La policía federal mexicana en acción. © Jesús Villaseca P/Latitudes Press

El Estado mexicano, firmante de la mayoría de acuerdos y protocolos de protección y defensa de los derechos humanos, está obligado a tomar medidas efectivas que contribuyan a la erradicación de las torturas. Reforzar y mejorar el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura sería un primer paso, garantizando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace participar en él personas expertas de la sociedad civil mexicana.

El presidente Peña Nieto se enfrenta desde hoy a un importante reto: los ojos del resto del mundo tienen puesta su mirada en México. En manos de esta nueva administración está que la promesa electoral de acabar con la tortura sea una realidad o que, una vez más, México suspenda la asignatura de los derechos humanos y se descuelgue de aquellos Estados democráticos que han erradicado la tortura de sus prácticas policiales. El tiempo dirá si el PRI da los pasos en esta dirección. Las organizaciones de derechos humanos permaneceremos alerta.

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