La Comisión Europea parece dispuesta a dar luz verde en los próximos días a la adquisición de Fitbit por Google. El acuerdo de fusión representa una grave amenaza a los derechos humanos y debe pararse en seco hasta que se lleve a cabo una investigación completa y adecuada sobre su impacto en ellos. No hacerlo supondrá indicar sin reservas a Silicon Valley - y a miles de millones de usuarios de Internet– que, por mucho que diga, a la UE no le preocupa en absoluto que las cosas sigan como siempre, sin importarle el precio que los derechos de las personas tengan que pagar.
La propia auditoría de la UE ha criticado recientemente a la Comisión por su lentitud a la hora de poner freno a las grandes empresas tecnológicas. Con la decisión inminente sobre la absorción de Fitbit, la Comisión tiene la oportunidad de demostrar que en esta ocasión está dispuesta a actuar antes de que sea demasiado tarde.
La adquisición de Fitbit dará a Google acceso a un enorme conjunto nuevo de datos, que contiene información personal biométrica de casi 30 millones de personas. Alerta de que esta información podría cotejarse con la cantidad gigantesca de datos que tiene ya Google sobre sus usuarios gracias a la supremacía de su amplia gama de servicios (como Búsqueda, Ads, Android, Gmail, YouTube, Pay y Maps, por mencionar sólo algunos).
La magnitud de datos que tiene Google es tal que no hace falta ser usuario de Fitbit para alarmarse por lo que el acuerdo pueda suponer para una persona. Simplemente con conseguir datos biométricos a partir de alguien estadísticamente similar a nosotros, Google puede inferir una información sobre nuestra salud y forma de vida que jamás le habríamos permitido conocer.
Google crea ya “superperfiles” sumamente personalizados para predecir comportamientos y enviar selectivamente publicidad a los usuarios. Añadir a la mezcla datos biométricos le permitiría hacer predicciones aún más invasivas sobre las personas, basándose en información sobre su biología misma. Este tipo de datos son una mina de oro para una empresa que tenga la vista puesta en el sector de la salud. La tecnología sanitaria es ya un negocio de 100.000 millones de dólares y se prevé que crezca enormemente en los próximos años. Las grandes farmacéuticas, las compañías de seguros de vida y una amplia variedad de empresas emergentes dedicadas a la prestación de servicios personalizados de salud compiten por los datos relativos a la salud para hacer predicciones sobre las personas e inferir riesgos. El director ejecutivo de Fitbit sabía que este era el valor de su empresa cuando dijo: “al final Fitbit van a ser los datos”.
Esta es la mecánica del capitalismo de vigilancia en funcionamiento, el hecho de que el modelo empresarial de Google haya sido desde el principio buscar, clasificar e influenciar a personas a escala consiguiendo sus datos –y su atención– y vendiéndoselos a otros. El año pasado, Amnistía Internacional advirtió de que este “modelo empresarial, basado en la vigilancia” supone una amenaza sin precedente a los derechos humanos al obligar a las personas a hacer un pacto fáustico: renunciar a sus datos personales –y a sus derechos– a cambio de participar en el mundo digital actual. Obligar a hacer esta elección no es legítimo, e invalida además el denominado “consentimiento” en que se basa Google para justificar sus invasivas prácticas de gestión de datos.
La fusión Google-Fitbit agravará este problema. Ya hemos visto que la información obtenida por medio de la inteligencia artificial puede utilizarse para dirigirse selectivamente a las personas en función de datos personales sensibles, incluidas inferencias sobre su estado de salud. Tal información se utiliza también como base para tomar decisiones delicadas sobre quién puede acceder a seguros de salud o a servicios financieros y a qué precio.
Fitbit daría a Google acceso a datos muy detallados sobre los patrones de sueño, el ritmo cardíaco, la forma física y la movilidad de millones de personas, lo que le permitiría hacer inferencias aún más intrusivas sobre su salud.
Aunque este asunto es sin duda una cuestión de protección de datos, está claro que constituye también un problema de competencia. Cuando una sola empresa presta servicios digitales casi ubicuos a 2.000 millones de personas, el consumidor no tiene ya posibilidad de elección. El enorme tamaño y poder de Google hacen que las personas no tengan ningún control sobre el modo en que se utilizan sus datos ni sobre el modo en que el aparato publicitario de Google se dirige selectivamente a ellas, utilicen o no los servicios de la compañía. Al mismo tiempo, el hecho de que Google tenga el monopolio de tantos datos la coloca en una posición inigualable para aprovechar la información que puede obtener de las partes ya existentes de su empresa para afianzar aún más su alcance y supremacía en otros sectores, como la tecnología sanitaria.
Google ha dicho a la Comisión que podría prometer no utilizar los datos de Fitbit con fines publicitarios durante cinco años, algo que la Comisión está planteándose como posible solución. Sin embargo, dar luz verde a la fusión sobre esta base, con el riesgo inminente de que estos datos acaben combinándose, sería irresponsable e ingenuo. Google prometió hacer lo mismo cuando adquirió DoubleClick en 2008, pero luego rectificó. Facebook dio públicamente garantías similares cuando adquirió WhatsApp en 2014, y sólo dos años después modificó su política de privacidad para permitir el intercambio de datos entre los servicios, incluso para el envío de anuncios publicitarios. Aunque las empresas no tienen inconveniente en formular al principio este tipo de compromisos, se aprovechan de que no es mucho lo que se puede hacer luego, cuando cambian de rumbo.
En los últimos años, la gente se ha percatado en todo el mundo de los peligros de las grandes empresas tecnológicas y del daño que el modelo empresarial basado en la vigilancia ha causado no sólo a los derechos de las personas, sino también a la sociedad en general. Una encuesta realizada por Amnistía Internacional a personas de nueve países reveló que casi 8 de cada 10 (el 77%) creían que el modelo empresarial central que sostiene Internet en la actualidad es un problema grave, una clara mayoría de ellas querían que los gobiernos se esforzaran más por controlar a las grandes empresas tecnológicas. Con la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE todavía sin acordar y mucho menos implementar totalmente, la autoridad de la Comisión en materia de competencia resulta aún más decisiva para proteger los derechos de las personas. Si permite ahora que la fusión Google/Fitbit siga adelante, sin prestar la debida atención a los posibles efectos en los derechos humanos, estaremos sufriendo las consecuencias durante decenios.
Este artículo ha sido publicado previamente en el EUobserver, aquí.
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