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La responsabilidad del movimiento de solidaridad con los refugiados

Cifra récord de refugiados en Grecia, sin centros de recepción preparados

La acogida y protección de las personas que huyen de los conflictos no es tan sólo un acto de solidaridad, que lo es. Es, antes de nada, una obligación moral y un deber legal de los Estados. Las personas refugiadas tienen derechos que es imperativo respetar. Deben ser acogidos con dignidad, deben ver reconocido su derecho a la libertad de circulación, deben recibir el apoyo y las condiciones adecuadas para su integración y su autonomía.

Por eso decimos que no es un acto de caridad. No es "siente a un sirio en su mesa" sino proporcionar a las personas refugiadas acceso a la vivienda, ropa, comida, sanidad, educación y ayuda psicológica para los que lo han perdido todo. Y sobre todo proporcionarles un itinerario de inserción e inclusión en nuestra sociedad. Es decir, dotarles de medios para que, en un plazo razonable, ellos mismos puedan conseguir vivienda, ropa, comida y acceder al derecho a la salud o la educación. Porque muchos de los que vendrán, no olvidemos que se van a quedar, al menos en Europa.

Y eso no puede hacerlo nuestra vecina del 5º, por mucha buena voluntad que tenga, sino que son las administraciones las que deben aportar los recursos y la gestión necesaria. A los refugiados hay que darles lo que se les DEBE dar, no un colchón tirado en el suelo de un polideportivo, un jersey agujereado y el osito de peluche que mi hija ya no usa.

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“Primero los pacientes, luego nos pegamos para ver quién paga la factura”

Caravana-concentración de la APDHA ante las cárceles de Puerto I y II

El pasado 4 de agosto de 2015 fue presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y en la página 207 del Informe Económico y Financiero podemos leer: "Para el cumplimiento de sus objetivos, la política penitenciaria trata de racionalizar y priorizar los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los recursos que se le asignen y que durante 2016 ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto al ejercicio anterior, de los que 20 millones de euros se destinan a productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de Hepatitis C".

Sorprendida, tengo que volver a leerlo de nuevo. ¿Dinero para fármacos para reclusos/as infectados de hepatitis C en los Presupuestos Generales? Por un momento no entiendo nada. Recuerdo que, en febrero de 2014, cuando  Manuel Trancoso reclamó el tratamiento de su hepatitis C con la triple terapia, le contestaron que no correspondía a la Administración penitenciaria; recuerdo a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denunciando que las personas con hepatitis C que estaban en la cárcel no estaban siendo tratadas; recuerdo a Pablo Saiz de la Hoya, miembro de esta misma sociedad, avisando de que se había perdido el concepto de equidad en la sanidad penitenciaria, ya que no se estaba tratando igual a las personas presas que al resto de la población –"para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo"–; recuerdo el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2014 denunciando que los nuevos medicamentos incluidos en la triple terapia no estaban llegando a los/as presos/as; pienso en la sentencia, de septiembre 2014, de un juez de Valladolid dando la razón a la Consejería de Salud de Castilla La Mancha frente a la demanda del Ministerio del Interior, que pretendía que fuera la comunidad autónoma la responsable de pagar el tratamiento, dejando muy claro que era responsabilidad de Instituciones Penitenciarias el pago y, también, recuerdo a José Manuel Arroyo, subdirector de Sanidad Penitenciara, diciendo en junio de 2015, a pesar de todo esto, que confiaba en que antes del verano "todas las comunidades acepten y entren en el redil" (esto es, paguen ellos los medicamentos).

Pero no. Parece que, por fin, el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias reconoce que es de su competencia la salud de las personas que están en prisión y que, al tratarse de una medicación de tipo ambulatorio, son ellos los responsables de costear el medicamento por muy caro que sea. Los problemas surgieron a partir de la aparición de esta nueva terapia, mucho más efectiva pero también mucho más cara, y desde entonces han hecho todo lo posible por prorrogar la aceptación de esa responsabilidad sin tener presente las terribles consecuencias que esto tenía para la salud de las personas.

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¿Qué identifica a una puta?

Existe un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida... Me refiero al estigma "puta". Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza. Pongamos un ejemplo: llevas esperando un buen rato a que alguien, con quien has quedado previamente, pase a recogerte; estás a pie de carretera, en una zona no muy transitada y a altas horas de la madrugada. Con cada coche que pasa por delante de ti, con cada persona que se queda mirándote, piensas: "Seguro que cree que soy una puta".

Hay muchos ejemplos posibles en los que aparece esa voz de aspecto viejuno que te avisa de que puedes ser señalada como "puta". Cada mujer puede reaccionar de forma diferente, en mi caso intento reírme y distanciarme de esa voz, intentando averiguar de dónde procede y qué pretende. La identifico como la voz del patriarcado, del hombre viejo, representante de una cultura vieja, que me violenta y pretende controlar, pero aun cuando determino rebelarme contra ella, quizás de forma instintiva, no controlada, termino por adoptar una pose que envíe alguna señal que diga "yo no soy una puta, sólo espero a que me pasen a recoger".

Porque ni es una voz vieja, ni procede de una cultura vieja, es una voz actual y muy incómoda a la que instintivamente intentamos acomodarnos para no ser señaladas por ella. Sea lo que sea lo que actúa en cada una, ya te suene a viejo o a la voz de tu padre, este estigma "puta" que actúa como violencia estructural y simbólica hacia las trabajadoras del sexo, es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres.

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Refugiados y UE: necesidad de contexto y de un enfoque de Derechos Humanos

Refugiados cruzan la frontera por la localidad austríaca de Nickelsdorf este pasado sábado tras salir de Hungría/ EFe

En las últimas semanas estamos viviendo una situación, tanto en las fronteras de la Unión Europea como dentro su territorio, que desde muchos ámbitos se afirma que ha puesto en cuestión la capacidad de acogida de personas refugiadas por parte de las instituciones europeas y sus Estados miembro.

Efectivamente, desde el inicio del presente año, se ha producido un significativo aumento de entradas en la Unión de personas que llegan principalmente de las zonas con conflictos abiertos en Oriente Medio (en su mayoría de Siria). Según datos de ACNUR, a finales de agosto más de 300.000 personas habían accedido a territorio europeo por el Mediterráneo central y oriental, mientras que en todo 2014 la cifra se había situado en 219.000. Se ha presentado este incremento como un desafío difícil de superar por parte de la Unión Europea, generándose un intenso debate político y social al respecto. Aquí es donde se impone la contextualización: desde el inicio del conflicto sirio en el año 2011, más de 4 millones de sus ciudadanos/as han tenido que abandonar el país. Pues bien, el Líbano, país de menos de 5 millones de habitantes y en el puesto 65 en el Índice de Desarrollo Humano, ha asumido más de 1 millón de estas personas. En el mismo periodo, el conjunto de la Unión Europea, con más de 500 millones de habitantes y con uno de los niveles de desarrollo económico más altos del mundo, tan sólo ha acogido a menos de 350.000 . Teniendo en cuenta estas cifras, cualquier mensaje político-mediático que trate de convencer a la opinión pública europea de que estamos al borde del caos o ante una invasión incontrolable simplemente no se corresponde con la realidad.

Partiendo de este contexto, nos felicitamos por la movilización, tanto ciudadana como de algunas instituciones públicas del ámbito local, que se está produciendo en nuestro país, ofreciendo su disponibilidad de acogida para las personas que huyen del conflicto sirio. Uno de los puntos de inflexión en esta activación de la solidaridad social e institucional fue la publicación de la terrible fotografía del cuerpo de un niño sirio de apenas 3 años que perdió la vida en las costas de Turquía. Además de estremecerme con dicha imagen, no pude evitar que se me viniera a la mente la no menos aterradora instantánea de Javier Bauluz que plasmó hace 15 años el cadáver de un inmigrante subsahariano adulto en las playas de Cádiz, mientras los bañistas seguían disfrutando de su día playa como si nada hubiera ocurrido. Esa fotografía no generó ni mucho menos estas oleadas de indignación y llamadas a la implicación de la ciudadanía, quizás porque la muerte de un niño  siempre genera un impacto emocional mucho mayor que la de un adulto, quizás porque la palabra refugiado carece de las connotaciones negativas que para algunos ha acumulado la de inmigrante en los últimos años.

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La Renta Básica Universal cumple y supera los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU

Foto: Luis Serrano

En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, celebrada en el año 2000, los mandatarios reunidos acordaron reducir a la mitad las personas que vivían en pobreza extrema y sin agua potable para este año 2015. Según el último informe de la FAO, el número total de personas en esas situaciones extremas se ha reducido hoy de 1.000 a 795 millones. Es un avance significativo, pero insuficiente, pues, además, el mismo informe advierte del crecimiento de la exclusión social en los países llamados desarrollados.

En Europa, por ejemploe, viven 123 millones de personas en situación de pobreza. Nuestro país ocupaba, en 2013, el sexto lugar por la cola en la UE, con el 27,3% de población pobre. Sin embargo, según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida del INE, las cifras de pobreza y exclusión social en España han aumentado y afectan ya a un 29 % de la población, a casi 14 millones de personas. En Andalucía la situación es aún más grave, según el Informe de Pobreza y Desigualdad en Andalucía, con cerca del 40 % de población en situación precaria, tres millones y medio de personas.

Más alarmante aún es la pobreza infantil. Según UNICEF, en España ha crecido el número de menores en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, aproximándose a los 2.500.000. Y en Andalucía, casi la cuarta parte de los menores sufren privaciones básicas de alimento, vestido etc., y carecen de un ambiente familiar y social apto para crecer, educarse y desarrollarse. 

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Grecia debe ser destruida

EFE

Grecia debe ser destruida porque, por un instante sorprendente y efímero, intentó no marcar el paso.

No debe quedar de ella piedra sobre piedra en la que asentar la voluntad popular, sus instituciones deben ser derribadas, quemada hasta la última papeleta de votación sobre los cristales de las urnas hechas añico. Sus dirigentes, dignamente elegidos, deberán entregar sus armas democráticas y el futuro de su pueblo a los pies del imperio del dinero y, luego, encadenados al carro vencedor, habrán de pasear su vergüenza y su derrota por las portadas de todos los periódicos y en los espejos de los telediarios, para que en cada hogar del mundo, en cada calle, se aprenda bien que no hay otra lección para los insumisos que el yugo de los vencidos.

Grecia debe ser destruida, las mujeres deberán entregar a sus hijos para servir como esclavos a la troika, el destino de sus ancianos no será otro que pasar sus últimos años mendigando sus pensiones cada día más escasas, las jóvenes y los muchachos tendrán que aprender en la vida dura del exilio que no hay rebeldía posible, los hombres y mujeres en su edad adulta llevarán la cuenta amarga de que sus años no bastarán para pagar porque no hay esperanza de vida que sea tan larga como la mezquindad de los mercaderes de futuros, los niños y los que aún no han nacido heredarán una deuda que nunca contrajeron y crecerán con ella sobre las espaldas, porque así está escrito y porque la verdad de Grecia no es otra que la que se escribe en Alemania.

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Reprimir y asustar: la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal

Quizás a muchas personas, la semana pasada, les haya pasado lo mismo que a mí: han tenido problemas para dormir y para levantarse de la cama por la mañana. ¿La “caló”? Tal vez. Pero en mi caso ha sido más la indignación por un nuevo paso en la progresiva destrucción del estado de derecho, de esa “orgullosa” democracia occidental que me enseñaron en la Facultad de Derecho.

Las élites mundiales (y nacionales) y sus gobiernos siguen con su plan suicida de desmantelamiento del limitado Estado del Bienestar que teníamos. Ante los continuos recortes sociales provocados por la estafa económica (también llamada crisis), la sociedad (también llamada “los radicales antisistema”) ha salido a la calle para mostrar su repulsa. En Grecia, la respuesta ha sido una pregunta, consultar al pueblo si quiere seguir pagando los desmanes de sus élites y sus corruptos gobiernos. Una auténtica afrenta a la “democracia”, un desafío “populista”.

“Ojo, que las urnas son peligrosas”, decía nuestra ministra de agricultura. La respuesta verdaderamente democrática, de un “país serio” (Rajoy dixit), es reprimir, atemorizar a las personas que protesten ante las políticas de austeridad y profundizar en la marginación de determinados colectivos sociales. A estos objetivos se dirige la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la reforma del Código penal. Las urnas son peligrosas para la democracia y la seguridad ciudadana se “protege” recortando los derechos y libertades públicas.

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Derecho a la Vivienda: todo conseguido. ¿Nos disolvemos?

Escuchando las declaraciones de las personas que están ocupando cargos en las distintas administraciones, y a tenor de las futuras leyes que parece van a sacar, cabe preguntarse si los movimientos que luchamos por el derecho a la vivienda para todas las personas,  ya lo hemos conseguido todo o quedan algunos detalles…

Pareciera que deberíamos limitarnos a decir que los tiempos han cambiado, para bien. Que ya estamos en las instituciones y que los de siempre –esos que nos llevaron a la situación de emergencia social y habitacional que padecemos– han asumido todas nuestras reivindicaciones. Que lo que pasó (desahucios, suicidios, más marginación, más pobreza y exclusión urbana) no volverá a pasar.

No todas las personas se han enterado de que "la guerra ha terminado" y que la hemos ganado… Quizás nuestro trabajo ahora deba centrarse en ayudar a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía a que su mensaje llegue a todos los rincones donde la vulneración del derecho a la vivienda estaba presente. Debemos ir a los asentamientos chabolistas y decirles: "¿No os ha llegado el mensaje? Todo está solucionado: estas señoras, estos señores, van a poner en marcha los proyectos de erradicación de la pobreza y del chabolismo, sí, todos los proyectos a los que hasta ahora no les habían echado cuenta".

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¿Vandalismo o brotes de racismo en la provincia de Sevilla?

Venta ambulante / Archivo EP

La tranquilidad propia de Casariche (Sevilla) se ve alterada de vez en cuando por los incendios de un vehículo que queda totalmente destrozado. Ya van siete los vehículos calcinados en los últimos años, sus propietarios son inmigrantes de origen senegalés y rumano. En los incendios no sólo han quedado calcinados los vehículos, sino también las mercancías adquiridas para la venta ambulante en los mercadillos del pueblo y su comarca. Con estas acciones han quedado destruidos también los medios de ganarse la vida.

Muchos en el pueblo se preguntan ¿quién o quiénes andan detrás de estos incendios? ¿Son actos de vandalismo o actos de carácter racista y xenófobo? Lo que sí queda claro es la intención de destruir y el ánimo de perjudicar a unas personas que tienen la connotación de ser inmigrantes. Parece ser que los incendios no han sido fruto de una gamberrada sino que han sido más bien premeditados y con una finalidad clara, la de sembrar el miedo y la zozobra entre los vecinos inmigrantes. ¿Quién será el próximo? Es su pregunta lógica y angustiada.

Estos actos chocan bastante con el transcurrir tranquilo del pueblo respecto a su relación con la población inmigrante. Población relativamente numerosa ya que según el último censo, de 5.600 habitantes, 316 son extranjeros. La comunidad senegalesa es la más numerosa y asentada en el pueblo, muchos de sus integrantes llevan conviviendo en Casariche desde hace más de veinte años. Motivo más que suficiente para considerarles vecinos de pleno derecho.

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Nos debería dar vergüenza: un nuevo incendio arrasa 35 chabolas de un asentamiento en Palos de la Frontera

Cruz Roja cifra en 16 los afectados en el incendio en Palos al perder sus pertenencias

Tres incendios en poco más de un año, volvemos a repetir ¿para cuándo las soluciones? Sabemos que se puede pero que no se quiere, ¿por qué? Si queremos sentirnos orgullosos/as de nuestro campo, de nuestros productos, debemos velar por el bienestar, por unas condiciones de vida mínimas, para  las personas que trabajan en ello.

Con este nuevo incendio, las administraciones, con la colaboración del tejido asociativo, lograrán, quizás,  buenos resultados, pero ¿qué ocurrirá con el resto de personas asentadas? ¿Y con las personas que vengan para trabajar en la campaña agrícola 2016? Basta ya de colocar parches de emergencia que ponen de manifiesto la falta de infraestructuras y de atención a las personas migrantes temporeras en los diferentes pueblos freseros.

La APDHA Huelva lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación y estamos cansados/as de esperar respuestas válidas y reales por parte de las Administraciones Públicas, de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que se escudan en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias. De hecho, gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas han ido destinadas a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones.

La situación inhumana e indigna que viven diariamente miles de personas migrantes en Huelva no puede seguir tolerándose y, nuevamente, ante este escenario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, reclama:

1. La implicación real de todas las administraciones (locales, provinciales, regionales y nacionales) buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales.

2. La creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los/as propios/as afectados/as se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos/as.

3. La creación de un plan holístico que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular etc.). Las administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los/as trabajadores/as temporeros/as no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.

4. Cese inmediato e incondicional de todos los desalojos. La evacuación de un asentamiento sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias. Este traslado suele producirse a un lugar aún más remoto, mal comunicado y en peores condiciones, es necesario reconstruir los chozos y la situación de precariedad se acentúa y agrava.

5. Reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal

6. Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley. No poder empadronarse dificulta el ejercicio de muchos otros derechos.

7. Hacer un seguimiento especial a los menores y ex menores tutelados por la Junta de Andalucía y establecer los mecanismos que garanticen su protección.

8. Crear un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social. Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola.

Tras el segundo incendio sucedido en Palos este año, exigimos actuaciones. Nos debería dar vergüenza.

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