El Algarrobico gana otra vida extra: Carboneras aplaza sin fecha la votación para desbloquear su demolición
La licencia de obras de El Algarrobico sigue en vigor. Con todas las miradas puestas en la posibilidad de que hoy, 23 años después de que se concediera, quedase anulada la licencia para levantar la mole, el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha pospuesto la votación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, que podría conllevar una responsabilidad patrimonial para el municipio.
Sin resistencia, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha aceptado que antes de votar la revisión había que votar para que la revisión de la licencia “se quede sobre la mesa”. Él y los concejales del PP han votado en contra de posponer, pero la propuesta ha salido a favor con el apoyo de los concejales del PSOE y no adscritos. No hay fecha para el nuevo Pleno, pero se condiciona a contar con tres nuevos informes sobre el impacto para el municipio de anular la licencia.
A la salida del Pleno, Hernández ha asegurado que no contemplaba el escenario, lamentando lo ocurrido: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.
Fuentes municipales señalan que no es posible saber ahora cuándo se convocará el nuevo Pleno. Los siguientes pasos son plasmar lo que ha ocurrido en el acta y elevar esta al TSJA que tutela los pasos que se dan para ejecutar su sentencia.
La revisión de la licencia, ordenada en sentencia del Tribunal Superior de Andalucía en 2021 (firme desde 2022), estaba más cerca que nunca después de que el Consejo Consultivo de Andalucía resolviera a finales de mayo que es “nula de pleno derecho” por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.
Era el penúltimo trámite en el expediente administrativo que tramita el Ayuntamiento para cumplir la sentencia que le obliga a ello, tras advertencia de los jueces. Tras este dictamen, el Pleno (responsable de conceder la licencia en su día, aunque delegó en otro órgano) debía pronunciarse para resolver el expediente, pero en lugar de eso, ha adoptado una moción para retrasar la votación, presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (PP), que ha obtenido el voto favorable de los cinco ediles del PSOE (liderados por el exregidor José Luis Amérigo) y de la otra concejala no adscrita antes en el PP, Ángeles Carrillo.
De esta forma, el Pleno ha aprobado por siete votos a favor y cinco en contra (los del alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos- y los cuatro del PP) la propuesta de Cayuela, quien ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades “patrimoniales”.
Minutos después de conocerse este nuevo retraso, Greenpeace ha solicitado al TSJA que se deduzca testimonio y dé traslado a Fiscalía para investigar a los miembros de la corporación por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia. También ha reiterado una petición que lleva años formulando: que sean los jueces quienes ejecuten directamente, a la vista de que el Ayuntamiento siempre tropieza, queriendo o sin querer, con algún obstáculo.
También Salvemos Mojácar, la organización que logró en 2006 la paralización de la obra, ha anunciado que presentará “hoy mismo” una querella por prevaricación contra quienes han votado a favor o se han abstenido para posponer el Pleno, y ha pedido al PSOE que expulse a sus ediles en el municipio.
Los ecologistas llevan años denunciando las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, sus alcaldes y concejales, hasta el punto de pedir el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También lo ha denunciado la Junta de Andalucía, y los propios tribunales han advertido a los sucesivos alcaldes por multas por retrasarse en esta sentencia y en la que obliga a clasificar el paraje como no urbanizable (firme desde 2021 y dada por cumplida el pasado febrero), sin llegar nunca a imponer sanciones. En marzo de 2025 dieron un mes de plazo al alcalde para ejecutar su sentencia, bajo advertencia de denunciarlo si no a Fiscalía.
Falta de “información esencial”
El expediente para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) de julio de 2021, firme desde diciembre de 2022, lleva tramitándose casi año y medio. El Ayuntamiento lo abrió a la fuerza en marzo de 2025, tras iniciarse un procedimiento de ejecución judicial por la falta de ejecución voluntaria. Desde entonces, se han acumulado retrasos y errores que han llevado a los magistrados con advertir de que impondrían multas a los responsables municipales si no se cumplía su sentencia. La pasada semana el Gobierno central se personó en este procedimiento de ejecución, al entender que guarda conexión con la expropiación de la parcela que impulsa desde el año pasado.
Tras la lectura del informe de la secretaria, favorable a votar la nulidad de la licencia, ha tomado la palabra José Luis Amérigo, portavoz del PSOE, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023, y sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde cuando se concedió la licencia. Amérigo ha insistido en que no se opone a cumplir las resoluciones, pero ha asegurado que no podía votar a favor porque el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Amérigo echa en falta estimación económica, informe de intervención e informe jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.
Ha sido Felipe Cayuela (no adscrito) quien ha pedido que “el expediente quede sobre la mesa” “hasta una próxima sesión”, una vez que los concejales tengan varios informes: uno económico-financiero sobre los riesgos patrimoniales; otro jurídico sobre las posibles responsabilidades de otras administraciones públicas que contribuyeron al impulso del edificio legal; y otro informe técnico para evaluar las posibles consecuencias urbanísticas de anular la licencia. El objetivo del aplazamiento sería, ha dicho, que la Corporación disponga de “toda la información necesaria” para valorar las consecuencias para el Ayuntamiento y los vecinos antes de votar una resolución definitiva.
La propuesta que debían votar contempla posibles responsabilidades económicas. Según Cayuela, el Ayuntamiento ni siquiera tiene medios para entrar a un estudio en detalle de estas cuestiones. A su salida del Pleno, ha resaltado que Carboneras no puede votar a favor de dar un “cheque en blanco”.
Sólo Lorenzo González Belmonte, concejal de Urbanismo (PP) ha defendido votar a favor de la nulidad de la licencia “por obligación y responsabilidad”, como “acto debido” obligado por la sentencia y el dictamen del Consultivo. González Belmonte ha cargado las culpas de El Algarrobico sobre el PSOE, que gobernaba la Junta y el municipio cuando se otorgó la licencia. “El grupo popular de Carboneras no se está posicionando a favor o en contra de El Algarrobico, sino siendo responsable y dando cumplimiento a la sentencia”.
La revisión de oficio de la licencia, que era el acuerdo propuesto inicialmente a Pleno, contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, y había quedado fijada para un Pleno extraordinario este miércoles, que tenía esa cuestión como único punto del orden del día. La propuesta de resolución que finalmente no se ha votado declaraba el “vicio de nulidad” del acto administrativo que concedió la licencia de obras al Hotel Azata del Sol.
El acuerdo que se iba a votar también recogía un punto relativo a la “obligación de indemnizar” a la promotora que obtuvo la licencia, señalando que era “necesario deducir a posteriori” un procedimiento específico para “evaluar económicamente las cantidades que eventualmente pudieran derivarse”, asegurando que en este momento el Ayuntamiento no puede asumir ese estudio.
El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía para convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.