El expresidente de la Diputación y un alcalde cierran el desfile judicial de cargos del PP de Almería por presuntas mordidas
El desfile ante un juez de empresarios y altos cargos del PP en Almería, investigados por el presunto trasiego de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos (de suministro de mascarillas y obras), encara sus dos últimas jornadas con el colofón final el viernes, cuando está prevista la comparecencia de Javier Aureliano García, presidente del PP almeriense y de la Diputación hasta hace apenas ocho meses, detenido en noviembre y ahora investigado. Junto a él declararán dos de sus hermanos.
La UCO cree que García fue uno de los beneficiarios finales de una trama de sobornos que descendían desde un puñado de pequeñas empresas corruptoras hasta empapar a todos los escalafones de la Diputación Provincial de Almería, feudo histórico de poder del PP en Andalucía. Hay 43 investigados, entre ellos, el expresidente, dos de sus hermanos, dos vicepresidentes, dos alcaldes (de Fines y de Tíjola, ambos del PP), técnicos de Diputación y empresarios, además de un puñado de presuntos testaferros. Es el primer Caso Mascarillas, destapado en 2021, y luego derivado a una corrupción “clásica” de mordidas en contratos de obra.
Los informes aportados hasta ahora por la UCO al juzgado de instrucción 1 han documentado la presunta trama corrupta aprovechando la intervención de teléfonos y el volcado de miles de mensajes. Los investigados se animaban entre ellos cuando daban un palo (“tu polla no deja de maquinar”) y acuñaron un vocabulario muy gráfico para referirse a sobornos y mordidas: “Tengo las muelas picadas por tu culpa... he pedido cita para ir al dentista”; “¿Has encontrado ya la pieza que te tiene que implantar el dentista”; “sácame cita”, se decían en mitad de conversaciones sobre contratos públicos el presidente García y los vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los agentes ven referencias en clave al cobro de mordidas por la adjudicación de decenas de contratos de obra en emoticonos dentales y en referencias a empastes, encías y sarro, que se sucedieron durante años.
La UCO llegó a los contratos de obra tras descubrir en un chat encriptado un boyante negocio de venta de mascarillas, guantes de nitrilo y trajes desechables a la Diputación de Almería, que dio origen a la primera fase de la investigación, detonada en junio de 2021 con el registro de la Diputación y la detención de Liria.
El juez cree que en abril de 2020 Giménez, Liria y García se concertaron para adjudicar la provisión urgente de ese material proveniente de China a una empresa intermediaria de un primo de Liria por valor de 2.036.000 euros. El sobrecoste fue de 945.000 euros, de los que Liria repartió entre 200.000 y 400.000. Los tres cargos políticos del PP iban a una. “¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo”, le escribía en aquellos días García a Liria en el grupo “Naranjito”. “Esto no se nos puede escapar”, decía Giménez. “Esto es salvar nuestra vida”, resumía Liria.
Del “caso cero”, el de las mascarillas, la Guardia Civil fue tirando del hilo que le llevó hasta la obra pública.
El manejo de efectivo del expresidente
La Guardia Civil ha provisto también de los indicios que demostrarían que García movió luego una gran cantidad de dinero en efectivo. En los meses siguientes, ingresó en cajeros de Roquetas de Mar y El Ejido 19.750 euros con los que luego pagó las cuotas hipotecarias de un inmueble. Además, entregó otros 20.000 por una parcela en Rodalquilar, y adquirió de sus hermanos el 100% de una finca familiar, todo a tocateja. También viajó a todo tren a Ibiza y a Madrid con Liria, pagándolo en metálico. La UCO cree que estos pagos le servían para blanquear las mordidas.
En su primera declaración ante el instructor García aseguró que el origen de este capital estaba en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano.
En paralelo, el juez le ha abierto otra investigación en pieza separada después de que la Guardia Civil documentara un viaje a Madrid sufragado con dinero público de él y su jefa de gabinete para un asunto privado de ella. El entonces presidente de la Diputación lo imputó a una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias que nunca tuvo lugar.
El alcalde de Tíjola y sus empresas de obras
Antes que García, este jueves declarará ante el juez José Juan Martínez, otro de los cargos políticos investigados, y su mujer. Martínez es dueño de Inversiones y Promociones Tágilis y de Constíjola, dos de las beneficiarias de las adjudicaciones de contratos bajo sospecha, y es también alcalde de Tíjola, desde 2019 hasta 2023 con Ciudadanos y desde entonces con el PP. Martínez sigue siendo diputado en la Diputación de Almería por el PP y Delegado Especial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos.
Las dos empresas que tiene con su mujer obtuvieron de la Diputación una quincena de contratos para obras (cementerios, parques infantiles, una piscina) en pequeños municipios en el año 2020, por un total de 428.000 euros. La UCO no tiene los “pormenores” de cómo se tramitaron esos expedientes, pero sí un listado confeccionado antes de que se iniciaran los expedientes, en el que se asume indirectamente que las obras que aparecen tendrían como adjudicatarias finales a las dos empresas de Martínez y su mujer.
En su día, Martínez aseguró a este medio que sus contratos con administraciones públicas tenían escaso peso en su negocio de construcción, del que decía vivir a pesar de ser alcalde. “Hay obras que me llevo, y la inmensa mayoría no. Pero si tengo la oferta más ventajosa me lo tienen que dar”, explicó, subrayando que, aunque ganara algunos contratos, perdía otros. Los investigadores creen que eso formaba parte del teatro. En aquella conversación, en febrero de 2022, también admitió que tenía muy buen trato con Liria. “Lo conozco desde hace tiempo y le tengo aprecio”.
Conexiones posibles con el caso Halsa y con obras mayores
Como contó este medio entonces, Tagilis firmó un contrato con la Diputación para realizar las obras de “acondicionamiento y adaptación” del pabellón de Carboneras, un descomunal edificio en el pueblo de El Algarrobico que ha consumido ingentes cantidades de dinero público, a cambio de 330.578,51 euros. Lo hizo en 2018, antes del periodo investigado. Por entonces, Liria ya era diputado de Fomento, pero por su cuantía la obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno de la Diputación y ha quedado fuera de la investigación, que se sepa.
La aparente fluidez con el que el sistema operaba en abril de 2020 (fecha del primer contrato investigado, el de las mascarillas) alimenta la sospecha de que podría extenderse a otras contrataciones previas, como esta. Fuentes del caso explican que las empresas ganadoras de contratos menores se alzaban también con otras adjudicaciones mayores.
También hay una posible conexión con el caso Hispano Almería, un caso de presunto amaño de concursos públicos en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Níjar y la Diputación, y financiación ilegal del PP almeriense. En este tiempo, el PP de Almería, la Diputación y Roquetas estaban dirigidos con puño de hierro por Gabriel Amat, siempre sospechoso de corrupción, nunca acusado ni mucho menos condenado. En esos años, el segundo de Amat en la Diputación y en el PP era Javier Aureliano García.
El caso Hispano Almería, supuesta clave de bóveda de la corrupción del PP almeriense, se archivó en enero de 2026, porque tras doce años de investigación el juez no veía los indicios de delito que sí que apreció en su día la UDEF. Pero hay en el sumario del Caso Mascarillas una conversación en 2019 entre Javier Aureliano y Óscar Liria en la que se alude a adjudicaciones a “Hispano” y señalan: “Por orden de Gabriel”. Con base en este nuevo hecho, el PSOE pidió en abril la reapertura del caso Hispano Almería. La Audiencia Provincial aún no ha resuelto.
Adjudicaciones a empresas del vicepresidente y del alcalde de Fines
Hasta ahora, las declaraciones que han ido prestando los investigados no han aclarado gran cosa, porque se han acogido a su derecho a no declarar o, todo lo más, han defendido la legalidad de las contrataciones. Fuentes del caso creen que la estrategia tiene una explicación sencilla: la Guardia Civil aún no ha terminado de volcar el contenido de todas las escuchas y dispositivos incautados en las diferentes fases de la operación, y tiene sentido que los investigados prefieran esperar que eso ocurra antes de hablar.
En el material incorporado hasta ahora a la causa, la UCO describe un modus operandi muy engrasado en el que al menos decena de empresas de construcción lograron de la Diputación Provincial adjudicaciones fraudulentas de contratos menores de obra en pequeños pueblos con la participación decisiva de Óscar Liria (exvicepresidente y exdelegado de Fomento, el área que decide y ejecuta obras en municipios) y de Clemente González (jefe de sección), ambos investigados.
Liria sería copropietario a través de un testaferro de la empresa más beneficiada con estos contratos, Pulconal, S.L., que él y sus tres socios (entre ellos, su primo Killian López) habían adquirido apenas unos meses después de su nombramiento como vicepresidente de Diputación. “Todo esto a partir de septiembre es para nosotros”, se decían entre ellos cuando comentaban noticias sobre obra pública en Almería. “El sistema es el siguiente: diputación nos invitará a entrar en el concurso, nosotros mediante el pliego de condiciones (proyecto) le proponemos un plan de ejecución y un precio (siguiendo directrices de mi primo)”, explicaba López a otro de los socios meses después.
Otra de las empresas beneficiadas, OYC, estaba controlada a través de testaferros por Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, municipio de origen de Liria. OYC logró al menos 1.126.000 euros con la adjudicación de 17 contratos menores por parte del departamento dirigido por Liria.