El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.
En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.
Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.
La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.
Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.
Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.
En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.
Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.
La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.
De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.
De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.
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