“Hemos sufrido una incautación ilegal. Apague y deseche físicamente su dispositivo de inmediato”. Este fue el mensaje que miles de móviles utilizados por el crimen organizado en media Europa recibieron el 12 de junio de 2020. Se lo enviaba Encrochat, el sistema encriptado que habían contratado sus usuarios y cuyo servidor acababa de ser penetrado por la Gendarmería francesa. Entre la madeja interminable de conversaciones que allí se escondían había una de dos meses antes en la que un empresario español pedía ayuda a un colaborador. “Tengo que pagar una comisión en efectivo”, le decía.
Las autoridades francesas fueron poniendo en conocimiento de otros países el valioso material incautado. La Fiscalía Antidroga española reclamó formalmente la información que pudiera afectar a sus investigaciones y los datos se repartieron entre investigaciones en curso de la Policía y la Guardia Civil o permitieron abrir otras nuevas. Encrochat había sido utilizado por pequeños y grandes delincuentes. Todos se habían sentido a salvo con aquel teléfono encriptado. A la Policía Judicial de la Guardia Civil en Barcelona llegó una conversación que resultaría clave en unas pesquisas sobre tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales.
Todos los usuarios de Encrochat –aplicación de seguridad a la que luego seguirían otras– tenían un alias. En esta ocasión, Gustavo G. G., de nacionalidad española, se hacía llamar Owldonut. El 6 de abril de 2020, en pleno confinamiento, recibió un mensaje de un individuo llamado Kilian López, un empresario catalán cuya familia es de Almería. “Es posible que cierre una operación con una empresa mía y tendré que sacar 200.000 en efectivo. ¿Podrías presentarme a esa persona de la que hablamos que blanqueaba a través de préstamos? Yo le haría el préstamo desde mi empresa y él me lo daría en efectivo con ese margen (…) Tengo que pagar una comisión en efectivo”.
A los guardias civiles no se les pasó por alto el comentario. No parecía que tuviera que ver con su caso de tráfico de armas y drogas. Así que lo pusieron en conocimiento de sus compañeros de Anticorrupción que comenzaron a indagar en el perfil de Kilian López. El empresario procede de una familia que hizo fortuna con el mármol y entre sus amigos había un político, Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, en manos del PP, como casi todo el poder de la provincia.
Los 200.000 euros a los que aludía López, cree la Guardia Civil, eran una parte de la comisión de 945.297,24 euros que se repartieron el empresario, su amigo y otras personas con poder en la provincia. Corresponde al 47,27% de los 2,06 millones de euros de dinero público que salieron de las arcas de la Diputación de Almería para medio millón de mascarillas, otro tanto de guantes y 15.570 monos de protección.
La información procedente de Encrochat se convertiría en una causa por corrupción en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. El pasado 5 de mayo, cinco años después, la Guardia Civil entregó al juez un atestado que culmina una de sus líneas de investigación. Óscar Liria, el amigo del empresario, fue detenido en 2021 en una primera fase de la operación en la que se incautaron numerosos dispositivos, estos ya sin encriptar, cuyo análisis ha permitido dar un salto en las pesquisas.
En el atestado de la UCO, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla cómo los números dos y tres de la Diputación, junto a Kilian López, hincharon el precio del material sanitario en fechas en que los españoles morían a miles por la pandemia de la COVID-19. Fernando Giménez, vicepresidente de la Diputación, no fue detenido hasta el pasado martes en el marco de una pieza secreta del caso de las mascarillas que apunta a nuevos amaños en adjudicaciones de contratos públicos. Junto a él también fue arrestado el líder del poderoso PP almeriense, Javier Aureliano García, y dos hermanos de este, empresarios, son formalmente investigados.
Dos días después de la primera alusión a las “comisiones”. El empresario Kilian López empieza a allanar el camino de los investigadores. El 28 de abril comenta a su interlocutor: “Estos meses he ganado bastante dinero con ellos metiendo material sanitario. Las comisiones que se llevan son altas. Pero tienen presupuestos altos para destinar”.
Su interlocutor, Gustavo G. G, le pregunta por la comisión que cobrarían esos políticos, a lo que Kilian López responde: “Un 10% del total facturado”. “Ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo a los precios de las mascarillas que no veas”, confiesa López. Y concluye: “Ahora yo tengo el problema para darles el dinero. De sacarlo de las empresas. Yo no genero efectivo. Por eso te dije que me tendrías que echar una mano con eso”.
Fin de la impunidad
El principio del fin de Encrochat se sitúa en 2017. En las investigaciones por narcotráfico en Francia aparecían de modo recurrente alusiones a una forma segura de comunicarse entre los filiados. Las autoridades del país vecino descubrieron que la empresa tenía los servidores en Francia y que más del 90% de los usuarios en su país participaban en actividades delictivas. “Crearon un malware e infectaron el servidor de la empresa, fabricando otro a modo de espejo donde eran derivados todos sus datos”, explicaba un mando policial a elDiario.es.
Pese a que la operación de la Gendarmería francesa estuvo dirigida por un juez de Lille, la incautación de un servidor de comunicaciones, una actuación novedosa, abría un mar de dudas sobre la intromisión en derechos fundamentales. Los abogados de narcotraficantes han puesto sus esperanzas en la justicia europea. El pasado octubre, el Tribunal Supremo avaló la utilización de mensajes de Encrochat en una investigación por narcotráfico y confirmó las condenas a ocho personas.
La primera fase de la operación sobre el amaño en los contratos de mascarillas, realizada en 2021, permitió a la Guardia Civil de incautarse de material que sirvió para seguir tirando del hilo y llegar a otras adjudicaciones fraudulentas con dinero de la Diputación de Almería. El ya expresidente de la Diputación de Almería pasó a disposición junto al resto de detenidos el martes. Todos quedaron en libertad con cargos por malversación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. La operación afecta ya a decenas de personas y empresas de la región.