Una persona dependiente es todo aquel individuo que tiene una carencia o pérdida de autonomía intelectual, física o sensorial causada por diversos motivos como la edad, enfermedad o discapacidad y necesita ayuda para la realización de las acciones básicas diarias: asearse, vestirse, comer, hacer la compra, pagar facturas, etc, así como la autonomía necesaria para la toma de decisiones.
De los 3 millones y medio de dependientes en España, más de 700.000 personas en esta situación residen en Andalucía. Ser dependiente implica una respuesta inmediata y de calidad por parte del estado de bienestar.
Para ofrecer una solución que proporcione dignidad a estas personas, se otorgan diferentes servicios: ayudas económicas, técnicos profesionales sociosanitarios, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar, apoyo a los cuidadores familiares a través de la ley de dependencia, etc. Estas ayudas son valoradas mediante un baremo realizado por los trabajadores sociales.
Una vez concedida la ley de dependencia, existe una revisión periódica para poder ajustar las ayudas y servicios a las necesidades cambiantes de cada persona.
La valoración tiene en cuenta los informes existentes relativos a la salud de la persona y el entorno en que se desenvuelve. Esto viene indicado en el código deontológico del trabajador social, es decir, el conjunto de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Sin embargo, en la actualidad, el tiempo medio de tramitación para valorar un expediente de grado de dependencia en Andalucía es de 544 días (2 años), la segunda comunidad más alta tras Canarias con 977 días. La normativa establece que el plazo máximo para resolverlo sea de 180 días.
La burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no han permitido lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario
Más de un 30% de los solicitantes fallece o empeora su situación de dependencia antes de recibir una simple ayuda que les permita tener una vida digna. Las cifras del informe del XXIII dictamen del Observatorio Nacional de la Dependencia elaborado en 2022 son demoledoras. Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 9.266 personas en lista de espera, sin ser atendidas. En 2023, 35.558 aún seguían esperando ser atendidos. Además, Andalucía rebajó 51,6 millones de euros su aportación para atención a la dependencia durante 2022. El propio resumen del dictamen determina tras su análisis cómo la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no han permitido lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario.
Durante el proceso de valoración de la dependencia, la salud psicofísica de los familiares de los posibles dependientes también se ve afectada ya que recae sobre ellos la responsabilidad del cuidado. Además, en esos dos años muchos dependientes que no disponen de un soporte familiar, ven cambiada significativamente su situación por diversas causas: soledad, carencia educativa, herencias conductuales tóxicas, pobreza de cualquier tipo o las carencias propias de la dificultad ambiental, que restan calidad de vida y potencian aún más su situación de dependencia, pasando a vivir en condiciones de riesgo de exclusión social o quedando excluidos directamente.
Las personas dependientes en riesgo de exclusión social o totalmente excluidas están expuestas, además, al impacto externo del hambre, robos, agresiones o disputas que desembocan en algunos casos en hábitos tóxicos, depresión, o desconfianza, ya que se sienten desplazados y no sostenidos por el contexto social.
Cada día, en mi trabajo, observo cómo muchas personas dependientes, o sus familiares, no tienen la suficiente especialización para el cuidado y la toma de decisiones necesarias en situaciones de dependencia puesto que no se les ha enseñado y guiado a ello, alterando la constancia en su cuidado psicofísico: regulación de ingreso en residencias, gestión económica, alimenticia, cura de heridas, toma de medicamentos, gestión emocional, etc.
Queda en manos de la calidad ética y moral de cada profesional la decisión de hasta dónde se inmiscuyen en la cobertura de las necesidades reales de los individuos a los que atienden
Como cuando se desvaloriza cualquier apreciación: >, o >. Qué importante es saber acompañar cualquier tipo de vulnerabilidad.
Ante estas circunstancias, de nada sirve el código deontológico de los trabajadores sociales que dejan a los dependientes superados por sus circunstancias, o en otras ocasiones promulgan pautas de actuación y seguimiento sometidas a actos paternalistas, algo totalmente fuera de lugar.
Como el caso que viví con un usuario sin residencia que gastaba el total de su prestación económica para vivir en un hostal mientras que, por otro lado, no tenía cobertura por parte de un trabajador social para agilizar la revisión de su grado de dependencia, debido a sus carencias psicosociales generadas a raíz de aquello que lo había llevado a ser considerado como dependiente. >, y con ello dejaron de lado la solicitud de dependiente sin vivienda.
En Andalucía, debido a la falta de presupuesto, la cobertura de los servicios sociales se ve mermada porque no hay suficientes trabajadores sociales, educadores sociales, ni puestos profesionales específicos para cubrir las necesidades anteriormente expuestas de los casos en dependencia y riesgo de exclusión social, a diferencia de otras comunidades autónomas en las que esos puestos sí están cubiertos. Ante esta situación, queda en manos de la calidad ética y moral de cada profesional la decisión de hasta dónde se inmiscuyen en la cobertura de las necesidades reales de los individuos a los que atienden. Es por tanto un sistema que no proporciona un servicio social de calidad.
Existen varias problemáticas en Andalucía. Hay muchos individuos dependientes en riesgo de exclusión social que deben ser acompañados en todo momento, en puntos críticos de su proceso de dignificación, puesto que su vida corre peligro y no son conscientes de ello. Quizá muchos no logren cambiar nunca conductas y hábitos tóxicos de su vida expuesta a la supervivencia.
La adecuación del hábitat debe someterse a las necesidades de la población y no al contrario. Al sistema político-social andaluz aún le falta mucho cuidado social
Otra de las dificultades es que la mayoría de los servicios públicos los gestionan empresas privadas: comedores sociales, ayuda a domicilio, residencias, transporte sanitario, etc, que deberían gestionarse únicamente por los servicios sociales con el respaldo estatal (lo público no se toca) y no depender de los juicios de valor sobre quién debe ser atendido y cómo, “a usted sí pero a usted no”, por aquellos que solo buscan lucrarse, ya que es ir en contra de la igualdad, la solidaridad, y el respeto por la sociedad.
Por otra parte, podemos hablar sobre el poco cuidado al profesional sociosanitario, que no está incluido en la espina dorsal sanitaria, ya que no dispone de acceso a un profesional psicológico público para ayudarle a sostener la carga psicológica y emocional del día a día con los dependientes, así como su propia vida.
Finalmente, otro de los factores agravantes es la intermitencia o falta de constancia del material sanitario funcional sobrante entre dependientes, en un mundo donde no todos pueden costear económicamente estas ayudas.
En los centros sanitarios se encuentran los enfermeros de enlace, que junto con asociaciones sensibilizadas con esta situación suelen encargarse de esto, pero sus pautas de actuación se ven mermadas por la falta de presupuesto.
El digno desarrollo de la vida cotidiana es un pilar vital del estado de bienestar.
La adecuación del hábitat debe someterse a las necesidades de la población y no al contrario. Al sistema político-social andaluz aún le falta mucho cuidado social.
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