Las comunidades energéticas avanzan en Andalucía a la espera de la regulación estatal para los ayuntamientos
Imagine que pueda producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de forma colectiva. Se trata de una fórmula que ya existe: las comunidades energéticas y en la que España avanza con la presencia de 837 durante el año pasado. Un ámbito que Andalucía impulsa cada vez más, pero para la que hay serias trabas legales y administrativas que están a la espera de la aprobación de un real decreto ley específico que aporte un marco jurídico estable y que dé a los ayuntamientos mayores competencias.
Esta fue una de las claves analizadas durante la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía que este miércoles tuvo lugar en Sevilla. Una cita en la que la región tiene mucho que aportar, ya que, como comentó Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación durante la inauguración, se ha superado para este año las expectativas en cuanto a la generación de energía con instalaciones colectivas, con 68 megavatios (MW) de potencia y 1.776 instalaciones.
“Las energías limpias no son solo la fórmula para la transición energética sino una gran palanca de industrialización en Andalucía”, pasando de 2023 a 2026 a ser “la primera comunidad en potencia renovable instalada”, aportando el 25% en el país y el 37% en este último trimestre. “Sin Andalucía no hay transición energética a nivel nacional”, destacando que de los 20 MV generados, 14 de ellos proceden de la fotovoltaica. Además, un 11,5% procedente del autoconsumo gracias a las 213.000 instalaciones que hay repartidas por el territorio.
“Andalucía tiene una hoja de ruta”
Pero, ¿qué ocurre con las comunidades energéticas? Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas y Electrificación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señala que “el claro avance es en el número total de comunidades energéticas, 837, que la hemos visto en tres años”.
Además, las ayudas económicas fueron un punto de inflexión para las entidades, pese a que “no haya un marco normativo muy estructurado, si bien están definidas en el sector energético”. El informe anual de ECODES hace referencia a la participación de los ayuntamientos, donde destaca Canarias, aunque Andalucía no se queda atrás: “La transición energética se hace escuchando al territorio y con las corporaciones y ciudadanía y pymes”.
Acerca de la “democratización de la energía”, destaca que la comunidad autónoma ha hecho un “acompañamiento esencial”, tanto para difundir este ecosistema y colaborar con las empresas instaladoras, por ejemplo. “Está visibilizando muy bien a estas comunidades, no solo instaladores, sino empresas de software, empresas de la gestión de la gobernanza para ver cómo participan las personas”. Así, “Andalucía ha hecho una hoja de ruta muy importante y está uniendo todas las piezas para una mejor gestión”.
Frente a ello, quedan dudas por despejar, como se analizó en la mesa de debate ¿Cómo se están desarrollando las comunidades energéticas en España? ¿Está funcionando el marco normativo y estratégico?, que moderó el director de elDiario.es / Andalucía, Javier Ramajo, y contó con la presencia del subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Energética, Jesús Ferrero, así como por el representante del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Joaquín Villar, la directora del ICAEN, Ana Camp, la abogada Carlota Pallejà y el socio de Samso, Joan Herrera.
“Un proyecto no puede esperar un año a conectarse”
“Hay muchas iniciativas, pero la mayoría están en un estado inicial”, indicó Villar, representante de la Agencia Andaluza de la Energía, “hay en Málaga, Huelva, Sevilla, y hay ocho oficinas de transformación comunitaria que apoyan esa fase inicial, por lo que hay, junto al autoconsumo colectivo, una capacidad real de crear esta red”. Al respecto, añadió que hay 14 convenios firmados y 34 manifestaciones de interés para avanzar en estas comunidades, al igual que han creado un formulario para identificar el número exacto y, así, crear un catálogo y posterior mapa interactivo en el que dar esta información a la ciudadanía. Un proyecto con diversas patas, como los derechos y obligaciones que asumen, la cooperación internacional o la innovación, según los estándares europeos.
Sin embargo, “persiste la inseguridad” en el marco jurídico que aún no dota de suficiente autonomía a las corporaciones locales cuando “las comunidades energéticas impulsadas por los ayuntamientos avanzan de una forma más rápida”. A ello, habría que añadir el obstáculo en financiación, “una barrera importantísima”, de ahí que las ayudas autonómicas sigan siendo indispensables para animar a los hogares y a las empresas a invertir en este tipo de instalación energética. “Hemos mejorado mucho, pero un proyecto no puede estar esperando un año para que se conecte”, como ocurrió con Torreblanca Ilumina, “por lo que será muy importante que el real decreto aporte todas esas cuestiones, que dé seguridad jurídica y aclare derechos y obligaciones”, añadió con respecto a la disposición europea.
A su lado, el ponente del MITECO prefirió no avanzar fechas, aunque se insistiera. Con la oportunidad de tener a este interlocutor de calado, el experto Joan Herrera pidió una “actitud exigente” a los distintos actores, para presionar y garantizar la aprobación, desarrollo y aplicación efectiva de la norma, haciendo hincapié en el reparto de enriquecimiento energético. “Hay que garantizar accesos a los datos de los contadores, más cuando el Datadis da tantos fallos; también, ser legítimos en vulnerabilidad energética, ya que las comercializadoras de último recurso [aquellas compañías autorizadas por el Gobierno para operar en el mercado, como Iberdrola o Endesa] no dan la oportunidad en ciertos proyectos; y que la mayoría de los beneficios repercutan en el territorio”.
“Almacenamiento distribuido y compartido”
En esta línea, Herrera pidió un registro “abierto y voluntario” de las comunidades junto a un eslabón fundamental: un “almacenamiento distribuido y compartido”, que sigue siendo uno de los grandes retos del país después de sucesos sobrevenidos como el gran apagón que afectó a gran parte del territorio peninsular el año pasado. Un tema sensible y que despierta gran interés: “Si esto no aparece, el almacenamiento pasará a estar en manos de grandes inversiones en vez de en manos de la ciudadanía, pymes o entes locales”.
Además, propuso “abrir el melón” sobre la participación de las propias comunidades energéticos como “un activo de generación”, dotándoles de un mayor reconocimiento y siendo parte esencial en el mercado de la energía frente a las grandes compañías. Una cuestión para la que la normativa tendrá que hilar fino dado que, entre otras claves, los ayuntamientos obtendrán un papel fundamental en su desarrollo, que Herrera llevó más allá: “Más que acompañamiento, deben ser impulsores, ayuntamientos, cabildos o diputaciones” para desarrollar todo el potencial y saltar del campo a la zona urbana.
Acercar conocimientos, coordinar y ofrecer posibilidades a la población fue una de las grandes premisas, como defendió la abogada especialista en la materia, Carlota Pallejà, que subrayó que el reto del próximo año está en “conseguir que el ciudadano pueda acceder a unas reglas previsibles y unos procedimientos concretos, ya que el éxito modelo radica en que la regulación no paralice la capacidad de participación en el sector energético”. Más en casos como en Sevilla, donde la pobreza energética, que no vulnerable, está centrada en solventar los problemas términos, como sucede con la escasa adecuación de los hogares a las altas temperaturas. “Eso significa aprovechar la oportunidad de electrificación”, añadió Herrera.
Unos planes en los que avanza la legislación, pero, mientras, ¿cómo se solucionan los problemas del día a día? Andalucía cuenta, como ocurre en la administración catalana, con una Mesa de Autoconsumo dentro de la Agencia Andaluza de la Energía para intermediar y “desatascar” algunos proyectos, aunque “jugar con los tiempos es difícil porque juegas con las expectativas de las personas, y no es posible esperar un año para que se conecte una instalación”. De esta forma, como indicó Ana Camp, la labor de la administración pública “sería la de facilitador, que no stopper, para tener este ecosistema bien organizado” y ampliar su proyeccción, ya sea bien hacia las redes de frío y calor, en el sector rural con biomasa, o las plantas de biogás y los motores de cogeneración “para darle energía durante 24 horas a las comunidades”. “El fondo social para el clima tiene una oportunidad muy grande”, determinó.