En nombre de la explotación, vota vocación

Quizás no te has dado cuenta, pero estamos en elecciones. Y como ciudadana ejemplar y bien integrada, me he leído todos los programas para no sorprenderme, una vez más, con la casi inexistencia de propuestas sobre racismo o xenofobia.

Como es un tema que no le importa a nadie (a vista de la poca respuesta en el debate de la primera semana en estas cuestiones), no vamos a hablar hoy de esto ni de quienes piensan que el problema del racismo es hacia “lo andaluz”. Pero lo mismo que este tema parece querer pasar desapercibido, pasa con mi sector laboral: el Tercer Sector.

Llámese tercer, llámese social, llámese explotable vocación. Porque las condiciones económicas en las que nos vemos obligadas muchas trabajadoras a desarrollar nuestra labor son insostenibles.

Fíjate, mis compañeras de EAM-Málaga han tenido que convocar huelga en varias ocasiones debido al trato institucional. Estamos hablando del Equipo de Atención a la Mujer de Málaga, un organismo social especializado y acreditado ante la red de Centros, Entidades y Servicios Sociales de la Comunidad de Andalucía, con actuación en el marco provincial de Málaga. Este organismo se ha encontrado en repetidas ocasiones con lo que consideran faltas de respeto y maltrato derivado de sus condiciones laborales, señalando al Ayuntamiento de Málaga en este caso. ¿Quién cuida a quién cuida?

Lo vemos también en la huelga de los trabajadores de Cruz Roja de Valencia el pasado noviembre. ¿Qué denunciaban? Una “falta de voluntad evidente” por parte de una dirección que prefiere el enroque antes que dignificar los salarios. ¿Cómo se cambia el mundo cuando, de puertas para adentro, se permite que sus propias plantillas pierdan poder adquisitivo de forma sangrante?

¿Algo más? Pues sí: un recorte del 60% de los fondos de cooperación al desarrollo, desmantelando décadas de solidaridad internacional y sensibilización local. Con toda la crítica, pertinentemente válida y necesaria, que pueda hacerse a la cooperación, esta no es la solución.

En un contexto de recortes presupuestarios del erario público en política social, no solo se privatiza, sino que se compite por quién cuesta menos

Se esperan sacrificios sin equipos ni medios, pero con resultados excelentes. Este sector obedece a lo ocurrido en sanidad: se actúa mediante parches, tan cuestionables como recomendar a profesionales sanitarios conservar material caducado para reutilizarlo en el Hospital Comarcal de la Axarquía.

Podría seguir: la incapacitada económicamente Ley de Dependencia, la situación de las intérpretes de Lengua de Signos en los centros educativos, el personal técnico de integración social (PTIS), la alta ratio de usuarios por trabajadora social, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo todo esto, ¿te sorprende la asfixia de las pocas entidades que están gestionando la regularización extraordinaria?

Porque, una vez más, las instituciones lo han vuelto a hacer. Lo cual, sumado a la falta de colaboración de grandes entidades, nos deja a personas sometidas a la indigna situación de dormir en un cartón para hacer cola y conseguir un certificado de vulnerabilidad. Porque ser invisible para la administración por no estar administrativamente regular no es una situación de vulnerabilidad, ¿correcto?

En un contexto de recortes presupuestarios del erario público en política social, no solo se privatiza, sino que se compite por quién cuesta menos. La empresa que ofrece menos dinero lo que está ofreciendo realmente es: menos personal, peores condiciones laborales, menos recursos y, sobre todo, menos seguridad. Rotaciones con contratos temporales a media jornada para atender a personas. Porque las instituciones saben que el Tercer Sector trabaja con personas, ¿verdad?

Que no se financie el sector social es algo que celebraremos cuando signifique que las condiciones que vulneran la dignidad y el derecho de las personas han desaparecido. Mientras tanto, cada recorte es una punzada de violencia que aumenta la tensión y el malestar social, hasta que la cuerda se rompa y no haya programa ni debate electoral que lo arregle.