Sanidad 100% pública y bienestar social

En la actualidad existen signos evidentes de que, por desgracia, estamos viviendo una nueva etapa histórica mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa decide políticamente, ante una destrucción masiva de parte de su territorio y de sus infraestructuras, para evitar catástrofes humanitarias, asegurar a toda la población lo que se denominó Estado del Bienestar. Las familias podrían no tener suficiente dinero para financiar sus propias necesidades pero el Estado les procuraría sanidad, educación y protección social, todo ello por parte del sector público; es decir, atenciones que se prestaban sin desembolso económico. El método para poder llevar a cabo dicha histórica prestación estatal estaba claro: impuestos de forma solidaria. Los que más tienen más colaboran. De esta forma se alivian las desigualdades sociales, que desde hace decenios está evidenciado científicamente que matan.

Europa se convirtió en un ejemplo de gestión pública para el mundo y España se integró en esta dinámica a partir de superar la dictadura franquista y alcanzar mejores niveles democráticos. A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, todas las personas, independientemente de sus posibilidades económicas, tenían asegurada la atención sanitaria, la educación a cualquier nivel, incluso la universitaria y, en cuanto a la protección social, debido a que la Ley de Dependencia se aprueba sin financiación, no se consiguieron niveles aceptables en su desarrollo.

Esta etapa de desarrollo social es la que está a punto de desaparecer. El motivo es muy evidente. El capitalismo (las personas e instituciones que trabajan a tope en alcanzar sus objetivos, que no son más que ganar cada vez más dinero, sin importar los millones de personas que se quedan al margen), que ahora se define como neoliberalismo, detecta que en ese campo del sector público, existen nichos de mercado muy atractivos. No se trata de sustituir a “lo público” sino de parasitar aquellas iniciativas que son comercialmente rentables. Por ejemplo, atender a las enfermedades “baratas” y “simples”, educar a los jóvenes más capacitados y no a los más complejos, etc.

Para conseguir estos objetivos son imprescindibles varias condiciones. Cuando el sector público funciona a plenitud de eficiencia es muy complicado convencer a la población de que necesita a la privada. Por lo tanto, lo primero que se necesita es deteriorar “lo público”. De ello se encargan los gobiernos que asumen el neoliberalismo. En sus programas políticos defienden “la colaboración público-privada”, que en la práctica significa un adelgazamiento de lo público y un predominio de lo privado en los aspectos que comercialmente sean rentables. Está dinámica está muy evidenciada ya en muchos países y desde hace muchas décadas. No hay dudas al respecto.

En Andalucía, la historia comienza a finales de la primera década de los años dos mil, estando en el gobierno andaluz el PSOE. Existía una crisis financiera de la banca europea y, para salvarla, la Unión Europea decide recortar financieramente el Estado del Bienestar: sanidad, educación y dependencia. Los efectos inmediatos fueron devastadores para la sanidad pública: miles de millones de euros menos, miles de profesionales sanitarios menos y todo comienza a desmantelarse, en un sistema sanitario público que había asombrado al mundo.

Cuando en 2015, el PP alcanza el gobierno andaluz, el deterioro de la sanidad pública les permite sus políticas privatizadoras y lo hacen de forma enérgica: las exploraciones complementarias más caras y sencillas, las intervenciones quirúrgicas más simples, etcétera, se derivan de forma masiva a entidades privadas. Las consecuencias son evidentes. La sanidad pública andaluza está desmantelada, sobre todo en Atención Primaria, que es el eje fundamental para su organización. De forma paralela, las entidades privadas están batiendo records de ganancias económicas, utilizando además a los médicos de la pública como mano de obra barata, ya que se permite trabajar en ambos sectores, en contra de nuestra opinión.

Por lo tanto, el reto está en RECUPERAR una “Sanidad 100% Pública”, tanto en financiación, gestión, provisión y mantenimientos sin “colaboración alguna con la privada”. Hay que acabar con las subcontrataciones que aumentan los gastos públicos y empeoran los resultados finales, porque las empresas privadas recortan en personal.

El sistema sanitario público que defendemos, de forma imprescindible, necesita tener las siguientes características: universal (atiende a todas personas), accesible (se atiende de forma inmediata), gratuita en el momento de la asistencia, solidaria (se financia con los impuestos por lo que la redistribución fiscal es vital: que aporten más quienes más tienen), equitativa (todas las personas reciben los mismo niveles de calidad en la asistencia), integral (no hay enfermedades caras), integrada (en niveles asistenciales progresivos), con programas de Salud Pública y Comunitaria (para promocionar la salud y no sólo combatir la enfermedad), con participación ciudadana real y efectiva (constitución de los Consejos de Salud en el seno de los Planes Locales de Salud de los Ayuntamientos) y de la máxima calidad en todos los sentidos.

Las movilizaciones sociales masivas, junto a las organizaciones que asuman estos planteamientos, son la herramienta para conseguir nuestros sueños. Ojalá los consigamos. Serán noticias muy buenas para la humanización de una sociedad cada vez más materialista e individualista, por seguir las consignas capitalistas.